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México D.F. Viernes 6 de agosto de 2004

Los senadores de la coalición política de facto que detenta el Poder Legislativo convirtieron ayer en norma una modificación a la Ley del Seguro Social que tendrá consecuencias graves para el IMSS, para la estabilidad política de México y para el bienestar de la mayoría de la población. A primera vista, el candado legal a las transferencias de aportaciones obrero-patronales al fondo de jubilaciones del instituto y la prohibición de que el Estado asuma la carga de las pensiones, podrían parecer medidas meramente técnicas de saneamiento financiero a largo plazo.

En realidad, la votación realizada en las primeras horas de ayer fue, en cambio, una declaración de guerra del grupo gobernante contra el sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social, en particular, y contra el conjunto de los organizaciones gremiales en general; una provocación orientada a generar un conflicto laboral en la dependencia; una medida de deslindes internos al interior del Partido Revolucionario Institucional y, si ha de darse crédito a lo expresado recientemente por Eduardo Sojo, "el primer paso" de un proceso de liquidación de las instancias de bienestar social que aún subsisten en la administración pública.

Quienes siguieron el debate previo a la votación en el Senado de la República pudieron darse cuenta de que a los partidarios de la reforma legal lo que menos les interesaba era la salud financiera del IMSS. De hecho, horas antes de esa sesión, el sindicato presentó una propuesta que habría permitido un ahorro mucho mayor que el argumentado para aprobar la modificación. Pero, a contrapelo de los propósitos conciliadores y del supuesto espíritu de diálogo de gobernantes y legisladores panistas y priístas, la iniciativa sindical ni siquiera fue considerada, porque el problema financiero del instituto -un problema real, como lo reconoce todo el mundo- no forma parte de las preocupaciones del foxismo y sus aliados.

Soluciones a las cargas insostenibles que representa el régimen de pensiones y jubilaciones habrían podido encontrarse, si hubiese habido la mínima voluntad política, en las negociaciones con el sindicato, en el recorte de la insultante y desmesurada nómina de empleados de confianza introducida desde 2000 en la institución o, en última instancia, en el diseño y aplicación de medidas de un rescate gubernamental -esto es, la conversión de los pasivos del IMSS en parte de la deuda pública- similar al que aplicó el gobierno de Ernesto Zedillo para los banqueros privados y cuyos costos se empeña en pagar, contra viento, marea y sensatez política, el de Vicente Fox.

Pero en la modificación legal referida confluyeron, por una parte, el empeño de la administración actual en privatizar lo que queda de bienes y servicios públicos -previo cálculo, por lo que hace a la seguridad social, de las oportunidades de negocio que se abrirían si se generalizara el mercado de seguros médicos privados- y, por la otra, el jaloneo entre las facciones priístas que buscan, cada cual por su lado, establecer con Fox el tipo de tratos que el PRI ha hecho siempre con los antecesores del actual Presidente: obtener prebendas a cambio de sus servicios en materia de gobernabilidad. Con esa misma lógica los legisladores del tricolor se plegaron a los designios desmanteladores del Estado de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo, legislaron para trasladar los costos de la crisis de 1994-1995 a los bolsillos de los más desfavorecidos y se han avenido a legalizar el saqueo de recursos públicos que representan el Fobaproa y las secuelas del rescate bancario. Y, en el colmo de cinismo, alguno de ellos, ataviado con los más finos casimires, justificó la medida contra los trabajadores ostentándose como representante de los obreros del país.

Los panistas, por su parte, beneficiarios individuales y colectivos, políticos y monetarios, de las catástrofes económicas provocadas por la ineptitud y la corrupción de los tecnócratas priístas, aplican ahora con naturalidad, y sin inquietarse por las repercusiones políticas y sociales de sus actos, sus concepciones de siempre, hostiles a lo institucional y favorables a lo individual, y en las cuales las obligaciones del Estado en materia social deben ser remplazadas por la empresa privada o, cuando no hay horizontes de rentabilidad, por la caridad y la beneficencia particulares.

El procedimiento seguido para aprobar la reforma ha puesto al desnudo los usos y costumbres del Congreso, y la decisión de los legisladores de responder no a sus votantes o a sus compromisos de campaña sino a sus intereses partidarios más estrechos. De paso, ha aclarado una vieja duda surgida a raíz de la aprobación en 2001 de la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas. En aquel entonces, distintos analistas afirmaron que el resultado de la reforma desfavorable para los pueblos indios fue provocado por la ausencia de los zapatistas durante el proceso legislativo. Sin embargo, en esta ocasión el resultado final de las modificaciones a la Ley del IMSS fue absolutamente negativo para los trabajadores, a pesar de su disposición a negociar y su presión en las calles.

Como si no fuera suficiente la crispación social generada por la aprobación de la reforma antilaboral, la caballería mediática desatada contra los trabajadores del IMSS, por el simple hecho de defender sus derechos, ha provocado en amplias capas de la población un fuerte sentimiento de indignación. Vilipendiados, presentados como integrantes de un gremio intransigente y lleno de privilegios, diversos medios de comunicación han emprendido una verdadera campaña de satanización en su contra. Y, como si no fuera legítimo disentir, en una grave intromisión a las facultades de un poder distinto, el mismo Presidente de la República ha desautorizado a los legisladores que rechazaron, con pleno derecho, la reforma.

La apuesta política del foxismo y sus adherentes panistas y priístas consiste, en el momento actual, en obligar a los trabajadores del instituto a expresiones de protesta -marchas, paros, una huelga- que los conviertan, a ojos de la opinión pública, en los culpables de la crisis de la institución y en los responsables de un posible entorno de desestabilización y zozobra. La ciudadanía debe tener claro que los verdaderos promotores de la confrontación, la desestabilización y las secuelas de crisis institucional son los 82 senadores que en la madrugada de ayer aprobaron una reforma legal inconstitucional desde muchos puntos de vista, inservible para el IMSS y contraria a las aspiraciones de justicia social y bienestar de la mayoría de los mexicanos.