Adelantan que denunciarán ante organismos mundiales irregularidades por la obra

Exigen ONG la liberación de opositores a la hidroeléctrica La Parota, en Guerrero

ROSA ROJAS

Con la detención "arbitraria" de los comuneros Marco Antonio Suástegui Muñoz y Francisco Hernández Valeriano, y la expedición de otras nueve órdenes de aprehensión en contra de opositores a la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, a unos kilómetros de Acapulco, Guerrero, queda clara la decisión del gobierno de Vicente Fox de imponer "por la ley del cartucho" los proyectos del Plan Puebla-Panamá, advirtieron Martín Velázquez y Ulises Chávez Flores, de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), y Rodolfo Chávez Galindo, del Frente por los Derechos Económicos, Socioculturales y Ambientales (FDESC).

Por su parte Lilia Moreno, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), indicó que con esas detenciones -realizadas por judiciales estatales este martes- se busca forzar a los campesinos a cambiar su eje de movilización: de la oposición a la presa a la liberación de sus compañeros.

Moreno, Velázquez y los Chávez aseveraron -en rueda de prensa- que este proyecto afectará a 25 mil campesinos de cinco municipios de Guerrero, pues quedarían inundadas 17 mil 300 hectáreas. Pero además, en la información parcial que han recibido, se menciona que serían desplazados de sus pueblos y se les pagaría una indemnización, pero no se habla de que se les repondrán sus tierras. Además no se tomó en cuenta que esa zona es de alta sismisidad, pues se encuentra a menos de un kilómetro de la placa de Cocos y cerca de la falla de San Andrés.

Informaron que desde el miércoles se puso en marcha una campaña nacional e internacional por la libertad de los detenidos, tanto con acciones urgentes promovidas por el PRODH y la AMAP, como mediante una carta promovida por la Red Internacional por el Derecho a la Alimentación (FIAN, por sus siglas en inglés). También están enviando la información al Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, al relator de Independencia de Jueces y Abogados del mismo organismo, así como al Programa Regional para América de Amnistía Internacional. Exigieron, a nombre de sus organizaciones, "que se detenga la represión contra los pobladores y comuneros que se mantienen en resistencia pacífica para evitar la construcción de la presa La Parota, en legítima defensa de sus derechos".

Los denunciantes continuaron: ''En el proceso de estudio para la realización de este proyecto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha violado los derechos de los campesinos, en tanto que no ha proporcionado información veraz, objetiva y oportuna del proyecto hidroélectrico La Parota; no ha realizado una consulta directa y adecuada, y no se ha permitido que todos los que serán afectados participen en el diseño de las políticas públicas que les atañen".

En general, indicaron, "con la detención arbitraria y la falta de información veraz y oportuna, se han violado sus derechos civiles y políticos; de construirse la presa, se consumarán las violaciones a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; particularmente serán afectados en sus derechos a la tierra y recursos naturales, a la propiedad, la vivienda, el trabajo, la alimentación, la salud y el medio ambiente".

Subrayaron que los pobladores del municipio de Acapulco, donde se pretende construir la presa, han manifestado a los funcionarios de la CFE y a las autoridades estatales su inconformidad, porque serán inundadas alrededor de 17 mil 300 hectáreas donde se ubican 22 poblados que cultivan maíz, sandía, limón, mango, ajonjolí, jamaica y coco, principalmente.

Además, las acciones de la CFE en favor de la construcción de la presa han causado "grandes perjuicios a las comunidades, creando tensión, ya que con información parcial y sin el aval de todos los que serán afectados, tienen maquinaria dentro de la zona en la que proyectan construir la presa y pretenden introducir más maquinaria. Ante esta situación, los pobladores realizan desde hace un año plantones en sus comunidades''.

Detallaron que los campesinos integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades contra la Presa La Parota (CECOP) llevan ya un año con sus movilizaciones de resistencia mediante plantones en cuatro puntos de entrada a la región donde la CFE pretende construir la presa, para evitar la entrada de maquinaria. Pero además promovieron ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sendos recursos contra la hidroeléctrica.

Indicaron que además de la detención de los comuneros de La Parota, Suástegui Muñoz y Hernández Valeriano -el primero obligado a subir al vehículo en que se lo llevaron, el segundo detenido en su lugar de trabajo por personas que lo amagaron con armas de fuego y maltrataron a su nieto de 13 años que lo acompañaba-, el mismo día 27 fueron detenidos los comuneros de Garrapatas, Pedro Valente Jacinto, Francisco Flores Francisco y Ubaldo Flores Francisco. A los dos primeros se les acusa de privación ilegal de la libertad a Jaime Gutiérrez Tejada, ingeniero de CFE; se le fijó a Suástegui una fianza de 200 mil pesos, con los que no cuenta. A los tres restantes -que estaban recolectando leña para uso familiar y fueron acusados de cortar árboles- se les fijó una multa de 7 mil pesos y ya fueron liberados.