Exhorto a los gobiernos federal, capitalino y del Edomex ante el conflicto agrario

Llama la ALDF a impulsar diálogo entre comuneros de Xalatlaco y el Ajusco

Propone destinar recursos para impulsar el desarrollo económico de esa zona

GABRIELA ROMERO SANCHEZ

La Asamblea Legislativa (ALDF) solicitó a los gobiernos federal, capitalino y del estado de México aportar recursos "para impulsar el desarrollo económico de las comunidades del Ajusco y de Xalatlaco", y contribuir al diálogo entre las partes en conflicto, sin tomar partido por ninguna, sino promover la legalidad, la paz y el entendimiento.

El punto de acuerdo, presentado por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Pablo Trejo, fue aprobado por unanimidad en la sesión de la diputación permanente.

En la exposición de motivos se recuerda que el conflicto entre las comunidades de San Miguel y Santo Tomás, en el Ajusco, y de Xalatlaco, estado de México, tiene origen agrario. "En México existen a la fecha más de 30 mil conflictos agrarios por límites territoriales; la mayoría tiene su origen en los reconocimientos reales que expidió en su tiempo la corona española".

Se subraya que los conflictos agrarios son asuntos delicados; "la historia del caso de Xalatlaco y otros muestra que ninguna de las partes aceptará de buena gana la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por tanto es de esperarse que prosiga un clima de enfrentamiento social y quizás de violencia".

Por ello, es necesario "buscar alternativas de desarrollo para la región, que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes y ayuden a reducir las tensiones que se derivan de este conflicto", propone la Asamblea Legislativa.

La sesión de la diputación permanente comenzó con retraso, e incluso en algunos momentos las curules lucían con sólo dos diputados. Este hecho generó que el PRD perdiera la votación por cinco en contra y cuatro favor, en un punto de acuerdo en el que se proponía exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el asunto presentado por el fiscal especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado en torno a los actos represivos contra manifestantes el 10 de junio de 1971.

Afuera del recinto legislativo de Donceles y Allende, más de 500 comerciantes ambulantes y payasos gritaban a los legisladores "huevones". Durante el plantón, que se prolongó por más de tres horas, los manifestantes exigieron a los diputados derogar el artículo 25 de la Ley de Cultura Cívica, la cual entrará en vigor el primero de agosto, en el que se establecen infracciones a quien impida o estorbe de cualquier forma el uso de la vía pública o la libertad de tránsito de las personas.

Por su parte, en reunión de trabajo de comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia, y de Transporte y Vialidad, el PRD aprobó reformas al Código Penal del DF, con las que se eliminan las sanciones de prisión a taxistas y microbuseros que estén involucrados en accidentes de tránsito con daños a terceros, lesiones o muertes.