También solicita declaraciones por escrito de Creel Miranda y Macedo de la Concha

Pide López Obrador que testifiquen Fox Quesada y Durazo Montaño

Ello formaría parte de las diligencias en el juicio de desafuero, dice a la sección instructora

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la sección instructora de la Cámara de Diputados que, como parte de las diligencias en el juicio de desafuero en su contra, solicite la comparecencia de Alfonso Durazo Montaño, ex secretario particular del presidente Vicente Fox Quesada, así como la declaración por escrito del mismo jefe del Ejecutivo federal, del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, y del procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha.

Esto, para demostrar que la acusación en su contra es un acto autoritario cuyo único propósito es quitarle sus derechos políticos con miras a las elecciones de 2006 y atajar el proyecto alternativo de nación que está impulsando, "ante el rotundo fracaso del modelo neoliberal".

En un escrito que entregó ayer a la sección instructora, junto con las pruebas para su defensa, el mandatario capitalino advierte que "quienes me acusan tratan de justificar un acto autoritario recurriendo a un discurso de aparente devoción por el estado de derecho. Pero esto -advierte- es pura hipocresía".

Antes de enviar el documento y las pruebas a los legisladores, en su conferencia de prensa matutina, donde estuvo acompañado por la consejera jurídica y de servicios legales, María Esthela Ríos González, y su asesor jurídico, Alvaro Arceo Corcuera, López Obrador consideró vergonzoso que un gobierno que supuestamente llega enarbolando la bandera del cambio actúe de manera autoritaria. Se trata, recordó, del primer gobierno de alternancia después de 70 años, y una de sus acciones es tratar de hacer a un lado a un adversario.

En el caso del PRI, reiteró que no buscará ninguna negociación con sus legisladores, porque "ellos tienen que actuar de acuerdo a su conciencia y responsabilidad", pero dijo tener conocimiento de que la fracción priísta tiene preparada ya una "jugarreta", una vez que la Cámara de Diputados se constituya en jurado de procedencia, para avalar su desafuero y "procurar a sus dirigentes lavarse la cara".

Reiteró que buscará en esta etapa del proceso, una vez que se desahoguen las pruebas ofrecidas y cada una de las partes elabore sus alegatos, la oportunidad de hacer uso de la palabra ante el pleno de la Cámara, previo a que los diputados voten. Ríos González se encargó de llevar las pruebas a la Cámara de Diputados, alrededor de las 9 de la mañana, mientras el jefe de gobierno se preparaba para asistir a un acto público en la delegación Milpa Alta, donde inauguró la ampliación del área de urgencias del hospital general en la demarcación.

En resumen, explicó la consejera jurídica, más que perseguir un delito este es un caso de persecución política y eso es lo que está tratando de demostrar el jefe de Gobierno.

De las 52 pruebas que ofreció a la sección instructora, en el escrito que envió a los diputados López Obrador destaca las resoluciones de no ejercicio de la acción penal que tomó la misma Procuraduría General de la República en 2002 y 2003, en casos idénticos al suyo, de violación a una suspensión de amparo como presuntamente ocurrió en el predio El Encino por la obstrucción de un acceso que no existía durante la construcción de una vialidad.

"Como ustedes podrán comprobar -dice a los legisladores en su escrito- en todos los casos similares al mío la PGR ha resuelto el no ejercicio de la acción penal, argumentando que no existe en la ley una sanción exactamente igual aplicable al delito de violación a la suspensión de amparo y, de acuerdo con un principio general de derecho, no puede haber delito sin pena. Pero en mi caso casualmente inventaron el delito y acomodaron la pena, apoyados en una confusa jurisprudencia de 1997.''

Advierte que altos funcionarios públicos del gobierno federal están utilizando la ley y las instituciones como "instrumento de acoso" y descalificación política en su contra. Por ello es que pide a los legisladores que hagan comparecer a Durazo, quien al renunciar al cargo de secretario particular del presidente Fox argumentó que se pretendía decidir desde el gobierno quién podría ser el próximo presidente, y cita, de la carta de renuncia del ex funcionario: "En el tema de la sucesión presidencial el gobierno está actuando más bajo la lógica del viejo sistema que de la lógica de una etapa de transición. Ello explica muchas de las tensiones que conocemos en el país, que amenazan a veces con hacerlo estallar".

Es así, continúa López Obrador en su escrito, que considera indispensable la comparecencia de Durazo Montaño y "asimismo creo conveniente que el ciudadano Presidente de la República, el secretario de Gobernación y el procurador general de la República presenten un testimonio por escrito, contestando el interrogatorio que les formulo y anexo".

El mandatario capitalino concluye recordando a los legisladores que el espíritu de la declaración de procedencia fue establecida precisamente con el fin de evitar que prosperaran acusaciones fundadas sólo en la animadversión política.