La iniciativa del Ejecutivo constituye un riesgo para el país, afirman diputados

Aplazan en San Lázaro la discusión sobre la ley de seguridad nacional

PRI y PRD critican que la legislación se centre en el Cisen e ignore otras instancias

ENRIQUE MENDEZ

Luego de que diputados del PRI y del PRD sostuvieron que la ley de seguridad nacional tiene inconsistencias legales y constituye más un riesgo que un beneficio para el país, la comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aplazó la discusión del dictamen a la minuta del Senado y decretó un receso para reanudar su reunión plenaria a las 8 de la mañana de hoy.

Durante la reunión, la diputada del PRD Socorro Díaz Palacios planteó que debe hacerse una discusión de fondo en torno al texto para regular también las labores de inteligencia que realizan la PGR y las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública Federal, y no sólo las del Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional (Cisen).

Asimismo, como parte del debate que se ha generado sobre dicha ley, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el priísta Jorge Uscanga, consideró peligroso aprobar el dictamen porque ello abriría al Cisen las puertas para "meterse en la vida privada de las personas".

En entrevista, el legislador cuestionó que pretendan ampliar las facultades al Cisen para investigar a una persona sobre la que se considere que su trabajo o actividad es un problema de seguridad nacional. "Ello daría pie a que se indague y siga a periodistas, diputados, senadores o a cualquier persona, por lo que esta ley debe analizarse con mucho cuidado y limitar las causas que realmente sean de carácter nacional, porque no le podemos dar un cheque en blanco a los investigadores del Cisen."

Uscanga evaluó que, luego de que en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos no hubo quórum para discutir el dictamen y tampoco se avanzó en la de Gobernación con el tema, es posible que la iniciativa no pueda ser discutida en el pleno, aun cuando haya sido incluida en la agenda del periodo extraordinario de sesiones.

"Si se suspendió la reunión de la Comisión de Gobernación será muy difícil que se apruebe el dictamen del viernes, sobre todo porque algunos diputados están inconformes y no hay consenso. Debe dejarse para otro momento, porque si bien es válido preservar al Estado y que éste se cuide de personas que puedan atentar contra la seguridad nacional, es preferible tener cuidado, y no agrandar o crear un nuevo problema."

Mientras, durante el debate en la comisión de Gobernación, el diputado del PRD y ex ministro de la Suprema Corte Miguel Angel García Domínguez también cuestionó que en la iniciativa se pretenda ampliar a 30 años el periodo para mantener en secreto la información que se considere clasificada por cuestiones de seguridad nacional, sobre todo porque el limite vigente es de 12 años, y expresó el rechazo de su bancada para que se analice el proyecto en el periodo extraordinario.

La diputada Socorro Díaz también señaló que entre las inconsistencias de la iniciativa resalta que en el gabinete de seguridad nacional no se incluya, por ejemplo, al secretario de Comunicaciones y Transportes, pero sí al de Relaciones Exteriores, aun cuando a lo largo del documento no se plantea el establecimiento de una coordinación a nivel internacional.

También, dijo, se advierte que los funcionarios del Cisen que filtren información clasificada serán sancionados, pero curiosamente no se define qué tipo de penalidad se les debería aplicar. "Así que, es una iniciativa que no tiene dientes, ni ningún elemento para inhibir la filtración o publicación de información reservada", dijo.

La legisladora perredista también cuestionó que no hay ninguna razón de fondo para que el Senado tenga el control exclusivo de los temas de seguridad nacional, porque ello debe ser parte de una actividad bicamaral, en la que los diputados también tengan obligación y responsabilidad de vigilar a los órganos de inteligencia que son indispensables y deben ponerse al día.

Por su parte, el diputado priísta David Hernández expresó sus observaciones a diversos artículos de la ley y por la tarde entregó sus propuestas por escrito a la presidencia de la comisión.

Asimismo el grupo de especialistas en seguridad nacional de universidades públicas y ONG, que el miércoles entregó un análisis de la iniciativa, sugirió que en lugar del proyecto de ley, que en la práctica sólo busca regular las actividades del Cisen, el Congreso analice la posibilidad de emitir tres ordenamientos legales diferentes:

Una ley de seguridad nacional, que defina los conceptos básicos y el carácter de emergencia; una que regule todas las actividades de las labores de inteligencia que realicen varias dependencias gubernamentales además del Cisen, así como un reglamento de dicho centro que contenga muchas de las regulaciones que se proponen en el proyecto de seguridad nacional.

Opinión de expertos

La propuesta acota la libertad de expresión

La iniciativa de ley de seguridad nacional que será discutida en el periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, que hoy se inicia, ha despertado la inconformidad de grupos académicos y de especialistas por la inclusión, entre las amenazas a la seguridad nacional, de los "actos de violencia contra personas o bienes, que se realicen para conseguir un objetivo político o que pretendan influir en decisiones gubernamentales".

A decir de los expertos, la cláusula tercera del artículo quinto de dicha ley representa una involución del derecho de los ciudadanos a la organización y la libre manifestación de las ideas.

El proyecto ya fue aprobado por el Senado de la República el pasado 16 de abril. Contiene seis títulos y en su artículo quinto define las amenazas a la seguridad nacional. Los grupos de especialistas han señalado que en algunos casos, en realidad, se trata de cuestiones de seguridad pública.

Resaltan la necesidad de que la seguridad nacional sea entendida por su carácter de emergencia y se sustente en la incapacidad de las instituciones regulares para enfrentar una amenaza de ese tipo.

Es decir, abundan, si existe un problema que pueda ser resuelto por los organismos regulares de gobierno, éste no será un asunto de seguridad nacional.

El precepto en cuestión contiene 14 incisos; el segundo establece como amenaza a la seguridad nacional los actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación a cualquier persona o al Estado mexicano. De la misma manera, incluye los actos de violencia entre distintos grupos de la sociedad mexicana.

También están los actos tendientes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio.

Rechaza que se amplíe el tiempo de reserva de datos

El proyecto limita el acceso a la información oficial, dice el IFAI

JOSE GALAN

La iniciativa de ley de seguridad nacional enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, tal como está, constituye un retroceso en materia de acceso a la información gubernamental, concretamente la relativa a cuestiones de seguridad nacional, advirtió el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

En un estudio sobre la iniciativa, el IFAI encontró que la definición de seguridad nacional "resulta tan confusa y amplia que es posible incluir cualquier documento gubernamental en ella". Y subrayó que con la ampliación del plazo de reserva hasta por 30 años se limitan las garantías individuales previstas en el artículo sexto de la Constitución, es decir, el derecho de acceso de los ciudadanos a la información. "El IFAI considera que no debe ser aceptable ampliar esa limitación a dicha garantía constitucional", sostuvo en un comunicado.

Añadió que el problema ante una definición confusa de los términos "seguridad nacional" o "amenaza a la seguridad nacional" estriba en que casi cualquier información generada por las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal "podría caer fácilmente en dichos supuestos y permanecer (subrayado en el original) con carácter de reservada hasta por 30 años, lo que podría afectar significativamente el proyecto de apertura y transparencia".

Adicionalmente, el instituto consideró que con la regulación del acceso a la información gubernamental que pretende la iniciativa del Ejecutivo, "crecería significativamente" la discrecionalidad de las instancias federales de seguridad nacional para reservar información "sin necesidad de probar el daño por la publicidad de la información clasificada, a lo que sí les obliga hoy la Ley Federal de Transparencia".