Acusan de contrabando a familia mexicana que regresaba al país y embargan sus bienes

Defensores de migrantes cuestionan el plan de repatriación voluntaria

Autoridades de EU podrían estar actuando indiscriminadamente

La Coalición Pro Defensa del Migrante se quejó ayer de que las autoridades mexicanas no le han facilitado el acceso a las personas detenidas en el estado de Arizona, para confirmar que realmente aceptaron ser repatriados de manera voluntaria a México.

"Nuestra sospecha de que hay varias anomalías sumamente preocupantes no es infundada", aseguró. Por ejemplo: "nos hemos enterado de que la Patrulla Fronteriza traslada al centro de detención de Tucson no sólo a los connacionales que manifiestan su interés en ser repatriados a México, sino también a cualquier compatriota que los agentes consideran que corren mayor riesgo en caso de un nuevo intento de cruzar la frontera". Añadió que esto último se hace sin que se conozcan los criterios que utilizan para tomar tal determinación.

También destacó que no ha habido respuesta de las autoridades mexicanas a los cuestionamientos que la coalición hizo sobre este punto, a escasos días de haberse iniciado el Programa de Repatriación Voluntaria.

El dirigente de la Coalición, José Mena Moreno, informó que se ha buscado obtener información de los migrantes sobre el tratamiento al que estuvieron sujetos durante las detenciones, que duran más de 24 horas. Se sabe que la Patrulla Fronteriza mantiene a los connacionales en condiciones de hacinamiento, sin darles comida ni auxilio médico.

Criticó que no se haya concretado el procedimiento para trasladar a los repatriados hasta sus poblados de origen y no sólo hasta las capitales de sus estados.

Se suponía que el gobierno estadunidense se encargaría de financiar el viaje hasta sus poblados. Si no lo hace, las autoridades mexicanas deberían aportar los recursos necesarios para ello, concluyó.

El menaje conseguido tras 12 años de trabajo, en manos del SAT

ENRIQUE MENDEZ

La ilusión de una familia de mexicanos migrantes, que confiaron en el Programa Paisano de repatriación voluntaria para reinstalarse en México y ofrecer a sus tres hijos "la misma educación que nuestros padres nos dieron", se frustró la noche del miércoles 28 de agosto, cuando el Sistema de Administración Tributaria (SAT) los acusó de contrabando y decidió "embargar precautoriamente" sus bienes, obtenidos después de 12 años de trabajo en Estados Unidos.

"Nos quedamos sin nada, sin ropa, sin documentos, sin nada, sin nuestros recuerdos. Todo decomisado", relató ayer Lorenzo Loo Calvo.

El menaje de casa de la familia Loo Martínez, su ropa nueva y usada, documentos personales,

fotografías, los zapatos de futbol de los niños, sus bicicletas, la ropa de baño y hasta la ropa interior están confiscados en la aduana de Otay, en Tijuana, Baja California, y para devolveros, las autoridades hacendarias exigen el pago de una "cuota compensatoria de 289 mil pesos, aun cuando el "valor en aduana" de todo es de 73 mil 960 pesos.

El arancel representa 553 por ciento del valor de los objetos y la familia no tiene esa cantidad. Ayer, los esposos Lorenzo Loo Calvo, originario del Distrito Federal, y Rosario Martínez, de Chiapas, se acercaron a diputados federales para que intercedieran en el rescate de sus pertenencias.

"Nos encontramos ante un futuro más sombrío que cuando nos fuimos, porque nos quedamos sin nuestro único patrimonio y una multa que jamás podremos pagar, porque es demasiado dinero para nosotros", expuso el matrimonio.

Primero recurrieron a la diputada Rosa María Avilés Nájera, del PRD, quien se comunicó a la aduana de Otay, donde la respuesta fue que los Loo Martínez "son unos contrabandistas". Sin embargo, el caso lo asumió el diputado del PAN e integrante de la Comisión de Hacienda, Miguel Angel Toscano, por medio del abogado Javier Munlloch, y más tarde el diputado panista Juan Molinar intercedió ante el subsecretario de Población de Gobernación, Armando Salinas Torre.

Los mexicanos contaron ayer que dos factores los impulsaron a regresar al país: su hija mayor está por ingresar a la secundaria, pero como han vivido sin papeles en Estados Unidos no cuentan con el número de seguro para poder registrarla en una escuela de California; además, escucharon de los supuestos beneficios del Programa Paisano de repatriación voluntaria.

Así que tomaron la decisión de volver a México e inscribir en una escuela nacional a su hija.

El 8 de julio pasado, el consulado de México en Los Angeles les extendió un certificado de menaje de casa "con el objeto de acogerse a la franquicia que en materia aduanera tiene derecho" la familia. Dicho documento amparaba, además de los electrodomésticos, muebles y otros enseres, 15 cajas con ropa, cobijas, toallas, trastes, juguetes, utensilios de baño y cocina.

En el consulado les recomendaron contratar un agente aduanal para realizar el traslado del menaje y las cajas y su introducción a territorio nacional.

Casi a las siete de la noche del miércoles de la semana pasada el camión llegó a la garita. Lorenzo Loo relató que al presionar el botón del semáforo fiscal se encendió la luz roja. Ahí se iniciaron los problemas. Los empleados de Hacienda rompieron las cajas, las vaciaron ante la impotencia de la familia, a cuyos integrantes acusaron, en principio, de intentar la introducción ilegal de armas que, obviamente, nunca encontraron.