Falta acuerdo político: ONG

La Femospp seguirá siendo una "instancia débil"

Sin un acuerdo político entre los tres poderes, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado seguirá siendo una instancia débil que difícilmente podrá revocar la decisión del juez César Flores Rodríguez, quien consideró que ya prescribieron los delitos cometidos por servidores públicos el 10 de junio de 1971, aseveraron Aurora de la Riva y Edgar Cortés, integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y de la Red Todos los Derechos para Todos.

Por separado, ambos consideraron que el presidente Vicente Fox no puede deslindarse de este asunto. Como representante del Ejecutivo, es responsable hasta que concluya, y por ello debe reforzar la actuación de la fiscalía especial.

Agregaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe atraer el caso y revocar el dictamen del juez Flores Rodríguez; en caso contrario, lo que "quedará a los familiares y organizaciones es recurrir a los tribunales internacionales".

Edgar Cortés, secretario técnico de la Red Todos los Derechos para Todos, dijo que este caso es una responsabilidad del Estado y por eso los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen que mediar y valorar la calidad del trabajo del juez Flores Rodríguez, ya que los casos de genocidio no prescriben.

Autora de la Riva, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, consideró grave que dentro de la PGR se diga que hay debilidades en el trabajo realizado. La situación revela que "no hay voluntad política ni jurídica del Estado para actuar contra los responsables por la matanza del 10 de junio de 1971 y se responde más a una actuación de tipo político-electoral".

MATILDE PEREZ U.