Lo llaman a rendir cuentas correspondientes a 2002 y 2003

Líderes y diputados del sol azteca y del PAN piden congruencia a Hendricks

DAVID SOSA FLORES CORRESPONSAL

Cancun, QR, 8 de agosto. Legisladores y dirigentes locales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) exigieron al gobernador Joaquín Hendricks Díaz "congruencia y equidad en sus acciones", al tiempo que nuevamente solicitaron al mandatario estatal hacer públicas las cuentas del gobierno estatal correspondientes a 2002 y 2003.

Los legisladores Héctor Ortega, María Eugenia Córdova y Rogelio Márquez coincidieron en que Hendicks "no tiene calidad moral" para exigir al presidente municipal Juan Ignacio García Zalvidea rendir cuentas, cuando él se ha negado sistemáticamente a presentar las de la administración que encabeza.

El perredista Ortega dijo que de acuerdo con la Constitución local y la Ley Orgánica del Congreso de Quintana Roo, hace diez meses venció el plazo para que Hendricks presentara sus cuentas al Poder Legislativo.

Refirió que hace unos días, el gobernador acusó a García Zalvidea de negarse a que el Organo Superior de Fiscalización audite al ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún), "lo cual es falso".

Héctor Ortega agregó que Hendricks dispuso de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por más de 600 millones de pesos para la carretera Chetumal-Mahahual, obra detenida hace más de un mes por fraudes de la constructora "en la cual, hay denuncias de que participan hermanos de Joaquín Hendricks".

Por su parte, María Eugenia Córdova -también surgida de las filas de sol azteca- aseguró que los poderes Legislativo y Ejecutivo estatales han violado el artículo 115 constitucional al pretender hacer auditorías, sin sustento legal, al ayuntamiento de Benito Juárez.

Por su parte, Rogelio Márquez, del PAN, recordó que hace unos días el gobernador declaró que el problema de García Zalvidea "es que se niega a las auditorías", dicho que emitió en las instalaciones del proyecto agrícola Chan Santa Cruz, ubicado en pleno corazón de la zona maya, que a consideración del panista "es uno de los ejemplos de la corrupción y del desvío de recursos en beneficio de Hendricks, sus familiares y amigos".

Márquez refirió que el gobernador dispuso de 900 millones de pesos para Chan Santa Cruz, "proyecto inviable y que ha resultado un fracaso, según han denunciado los trabajadores y campesinos de la zona, que son utilizados en un proyecto hortícola como maquiladores u obreros, con sueldos miserables, inclusive por abajo del salario mínimo".

En tanto, el dirigente estatal del PRD, Alejandro Ramos, señaló que para el proyecto de la megaescultura que actualmente se construye en la bahía de Chetumal (la capital del estado), el gobernador anunció una inversión de más de 300 millones de pesos, "lo cual es un insulto para los quintanarroenses".

En Cancún, incertidumbre e inconformidad

En tanto, a pesar de que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García, determinó que el concejo municipal de Benito Juárez -designado por el Congreso estatal, que destituyó a El Chacho- no tenía personalidad jurídica alguna en el litigio de controversia constitucional 067/2004, por lo que los integrantes del organismo debían entregar la alcaldía, ésta permanece resguardada por la policía local.

Agentes armados, apostados en torno y sobre la azotea del inmueble, este domingo quedaron a la expectativa, por una marcha que realizaron simpatizantes de Juan Ignacio García.

Unas mil personas marcharon de la Plaza de la Reforma a la sede de la representación del gobierno del estado en Cancún, donde expresaron con pancartas, gritos y mantas su apoyo a García Zalvidea y su repudio al gobernador.

También conformaron una cadena humana en apoyo a Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien según los inconformes, es víctima de una campaña represiva por el gobierno federal, al igual que García Zalvidea, a quien llamaron El Peje del Sureste.

En tanto, Carlos Canabal Ruiz, asesor jurídico del edil electo de Cancún, confirmó que interpuso un recurso de apremio ante la SCJN, con el cual solicitó que fuerzas federales desalojen el ayuntamiento de Benito Juárez, "lo cual podría ocurrir en las próximas horas".

En entrevista telefónica desde la ciudad de México, añadió que dado el desacato a los mandatos de la Suprema Corte se promovieron acciones legales ante esa instancia contra Marisol Avila Lagos, presidenta del concejo municipal designado por el Congreso del estado, contra Celia Pérez Gordillo, titular de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo; el gobernador Hendricks Díaz y "varios" diputados locales.