Horacio Labastida

El IMSS y la contrarrevolución

Igual que el artículo 27 constitucional, el 123 de nuestra ley suprema son y fueron dos concepciones estelares del movimiento iniciado por Madero en los finales de 1910, porque connotan instituciones avanzadas en el nuevo Estado que supliría el que modeló Porfirio Díaz en el periodo que va de 1877 a 1911.

La rebelión tuxtepecana, que encabezó el héroe del 2 de abril, izó desde el principio una bandera mentirosa y perversa, la no relección, a fin de justificar ante un pueblo desconcertado el ataque armado a Sebastián Lerdo de Tejada, sucesor de Benito Juárez en 1872, y la persecución al presidente de la Suprema Corte, José María Iglesias, quien intentara asumir la Presidencia de la República en el papel de vicepresidente. Una vez que este ministro abandonó el país y con base en las elecciones convocadas por Juan N. Méndez en su carácter de encargado interino del Ejecutivo, Díaz, el 2 de abril de 1877, abrió las sesiones del Congreso e inició el gobierno que a base de relecciones y vergonzantes reformas del Código Fundamental, erigiría un Estado asentado en tres recios basamentos: a) la dictadura inapelable del hombre selecto y fuerte, encubierto en el principio de orden y progreso, b) la entrega de la economía a las inversiones extranjeras, sobre todo en las áreas industrial y financiera, c) la monopolización en una elite de hacendados, incluidos estadunidenses en el norte del país, de la tierra y la conversión de los campesinos en siervos o medio siervos sujetos, para subsistir, al régimen de las tiendas de raya, y d) la organización de fuerzas armadas destinadas al mantenimiento de la dictadura por la violencia. En primer lugar, un ejército de soldados macilentos e incorporados por medio de levas múltiples, mandados por una minoría opulenta de generales y coroneles; y en segundo lugar, una mafia paramilitar, los rurales, asesinos de cualquier expresión disidente y ligados al poder por la vía de los jefes políticos, enhebrados entre sí y con el presidente por medio de una amplísima red de compadrazgos.

Obvio es que el Estado porfirista era insoportable para la población. La dependencia de las subsidiarias extranjeras indujo un comentario cotidiano en aquel tiempo: el verdadero gobierno de México está en Washington y no en Palacio Nacional, en virtud de que las decisiones del Círculo de Negociantes Extranjeros eran acatadas por Díaz y su gabinete sin discusión alguna, y en el otro lado del problema, las masas del país sufrían hambre, ignorancia, e insalubridad, causantes de protestas, huelgas y levantamientos que fueron en todo caso burlados por el propio Díaz y reprimidos por militares y paramilitares que encarcelaban y mataban en las incontables penitenciarías secretas que extendíanse a lo largo y ancho del país. Afortunadamente voces heroicas como las de Ricardo Flores Magón y sus seguidores, y estudiosos notables -Andrés Molina Henríquez y Wistano Luis Orozco, por ejemplo-, denunciaron la indignidad e injusticia prevalecientes, y el fraude electoral de 1910, afianzado con el encarcelamiento de Madero, provocaron el estallido que expulsó a Díaz y abrió las puertas al régimen socialmente avanzado que se aprobó el 5 de febrero de 1917, en Querétaro.

Las ideas de Ricardo Flores Magón, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, herederos de buena parte de los movimientos liberadores que los antecedieron, y de eminentes diputados como Francisco J. Mújica, Heriberto Jara, Pastor Rouaix, Jesús Romero Flores y otros más, fueron el material ideológico de los conceptos progresistas que integran el soberbio capítulo de las garantías sociales en un Estado cimentado en grandes principios: a) soberanía absoluta y autodeterminación plena en el interior y en el exterior de la República; b) democracia verdadera y no formal, o sea, poderes públicos sujetos a la voluntad del pueblo; c) desarrollo nacional, es decir, crecimiento económico apoyado en fuentes propias y no ajenas, a fin de integrar una economía autosuficiente y capaz de dar sustento satisfactorio material y cultural a la familia. Sólo de esta manera es posible celebrar convenios con el exterior que resulten positivos y fructíferos; d) justicia social como base de una equidad colectiva entre los mexicanos y de la posibilidad de perfeccionar los más altos valores espirituales del individuo y de la comunidad. Se procura condicionar el surgimiento de una civilización justa.

Esa es la visión que dio lugar a la Ley del Seguro Social que consta en el Diario Oficial de enero 19 de 1943 y en la reforma que aparece hoy en la fracción XXIX del artículo 123 constitucional, en la que se declara de utilidad pública dicha ley, a fin de asegurar por voluntad del Estado, entre otros riesgos, las jubilaciones y pensiones de las clases trabajadoras. Este conjunto de seguros públicos acredita hasta la evidencia una negación radical de lo que fue el entreguismo opresor y explotador del porfirismo, y afirma la liberación y protección de los mexicanos por un Estado que sin ser socialista, consagra los derechos sociales del hombre en el contexto político del bien común.

Para el Estado mexicano la moral personal y la moral general son valores que impiden metamorfosear al hombre en una mercancía capaz de ser comprada y vendida en el mercado del dinero. Parte muy importante de esta filosofía liberadora en la historia de México, es el Instituto Mexicano del Seguro Social; en consecuencia, proyectar su destrucción como lo hace el gobierno actual, es arreciar y agudizar el proceso contrarrevolucionario que sufre ahora la patria. šProtestemos contra tal atentado!