Negocian particulares casi 20 por ciento de los secuestros en el país

La desconfianza en procuradurías, filón para empresas negociadoras de rescates

Cinco firmas se dedican a negociar con plagiarios Operan casi en la clandestinidad

JESUS ARANDA

La desconfianza en las procuradurías federal y estatales en casos de secuestro ha generado una especie de mercado negro en el que compañías aseguradoras, despachos de abogados y "especialistas en temas de seguridad" nacionales y extranjeros han encontrado un fructífero filón, al dedicarse a la negociación para el rescate de personas plagiadas.

Ante la ausencia de un marco legal que regule la actividad, estos negocios actúan en la impunidad y con el único afán de lucrar, ya que obtienen un porcentaje de entre 10 y 20 por ciento del rescate pagado. En cambio, cuando procuradurías -como la del Distrito Federal y la del estado de México- intervienen en la negociación en casos de secuestro, los familiares de las víctimas no sólo reciben asesoría gratuita y profesional de las dependencias, sino que, además, llegan a pagar a los plagiarios de 4 a 12 por ciento del rescate solicitado inicialmente.

Pese a que ninguna empresa garantiza contar con personal especializado, no les interesa reducir el monto del rescate porque en ello va también la ganancia y actúan con reglas que imponen a las familias de las víctimas, según funcionarios de la procuraduría capitalina y de la general de la República. Se calcula extraoficialmente que casi 20 por ciento de los secuestros que ocurren en el país son negociados por particulares.

Seis empresas

Hasta la fecha, ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni sus iguales de los estados conocen el número exacto de empresas dedicadas a negociar con secuestradores.

La PGR ha iniciado una averiguación relacionada con dos empresas extranjeras -Kroll e International Risk- y una nacional -de nombre desconocido- para establecer si violaron la ley cuando tomaron parte en negociaciones con secuestradores. Se sabe que al menos seis compañías, todas extranjeras, desarrollan este tipo de actividades en México.

El marco legal vigente no prohíbe la mediación, incluso se permite con fines de lucro, lo que se persigue penalmente es el hecho de que la empresa mediadora oculte información a las autoridades competentes sobre el secuestro en cuyo intento de solución participaron, así como presionar a las familias de las víctimas para que no denuncien.

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada levantó un acta circunstanciada para establecer si alguna empresa mediadora ha incurrido en algún ilícito; funcionarios consultados aceptaron que hay la certeza que "la gran mayoría de las veces", lo primero que exigen los asesores a los familiares de las víctimas es que no denuncien o no colaboren con la autoridad.

Esta actitud oficialmente es calificada de irresponsable, porque pone en riesgo la vida de la víctima. Sin embargo, esta certeza no garantiza que se emprenda acción legal contra las empresas mediadoras o de ex policías que han encontrado en la negociación de secuestros su modo de vida.

A su vez, el fiscal general de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Víctor Manuel Torres Moreno, señala en entrevista con La Jornada que sabe de la existencia de cinco empresas dedicadas a esta actividad, de las cuales tres son extranjeras y dos nacionales, aunque todas actúan sin someterse al escrutinio de ninguna autoridad y prácticamente de manera clandestina, ya que las procuradurías tienen conocimiento de su existencia sólo después de que un secuestro presenta problemas, o bien cuando una banda es detenida y resulta que negoció con particulares.

La excepción que confirma la regla es la procuraduría de Sinaloa, cuyo titular, Oscar Fidel González Mendívil, afirma que no existe una sola empresa de este tipo en la entidad, ante el éxito obtenido por la Unidad Especializada Antisecuestros, que ha disminuido a su mínima expresión este ilícito, amén de que los empresarios del estado confían más en la corporación que en particulares en caso de plagio.

Por otra parte, el caso más dramático que ejemplifica la participación de negociadores particulares es el del asesinato de los hermanos Sebastián y Vicente Gutiérrez Moreno, quienes fueron secuestrados en el Distrito Federal y sus cuerpos hallados en el municipio mexiquense de Los Reyes La Paz. La familia optó -según fuentes oficiales- por los servicios de una empresa extranjera, la cual difícilmente responderá ante alguna autoridad por su participación en los hechos.

El caso más reciente es el de la doctora Carmen Gutiérrez de Velasco, cuyos familiares contrataron la intermediación de la empresa colombiana Cios, según la procuraduría capitalina y la PGR, además de que esta última ha emprendido una investigación a esta empresa, de la cual no se ha dado a conocer su nombre.

