León Bendesky

Transparencia

La política abarca un campo mucho más amplio que la gerencia. Los gobiernos deben, sin duda, administrar; esa es parte relevante de sus funciones pero no pueden perder de vista la visión del Estado. Esto no quiere decir, por supuesto, que lo que se hace en nombre del Estado sea por naturaleza bueno en un sentido ético, ni provechoso en el terreno de lo social. En México tenemos demasiadas evidencias de esta discrepancia, como también las hay de los límites gerenciales del gobierno que margina el vínculo con el quehacer estatal.

Isaiah Berlin nos ha recordado para nuestra fortuna, en La traición de la libertad, que una de las preguntas esenciales de la filosofía política se refiere a la cuestión de por qué debemos obedecer como parte de la vida en común dentro de una sociedad; es decir, de dónde proviene la autoridad y por qué la acatamos incluso a costa de ceder parte de nuestra propia libertad.

En un régimen democrático como el que decimos tener en México, la obediencia de las leyes y las normas debería sustentarse en el convencimiento del beneficio que acarrea, ya sea en el terreno personal o en el de la existencia en comunidad. Ese convencimiento se debilita de modo rápido y constante en la medida en que las referencias prácticas del compromiso social, contrato se ha llamado también, se hacen cada vez más débiles y, por lo tanto, menos comprensibles y útiles.

Una de las formas que se han promovido para acercar a quienes administran y ejercen de distintas maneras funciones de autoridad con los demás miembros de la sociedad y, por cierto, en cuya representación actúan, es la transparencia.

Dejar ver de manera nítida lo que se hace con los recursos públicos, exhibir cómo se actúa cuando se aplican las reglas acordadas o señalar y acusar a quien las infringe en el gobierno, y también en el sector privado (asunto que no debe esquivarse), debe asociarse con la rendición de cuentas, con lo que se puede reforzar la disposición de los individuos a aceptar obedecer por el bien privado y público. Es más, la otra cara de la moneda de la transparencia es, precisamente, la rendición de cuentas; sin ella es incompleta e inservible.

Es claro que establecer un sistema transparente involucra muchos pasos, es un asunto ciertamente complejo, no en el sentido de su dificultad, sino en el de las relaciones que entraña. Piénsese en el proceso que va desde la conformación del aparato que legisla, el que aplica las leyes existentes, el que procura la justicia, el que hace las tareas de administración de los recursos, y el que vigila y aplica las medidas pertinentes cuando se incumple. Es una cuestión de incentivos que en muchos casos son adversos y llevan a la omisión o la complicidad.

Por el lado del gobierno se ha enfrentado el asunto de la transparencia mediante la creación hace años de una entidad que ejerce las funciones de control de los actos y de los servidores públicos. Con los distintos nombres que ha tenido, su relevancia es muy poco notoria, pues tiene un vicio de origen: es juez y parte, pues conforma el mismo sistema del gobierno federal.

Hoy existe ya un instituto independiente de acceso a la información. Tener información es relevante, siempre y cuando se sepa y se pueda hacer algo con ella. Es más útil cuando el organismo encargado de acopiarla y proveerla al público puede en verdad hacerlo, aunque esto no fue así en uno de los casos más sobresalientes de falta de transparencia en toda una década, por la enorme cantidad de recursos involucrados y las responsabilidades incurridas: el Fobaproa-IPAB.

Las autoridades, los individuos y las empresas privadas comprometidas en este caso simplemente eludieron cualquier cosa que se acercara a la transparencia, mucho más todo lo que se aproxime a la rendición de cuentas. El rescate bancario practicado por el ex presidente Ernesto Zedillo se hizo a partir de una clara concepción del poder del Estado. Los resultados en la forma de la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias son claros y ahora definitivos.

La transparencia no puede imponerse por decreto en un sistema social y político cada vez más turbio y brumoso, donde el cálculo privado siempre está por encima de sus consecuencias colectivas. No basta con ostentar logotipos de transparencia y declararla forma de acción o hasta principio de fe; no es necesario crear más entidades burocráticas que reportan periódicamente lo que hacen sin repercusión efectiva en lo que ocurre todos los días.

Cuando cada individuo, cada grupo, cada interés busca sólo salirse con la suya, sea porque la impunidad se lo permite, sea porque no hay forma de hacer valer sus demandas; entonces se desgasta el acuerdo que hace legítimo obedecer para obtener los beneficios colectivos por los que valga la pena ceder parte de la libertad individual. Las consecuencias son ya muy visibles