Ricardo García Sainz

Rechacemos los dogmatismos

Envuelta en una campaña publicitaria de medias verdades y mentiras, la farsa ocurrida en la Cámara de Diputados y en el Senado confirma la inexistencia de un orden jurídico basado en la razón y en los intereses de las mayorías, que junto con las supuestas impunidades negociadas, único aglutinante posible e inconfesable entre PRI y PAN, ponen en riesgo la gobernabilidad. Las malas leyes, la impunidad y la impotencia frente a los atropellos, abren inmensos estímulos a la autocomposición y a la autodefensa, cuyas expresiones son resistencia civil, marchas, plantones, movilizaciones, huelgas, que provocan desórdenes generalmente crecientes.

Los trabajadores de México, en particular los del IMSS, se encuentran en el centro de este escenario, han sido víctimas de las mentiras, la propaganda, el atropello legislativo que se reduce a "suficientemente discutido" y a votar la reforma sin importar haberse desahogado en un periodo extraordinario de sesiones por un proyecto presentado en la Permanente y cobijado por supuestas reformas a las leyes de seguridad pública que fueron pospuestas, por lo que la razón real de convocar era la de consumar el atropello al IMSS. Los trabajadores también fueron agredidos al rechazarse el diálogo y desechar, sin haberlas discutido, las propuestas presentadas por el sindicato para restituir como canal de negociación el diálogo entre autoridades institucionales y dirigentes sindicales bajo la guía y tutela de las autoridades del trabajo. Esto se desechó porque cancelaría el proyecto real de gobierno foxista, neoliberal, privatizador, antisindicalista y antidemocrático reiterado por Sojo y por Levy; este es sólo el principio del desmantelamiento de los regímenes contractuales de pensiones que abarca a CFE, Luz y Fuerza, Pemex, banca de desarrollo y universidades.

Dije que la campaña levytica es una mentira porque la crisis financiera del IMSS está determinada por, cuando menos, otros cuatro elementos fundamentales: Levy sabe mejor que nadie la insuficiencia de las contribuciones al IMSS; sabe que el argumento central de la reforma de 1997 es la insuficiencia de cuotas para proporcionar servicios médicos eficientes y oportunos por la caída del valor real de los salarios, a la cuarta parte de 1982 y por la falta de generación de empleo. En folleto recientemente publicado, Levy confirma que el IMSS recibe al día de hoy el mismo monto insuficiente de recursos, igual al que recibía conforme a la ley anterior. La diferencia anual ha sido inmensa desde 1997 por la reducción de las contribuciones en más de 20 por ciento, que desde entonces disfrutan los patrones y los trabajadores.

La campaña levytica es contra los trabajadores, también es mentirosa por no denunciar como causa de la crisis financiera del IMSS el incumplimiento del gobierno federal de cubrir, como lo establece la ley vigente, el costo de transición del régimen de pensiones solidario al del ahorro individual. Los derechos de los jubilados son el pago de su pensión que ha sido cubierto escrupulosamente y el disfrute a los servicios médicos que tienen, conforme a las cifras institucionales, un costo anual del orden de 14 mil millones de pesos, cantidad que no se ha cubierto desde 1997, ni se ha exigido su pago por los directores en turno, ni el Consejo Técnico ha asumido su responsabilidad de demandar el cumplimiento de cubrir el costo de transición. La deuda a favor del IMSS rebasa los 50 mil millones de pesos, indudable factor en el desequilibrio financiero del Seguro Social.

Se miente también cuando se oculta en la campaña mediática que el IMSS tiene, gracias a la deplorable calidad de sus servicios, al desabasto y a los diferimientos de atención, 14 mil millones de pesos sobrantes entre sus ingresos y sus gastos artificialmente contenidos. Esta cifra lograda por enfermedad, dolor y muerte de los derechohabientes, aún resulta insuficiente para constituir la reserva unilateralmente definida.

En la campaña en contra de los trabajadores del IMSS y de su sindicato se miente al atribuir a éstos la crisis financiera de la institución, ignorando las responsabilidades del Congreso de elevar las contribuciones, y las del Ejecutivo de no cumplir con su obligación legal de aportar el costo de los servicios médicos de los jubilados y de forzar la creación de reservas tan arbitrariamente que ni siquiera se puede lograr un consenso con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El resultado es obvio, el sindicato y los trabajadores están ofendidos por la mentirosa campaña levytica, por la frivolidad o la farsa legislativa, por la impotencia frente a las complicidades de los partidos políticos y por la miopía de muchos de sus hermanos trabajadores. Frente a esta realidad hay quienes han reaccionado por la vía de la pequeña violencia, plantones, paros, marchas, en tanto otros insisten en iniciar un movimiento de huelga. Ambos grupos, a mi juicio, están equivocados, porque no sólo impiden sino aceleran el logro del propósito final de la tecnocracia neoliberal de destruir la institución, privatizar los servicios y desresponsabilizar al Estado mexicano.

Los instrumentos de presión que en otros tiempos fueron eficaces, hoy resultan contraproducentes -es necesario cambiar los instrumentos de lucha- para ello tienen los trabajadores del IMSS que acreditar ante el país entero su vocación de servicio, revirtiendo la injusta campaña mediática, por medio de proporcionar los mejores servicios posibles y de denunciar diariamente, aprovechando la formidable estructura sindical, las carencias atribuibles a las verdaderas causas de la pobreza institucional: falta de camas, de medicinas, de material de curación, de equipo, de auxiliares de diagnóstico, de mantenimiento y rezagos tecnológicos, por mencionar sólo algunas, dejando constancia cotidiana de lo que en verdad está ocurriendo en la institución.

Los trabajadores del IMSS han sido injustamente tratados, han sido brutalmente discriminados por los legisladores, ya que su situación de "privilegio" es igual a la de los petroleros, a la de los electricistas, tanto del SME como del SUTERM, a los trabajadores de la banca de desarrollo y a los administrativos y académicos de las universidades. Esta discriminación carece de fundamento y de racionalidad, por lo que debemos entenderla como anuncio de futuras agresiones tanto a ellos como a otros sindicatos.

A pesar de las evidencias o precisamente por ellas, es necesario seguir luchando por el fortalecimiento del orden jurídico y de la auténtica división de poderes. La lucha en contra del atraco cometido debe darse en los términos establecidos por las leyes, impugnando la constitucionalidad de las reformas aprobadas y confirmando todos los días nuestra convicción de orden y legalidad, sabiendo que hay quienes desde adentro quieren destruir la institución: no se lo permitamos ni a la derecha neoliberal, ni a la izquierda anarquizante. Nuestra lucha debe estar en el fortalecimiento de las instituciones.