Jorge Santibáñez Romellón*

Redistritación y migración internacional¹

La Cámara de Diputados está conformada por 500 diputados; 300 de ellos son electos bajo el principio de mayoría relativa en igual número de distritos electorales en los que se divide el país. Aunque hay algunos criterios adicionales, esta división guarda una relación directa con la población que en teoría debería estar representada por cada uno de estos diputados, es decir, cada diputado "representa" a un número aproximadamente igual de ciudadanos.

Esa lógica de representación ha acompañado al crecientemente importante Poder Legislativo, desde la Constitución de 1917, en la que se establecía que habría un diputado por cada 60 mil habitantes, hasta la última reforma de 1986, que dice: "La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población..."

Así las cosas, los diputados deberían representar, por lo menos en alguna medida, los intereses de los habitantes de su distrito; sin embargo, la evolución de nuestra práctica política ha propiciado que los diputados consideren que su cargo se lo deben al partido que los postuló y no a sus electores y entonces se olvidan de ellos y se dedican a seguir la línea que establece su partido.

Mucho se ha escrito sobre los cambios que deberían darse para corregir estas deformaciones de nuestro sistema político y transformar a la Cámara de Diputados en un órgano de representación y no en el espacio en el que los partidos políticos miden sus fuerzas. La lógica nos dice que nuestro proceso democrático deberá evolucionar hacia ello y así los ciudadanos sabremos que tenemos un representante que ve por nuestros problemas.

El objetivo de este artículo es establecer la asociación que estos distritos electorales tienen con la migración, en particular con la migración internacional, toda vez que el pasado 15 de julio el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó los criterios para la llamada redistritación del país, que revisará la distribución en el territorio nacional de los distritos electorales en función de los cambios poblacionales. La última de estas revisiones se hizo en 1996.

En la medida en que el peso poblacional relativo de un estado se modifica, es decir, si tiene más o menos habitantes con respecto a los otros estados, tendrá más o menos distritos electorales. Uno de los factores más importantes que modifican ese peso relativo es la migración. De manera muy simplista, si de un estado salen migrantes, entonces tendrá un número menor de distritos y, en consecuencia, los problemas de ese estado tendrán menos voces que hablen por ellos en nuestro congreso.

Si además esa migración es hacia el extranjero, la pérdida de representatividad es casi definitiva o, dicho de otra forma, los estados de salida de los migrantes internacionales pierden representatividad nacional, lo cual constituye un doble castigo para ellos: no solamente pierden a sus pobladores con toda la problemática social que ello acarrea, sino que pierden importancia en el congreso. En mi opinión, estas cuestiones, cuya solución no es nada sencilla, deberían ser abordadas cuando se analiza el tema del voto de los mexicanos en el exterior, vinculando la dimensión política del asunto con la problemática de los migrantes y no sólo con la búsqueda de su voto.

Abordar el tema como se está haciendo, desde la perspectiva electoral y únicamente para la elección presidencial, equivale a decir a los migrantes vota por nosotros y después regresa a tu misma vida, a tu mismo trabajo sobrexplotado, a que nadie vea por ti ni por los tuyos en tu región de salida, a que tu situación no cambie y a que sigamos culpando a Estados Unidos de tu situación, al mismo tiempo que se les pide aceptar un acuerdo migratorio. Un poco de seriedad de nuestra clase política ante un proceso social de impactos tan importantes no haría daño; si vamos a buscar las formas de ampliación de los espacios de poder de los migrantes, hagámoslo en serio, de manera integral y desde la perspectiva migratoria, no de la electoral.

Solamente para que nos demos una idea de lo que podría pasar en la redistritación que apenas se inicia, estados como Michoacán, Guanajuato o Zacatecas perderían cada uno un distrito electoral, Veracruz perdería dos, y así sucesivamente; los estados de salida de migrantes perderían distritos y representación en nuestro Congreso. Si esos migrantes se fueran a otro estado del territorio nacional, su representación se da a través de otro distrito, aquel al que llegan a residir; sin embargo si se van al extranjero, esa representatividad se pierde. Si incorporáramos esa representatividad en el Congreso mexicano en función del estado de residencia de los migrantes internacionales, tal como ocurre con la migración interna, sepa usted que el estado de California en Estados Unidos tendría "derecho" a 10 distritos electorales, más que 22 estados de México; los mexicanos que viven en Texas alcanzarían para cinco distritos electorales, y así sucesivamente.

Por supuesto, no estoy sugiriendo que la redistritación abarque a otro país, sencillamente estoy tratando de ejemplificar la complejidad inherente al tema del voto de los mexicanos en el exterior, a su significado político y, sobre todo, trato de hacer un llamado a que el tema se inserte en la preocupación por ampliar los reducidos espacios de poder de los migrantes y no solamente en el tema de la obtención de votos.

¹ El autor agradece la valiosa información proporcionada por Rodolfo Corona para la elaboración de este artículo

*Presidente del Colegio de la Frontera Norte