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México D.F. Viernes 6 de agosto de 2004
Luis Javier Garrido
El madruguete
El Senado se lanzó contra la Constitución General de la República al aprobar cambios a la legislación en materia de seguridad social que la contravienen gravemente, como días antes había hecho la Cámara de Diputados, y con esta decisión no ha hecho más que ahondar la crisis nacional.
1. La contrarreforma a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, enviada por Vicente Fox al Congreso y aprobada al vapor por la Cámara de Diputados en tres horas (30 de julio) y por el Senado en cinco horas (4-5 de agosto), esta última por 82 votos a favor (40 de los priístas elbistas y madracistas, 38 del PAN y cuatro del Verde) y 23 en contra (10 del PRI y 13 del PRD), no salvará a la institución de la crisis a la que la han llevado los tres últimos gobiernos, pero sí cancela derechos personales y colectivos de los trabajadores del IMSS y de su sindicato, y crea las condiciones para acelerar el desmantelamiento del instituto y del sistema estatal de seguridad social.
2. La nueva legislación elaborada por un despacho de la Coparmex es abiertamente anticonstitucional y violatoria del contrato colectivo de trabajo, ya que el nuevo artículo 277 D da al consejo técnico la prerrogativa de contratar plazas con un nuevo régimen de jubilaciones y pensiones y el 286 K prohíbe que las cuotas del gobierno, de los patrones y de los trabajadores se destinen a jubilaciones y pensiones, lo que obliga a los trabajadores a pagar sus propias pensiones, desrresponsabilizándose a patrones y gobierno.
3. El gobierno que prometió "la modernización" quiere de tal suerte ahondar las modificaciones al marco legal existente, que durante décadas tuvo el consenso del gobierno, de los empresarios y de los sindicatos, para suprimir los derechos laborales fundamentales y someter a los trabajadores a un régimen parecido al del siglo XIX, que dio origen a la Revolución Mexicana.
4. El Poder Legislativo no asumió sus responsabilidades sobre la seguridad social de los mexicanos y actuó a espaldas y en contra el pueblo, pues si se trataba de resolver "la crisis financiera del IMSS", como se dijo, su obligación era abordar el problema de conjunto y no avalar la seudotesis foxista de que era necesario cancelar un derecho a los trabajadores. Hacerlo los hubiera llevado, sin embargo, a discutir las políticas antinacionales de los gobiernos de Salinas, de Zedillo y de Fox, los gobernantes neoliberales que deliberadamente han buscado llevar a la quiebra al IMSS como a otras entidades estatales y paraestatales. Diputados y senadores, lejos de esto, aceptaron como dóciles rebaños avalar los acuerdos de Fox con Salinas para desmantelar el sistema estatal de seguridad social y en un periodo convocado expresamente para ello en unas cuantas horas, sin tener que reflexionar sobre el tema, aprobaron cambios aberrantes que la Suprema Corte de Justicia tendrá que echar abajo, exhibiendo la irresponsabilidad dolosa de los legisladores.
5. La mayoría de los senadores, como había sido el caso de los diputados, votaron por disciplina de facción, y asumiéndose representantes no del pueblo o de los estados, sino de un grupo de interés político o económico. Pero votaron también, y sabiéndolo, en contra de la Constitución de 1917 y de la historia de luchas del pueblo, y en favor de la instauración plena en México de la dogmática neoliberal, que es la negación de cualquier orden jurídico. El priísta Genaro Borrego, quien como director del IMSS en los años finales de Salinas contribuyera a desmantelar la institución, confesaba en En Contraste, de Canal 2 (5 de agosto), que él, como otros miembros del PRI, pensaban que esos cambios podrían ser anticonstitucionales y no obstante los habían votado, lo que demuestra que los neoliberales del PRI y del PAN coinciden en que tienen un mismo desprecio por el orden legal del país.
6. La tentativa de contrarreforma de Fox al sistema de seguridad social evidencia por enésima ocasión que México no tiene un régimen democrático. Un gobierno como el foxista, que busca cancelar derechos fundamentales del pueblo sólo por sometimiento a los grandes intereses trasnacionales, no puede llamarse democrático. Un Congreso en el cual las reformas legales se tienen que hacer con una Cámara de Senadores protegida por un operativo policiaco militar del Estado y en la que los legisladores para poder acceder al recinto deben hacerlo entrando y saliendo por la puerta trasera y bajo el resguardo de la PFP, no es democrático.
7. Un régimen como el que existe ahora en México, en el cual el titular del Poder Ejecutivo actúa impunemente, lo mismo como personero de organismos financieros internacionales para imponer sus políticas en detrimento de los derechos del pueblo, que como un gran coyote al servicio de las multinacionales que lo ayudaron a llegar a la silla presidencial, a fin de entregarles recursos estratégicos de la Nación, no puede ni debe ser llamado "democrático".
8. Y eso es lo que deberían entender todos aquellos locutores de radio y televisión que, sintiéndose voceros del poder, han condenado en las últimas horas las movilizaciones de los trabajadores del IMSS en defensa de sus derechos constitucionales y su cerco del día 4 a la casona de Xicoténcatl: que cuando un gobierno no es democrático y violenta el orden jurídico existente, el pueblo tiene el legítimo derecho a la desobediencia civil, como han sostenido a lo largo de la historia Thomas Paine, Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi y los campesinos indígenas zapatistas de Chiapas. Un derecho que precede a otro que es también inalienable: el derecho a la revolución, implícito en el artículo 39 de nuestra carta constitucional.
9. Thoreau preconizó a mediados del siglo XIX en su célebre ensayo Civil Disobedience, que los estadunidenses deberían rechazar el pago de impuestos al gobierno de Washington, ya que los utilizaba para hacer "una guerra injusta": la guerra contra México. En el curso de las décadas estas tesis han terminado por ser parte de la historia de los pueblos latinoamericanos, y ahora más que nunca. El neoliberalismo no puede ser entendido sino como la guerra del gran capital contra los pueblos, y por eso en nuestro continente se recurre cada vez más a la resistencia civil.
10. El Congreso mexicano, al someterse a los arreglos entre Fox y Salinas, y aprobar estos cambios legales anticonstitucionales, actuó irresponsablemente contra la Constitución, contra la historia, contra el pueblo trabajador y contra todos los mexicanos, pero también contra sí mismo. Y ahora toca a la Suprema Corte enmendar este grave error histórico, decisión que de llegar no podrá ya regresar credibilidad alguna a quienes votaron así.
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