León Bendesky

Orden

Las formas de gobernar en México contradicen los dichos de la representación democrática que están en boca de muchos personajes, sean éstos principales, secundarios o sólo del reparto de la escena política del país. En el periodo de apenas unas cuantas semanas ha habido dos muestras fehacientes de esto: la resolución con respecto al Fobaproa, empujada por Hacienda y estampada por el Congreso, y la reforma de la ley del IMSS hecha literalmente por la puerta de atrás.

Prevalece en esta sociedad la sensación de un desorden muy grande. Como muestras recientes están Cancún y su edil, y las elecciones en Oaxaca; están los pleitos en las cúpulas del poder y dentro de los partidos políticos, están también las calles de las ciudades, que se han convertido en zonas de peligro para los habitantes y, en casos como el del Distrito Federal, donde además, las vías públicas las cortan de modo constante grupos con demandas y protestas muy variadas, pero al final coincidentes. En estos días los grupos han sido desde productores de piña de Veracruz hasta trabajadores del IMSS. Casi cualquier protesta se vuelca a la calle, que ya es la norma en un entorno en el que parece que no hay manera de comunicarse: unos gritan y nadie escucha.

Cuando se habla de orden debe tenerse cuidado. Las fuentes y los contenidos del orden en una sociedad pueden ser muy diversas. Orden es lo que prevaleció en los regímenes fascistas y en el comunismo soviético; orden es lo que imponen las dictaduras. Pero el orden puede ubicarse también como parte de las condiciones esenciales que permiten una existencia colectiva. Y esto en una situación en la que pueden reducirse el número y la intensidad de los conflictos y aumentar los puntos de consenso por el bien común.

En una sociedad como esta en la que las diferencias son muy grandes, donde las condiciones del bienestar no mejoran sensiblemente durante un periodo ya muy largo, y el ejercicio del poder público y privado genera contradicciones de modo permanente, ha sido imposible generar esos puntos de consenso que creen formas cada vez más aceptables de convivencia.

El orden, entonces, puede entenderse como un estado que resulta de un buen funcionamiento del organismo social. No es una cosa, ni es tampoco ese buen funcionamiento por sí mismo. De tal forma, cuando no hay orden no se trata de restablecerlo mediante medidas que pueden propiciar resultados momentáneos o incluso aparentes, sea con el uso de la fuerza pública, sea mediante ofertas políticas, que generalmente no se cumplen y refuerzan así los motivos de las disputas.

El orden debe surgir del propio modo de funcionamiento del sistema social y ello implica que sus miembros deriven algún tipo de satisfacción de las condiciones que se generan y en las que pasan su vida; y con esto no se trata, por cierto, de sumisión alguna ni de arribar a un Mundo feliz.

Para que el sistema social por sí mismo sea generador de orden se requiere atacar las circunstancias que lo previenen, de manera que los procesos sociales y políticos lo alienten y promuevan, es decir, se tiene que actuar ahí donde el desorden se genera. Los campos en que esto puede ocurrir son múltiples: el crecimiento económico, el empleo, las condiciones del bienestar, el horizonte de las oportunidades y de las expectativas.

Hoy la forma en que funciona esta sociedad es generadora de desorden. Esto abarca desde los grandes temas administrativos, legislativos y judiciales hasta las formas más simples de la convivencia cotidiana y, por supuesto, tiene que ver con una de las manifestaciones más violentas de la discordia, que es la inseguridad individual.

Un asunto relevante del desorden es la expresión de los desacuerdos que involucran el planteamiento de demandas relativas a intereses particulares y la salvaguarda de los intereses generales. Esto se advierte en el muy citado caso del Fobaproa-IPAB en el cual a la autoridad le parece normal que se privaticen las ganancias y se socialicen las pérdidas. Se aprecia, igualmente, en el caso del IMSS donde la defensa de los derechos adquiridos por los trabajadores comprende el uso de recursos públicos.

La distinción entre los derechos y los intereses particulares y los de índole general no es un aspecto trivial del problema del desorden reinante. En ausencia de instituciones y leyes que definan cada uno de estos ámbitos y a falta de una clara concepción y capacidad para gobernar sólo podrán generarse más choques y menos orden.

En la cuestión del orden es ineludible el ensamblaje entre las reglas y las excepciones. Una sociedad libre debe dar cabida a las excepciones -los intereses particulares de muy distinta naturaleza-, y mantener también las reglas -los intereses generales- que permitan convivir civilizadamente. Encontrar este equilibrio es imperativo en México