Fomentan la impunidad

Jesús Jiménez Granados, fiscal antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), no tiene empacho en cuestionar a los negociadores privados. Asegura que éstos fomentan la impunidad y favorecen el crecimiento del ilícito. Reclama a la ciudadanía que tenga confianza en las autoridades y confirma que tanto en el Distrito Federal como en el estado de México se tiene un porcentaje cercano a 70 por ciento de los secuestros resueltos. "Es falsa la idea de que hay alta impunidad en este tipo de delitos", asevera.

En el caso de las empresas negociadoras, insiste, "si alguien cree que solucionó su problema porque pagó unos pesos, yo diría que es al contrario, que engendró otro para varios".

Jiménez Granados comenta en entrevista cuál es el principal obstáculo en la persecución de este delito: "me siento como un boxeador que sube al cuadrilátero con las manos amarradas, por la falta de denuncia, por falta de confianza, y en esto el único que gana es el delincuente".

Indica que no hay número preciso de empresas negociadoras; ninguna se registra como tal, aunque existen aseguradoras que prestan ese servicio.

Menciona que empresas de seguridad ocultan oficialmente ese "servicio", que se ofrece en núcleos empresariales, clubes y, en general, entre personas de alto nivel socioeconómico.

La desventaja, asevera, es que no hay denuncia ni registro: las pruebas inmediatas, las más valiosas en materia de investigación, tendrán más fuerza y más posibilidad de explotarse que las que vayan surgiendo posteriormente. Además de que dificulta la creación de bancos de datos y voces de los secuestradores, el análisis del modus operandi de las bandas y otros aspectos fundamentales al inicio de toda averiguación se pierden.

Por otra parte, enfatiza, esas empresas son nocivas para las procuradurías, porque inyectan recursos a los grupos delictivos, lo que les permite ampliar su horizonte delincuencial.

"Cuando es necesario pagar, porque las condiciones así lo van dando, porque la prioridad es la integridad de la víctima, hemos bajado los montos. Andamos en promedio de 4 o 5 por ciento del monto exigido, porque nos causa muchos problemas que las bandas se refaccionen, es decir, que adquieran tecnología, inmuebles, vehículos, equipo que les permitan efectuar su delito, además de que sus integrantes crezcan." (Cabe mencionar que cuando la esposa e hija del ex alcalde de Tultitlán Antonio Ríos Granados fueron liberadas con la mediación de la procuraduría mexiquense se pagó entre 10 y 12 por ciento del monto exigido inicialmente.)

-Las actividades de estas empresas, ¿afectan sólo a la familia o también a la sociedad?

-Los delincuentes cobran y van por otro secuestro: ninguna empresa de seguridad hace esfuerzos por lograr una detención, no es su papel.

El funcionario cuestiona no sólo la calidad profesional de estos negociantes, sino que además no existe la certeza de su efectividad. Jiménez Granados opina que existen elementos para actuar penalmente en contra de estos "negociadores", más que para buscar una regulación de esta actividad.

En términos generales, el procurador Macedo de la Concha ha dicho que si bien el asesoramiento es una actividad lícita, cuando se omite informar a la autoridad sobre un delito -concretamente, el secuestro-, y más aún, los particulares negocian, éstos incurren en responsabilidad penal que va desde el encubrimiento y puede llegar hasta la coparticipación.

Hasta la fecha, se tiene conocimiento únicamente de un acta circunstanciada que levantó la PGR contra un despacho de abogados que negoció en un plagio, pero lagunas legales existentes hacen previsible que se complique la intención de juzgar a negociadores por posibles ilícitos.

Sin embargo, el fiscal de Asuntos Especiales mexiquense, Víctor Manuel Torres Moreno, afirma que más que imponer penalidades a ese tipo de empresas, "debería ser que cuando liberen a la víctima, las empresas entreguen toda la información a la autoridad, es decir, ésta debiera ser pública, porque si no tenemos información a la hora de consignar a los secuestradores se debilitan los procesos penales contra los culpables".

Actualmente no hay obligación legal ni siquiera para que las empresas entreguen las cintas grabadas de los secuestradores y, por supuesto, tampoco existe una legislación expresa que regule estas compañías, ni a las nacionales ni a las extranjeras.