El relevo fortalece la política de prevención del conflicto social: Aníbal Fernández

Culmina crisis en el gobierno argentino con el despido del ministro de Justicia

Confirman cese de jefe policiaco que objetó la orden de no enviar personal armado a una marcha

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 25 de julio. La primera crisis política en el gobierno del presidente Néstor Kirchner culminó con el despido del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Béliz, quien fue remplazado inmediatamente por Horacio Rissati, quien hasta ahora se desempeñó como procurador general del Tesoro.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo el domingo que el relevo del ministro de Justicia dispuesto por Kirchner fortalece la política preventiva y disuasiva del conflicto social que aplica el gobierno de Argentina.

"Un cambio de ministro, cuando parte hacia un nuevo proyecto que le da plusvalía para hacer algo mejor, lo fortalece", dijo Fernández a Radio América. El ministro adelantó que el gobierno se propone resolver el conflicto social con la determinación de "mejorar esa autoridad que el Estado tiene que tener, sin que haya muertos".

Fernández también confirmó que Kirchner decidió despedir al jefe de policía, Eduardo Prados, cuando el jueves pasado éste objetó la orden de que los agentes destinados al control de una manifestación no portaran armas de fuego.

Detrás de esta situación aparece dibujado el tema de la seguridad, tan fuertemente explotado por la ultraderecha y que se ha prestado para varias acciones conspirativas contra el gobierno, intentando además instalar leyes de penalidades duras, cercanas a las que diseñara la pasada dictadura militar.

A 14 meses de la llegada de Kirchner al gobierno, este tema tocó varios límites, pero la situación estalló el pasado 16 de julio, cuando grupos de infiltrados -según se denuncia- se dedicaron a destruir la sede de la Legislatura de esta ciudad, en una acción destinada evidentemente a golpear por dos partes: al gobierno que se niega a ordenar la represión y a los sectores de izquierda y desocupados, ajenos a las acciones violentas de provocadores infiltrados.

Kirchner elude desde hace tiempo la presión que por una parte ejercen la derecha y partidos centristas para reprimir la protesta social, y por la otra, la que ejercen grupos que evidentemente tienden a forzar esta misma situación, con otros fines.

También en este contexto se analiza que la remoción de las cúpulas policiales tanto en la provincia como en la federal, agilizaría el "gatillo fácil" si el gobierno diera una orden de reprimir, como una venganza por esa depuración.

Junto con Béliz fue desplazado el secretario de Seguridad Interior, Norberto Quantín, y en su lugar fue designado Alberto Iribarne.

Los sucesos del 16 de julio pasado actuaron como telón de fondo de la crisis, además pusieron en evidencia la falta de voluntad policial de actuar profesionalmente para controlar una acción desbordada en la que actuaron unas 50 personas.

Además, dirigentes políticos de izquierda denunciaron que algunos policías de civil parecían monitorear la situación desde lejos, lo que implicaría que fue una acción coordinada por esos sectores y grupos de choque que durante el menemismo cumplieron un papel similar.

La primera cabeza que rodó fue la del jefe de policía federal, Héctor Eduardo Prados, y ahora el gobierno deberá tomar una determinación, que lo llevará a analizar con la justicia si los detenidos que quedan por los graves incidentes fueron los verdaderos responsables o simplemente "chivos expiatorios".

El pasado 23 de julio Béliz denunció públicamente que esta acción iba a ser utilizada por "elementos mafiosos" que aún perduraban en la secretaría de Inteligencia del Estado (Side), la policía y el poder judicial, para lograr su salida del gobierno. Estas declaraciones alcanzaron a Kirchner en Venezuela provocando una crisis que no se podía eludir y que determinaron el alejamiento del ministro.

En 1993, Béliz se fue de su cargo en el primer gobierno de Carlos Menem (1989-1995) para no seguir compartiendo un espacio mafioso "parado enmedio de un nido de víboras". Ahora dijo que enfrentaba al "aparato más oscuro de Argentina" (la Side), que conduce un hombre cercano al presidente, Héctor Icazuriaga.

El ataque a la Legislatura tuvo una similitud con la forma como se realizaron algunos saqueos el 19 de diciembre de 2001, cuando la policía estuvo como espectadora sin intervenir, en lo que muchos analistas consideraron como "área liberada".

Entre tres y cuatro horas duró el ataque que dejó graves daños al histórico palacio por fuera y por dentro, sin que la policía interviniera, aduciendo que cumplía con la política del gobierno de no reprimir protestas sociales.

La derecha presiona para cambiar la política del gobierno y demanda la represión a la protesta social, a la vez que han fustigado los cambios en la Corte Suprema de Justicia y el ingreso de reconocidos juristas como Eugenio Zaffaroni y las dos primera mujeres en integrar esta institución en democracia Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, quien asumiría a fin de año.

El secretario del Partido Comunista (sección capital), Marcos Wolman, sostuvo al analizar los hechos del pasado 16 de julio -coincidiendo con otras organizaciones- que " se generó una situación provocada por un grupito muy pequeño que ya desde la mañana empezó a generar situaciones que nada tenían que ver con lo que mayoritariamente proponíamos quienes estábamos frente a la Legislatura".