Martí Batres G.

Los mismos jueces de siempre

En el deslumbramiento por las brillantes decisiones que en algunos casos tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los años que van principalmente de 1996 a 2002, llegó a pensarse que el Poder Judicial se había transformado. Temas como Aguas Blancas, Banca Unión, asistencia privada, aborto, horario de verano, entre otros, atrajeron la atención de la opinión pública, reactivaron confianzas y generaron expectativas de transformación del Poder Judicial.

Sin embargo, la cotidianidad de las decisiones de los jueces federales no ha variado. Ahí no llegaron los aires frescos, los ánimos de reforma, ni los deseos de trascendencia. Los jueces federales son los mismos de antes, con las mismas inercias y el mismo sentido de las resoluciones. Son, esencialmente, los mismos jueces ligados a los intereses, los mismos jueces de consigna. Hay excepciones, seguro, y por eso brillan. Pero el cuerpo judicial, el amplio tejido de juzgadores conserva sus viejas características inalterables.

Estos jueces no se distinguen por la búsqueda de la verdad histórica y el deseo de justicia; no se distinguen por la superación de los formalismos y el reconocimiento cercano de las realidades; no se distinguen por desafiar a los grandes poderes económicos o a los influyentes litigantes; no se distinguen por la conciencia histórica de su tiempo y la voluntad de alcanzar resoluciones que trasciendan en el tiempo.

Por eso, en el Poder Judicial federal hay jueces que llegan a decidir indemnizar con mil 800 millones de pesos a un rufián, sin importar que dicha decisión encubra y proteja fraudes, redes de corrupción y saqueos monumentales del erario. Por eso en el caso del Paraje San Juan la justicia vino por fuera del Poder Judicial, por las investigaciones y descubrimientos que otros actores hicieron, sin la ayuda del Poder Judicial y a pesar del Poder Judicial.

Por eso el Poder Judicial ha sido una entelequia frente al atraco del siglo representado por el Fobaproa, pues en lugar de ser el espacio para otorgar la justicia que negaron gobierno y legisladores, ha sido instrumento para impedir auditorías ordenadas inclusive por ley.

Por eso subsisten y predominan los jueces que otorgan amparos a los dueños de giros negros para evitar su clausura, a los dueños de espectaculares para evitar su retiro, a las personas que ejercen la prostitución en la calzada de Tlalpan para impedir su traslado a otros lugares. Por eso, cuando se despide a un policía por actos de corrupción o extorsión, muy posiblemente encontrará la protección "de la justicia" para regresar a su empleo. Los jueces federales resuelven frecuentemente de acuerdo con los formalismos, con los intereses o la consigna del gobierno federal en turno, pocas veces de acuerdo con la justicia.

Sólo así se explica que un juez pueda ser tan creativo como para resolver que el jefe de Gobierno del Distrito Federal debe ser destituido y encarcelado por intentar construir una calle, mientras otro juez es absolutamente formalista para dejar, ya no digamos sin castigo, sino sin proceso a los que ordenaron y toleraron matanzas, desapariciones y torturas.

Los jueces que hoy obstaculizan la justicia que debe prevalecer para sancionar a quienes asesinaron gente inocente el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, esos jueces que hoy no encuentran elementos jurídicos para concretar el castigo a los culpables, son los mismos jueces que condenaron a gente como Heberto Castillo por decenas de delitos como invitación a la rebelión, asociación delictuosa, sedición, daño en propiedad ajena, ataques a las vías generales de comunicación, despojo, acopio de armas, homicidio, lesiones y atentados contra gente de la autoridad, y lo encarcelaron junto a decenas de académicos y estudiantes. Son los mismos jueces que sí encontraron argumentos jurídicos y sustento legal para encarcelar a José Revueltas, a Eli de Gortari, a Gilberto Rincón Gallardo, a Armando Castillejos, a Pablo Gómez, a Arturo Martínez Nateras, a Félix Godet, a Gilberto Guevara Niebla, a Raúl Alvarez Garín y otros más. Son los mismos jueces que condenaron a Valentín Campa y a Demetrio Vallejo, dos de los mejores mexicanos del siglo XX, a más de una década de prisión por hacer una huelga.

El gobierno de Vicente Fox ha utilizado de forma impúdica el tema de los masacrados y de los desaparecidos desde su campaña electoral. Usó la dolorosa memoria de esos hechos para obtener votos primero, y ahora para lograr sus reformas regresivas. Ese es su juego, y son sus intereses. Pero no se entiende por qué debían prestarse a ese juego los jueces de un Poder Judicial que a estas alturas de la historia se supone tendría que ser independiente. Sólo se explica por qué los jueces federales siguen siendo los mismos, y se acomodan para convertir en resolución la voluntad del gobierno federal en turno.

Es el mundo al revés, en el cual aquel que busca el bienestar común es condenado, y el que agravia y delinque es exonerado. Eso nos indica porque hay impunidad en este país, pues el de arriba comete injusticias monstruosas sin encontrar castigo alguno, y el de abajo observa en ello el ejemplo a seguir.

Este es acaso el mejor ejemplo de que nada ha cambiado y que el fondo y las formas, los personajes y sus decisiones, la injusticia y la mentira siguen siendo las mismas que privaban antes del año 2000.