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México D.F. Martes 10 de agosto de 2004 |
Más impuestos, ¿para qué?
 Trascendió
ayer, por voz de Carlos Loeza Manzanero, funcionario de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) adscrito a la Unidad
de Coordinación con Entidades Federativas, que el gobierno federal
propondrá, en el contexto de la Convención Nacional Hacendaria
(CNH), la aplicación de un cobro suplementario en los peajes federales,
así como impuestos adicionales a gasolinas y autopartes, con el
propósito de recaudar unos 16 mil millones de pesos que se destinarían
"al mantenimiento de la red de carreteras". En términos generales,
el servidor público defendió la necesidad de incrementar
el gasto público y reconoció que el gobierno actual "gasta
poco y mal".
Ciertamente, el país ha visto decrecer la porción
del PIB que representa el gasto público (22 por ciento frente al
promedio de 43 del resto de los países de la OCDE, o de 27 de Argentina,
Chile y Brasil) conforme las sucesivas administraciones neoliberales fueron
reduciendo la presencia del sector público en la economía
y al ritmo que se obligaba a adelgazar al Estado, ideas económicas
que el presente régimen ha hecho suyas. Sin duda México requiere
de montos de gasto e inversión mucho mayores que los actuales, no
sólo para reparar las carreteras, sino para combatir la pobreza,
ofrecer mejores servicios de salud y educación, generar empleos
y propiciar una reactivación de la economía que trascienda
las cifras alegres del discurso oficial y se traduzca en una mejora perceptible
en las condiciones de vida de la población en general. Está
fuera de discusión la necesidad de una administración que
invierta en infraestructura y obra pública, en servicios y en la
reconstrucción del sector energético.
El grupo en el poder ha reclamado de muchas maneras un
incremento de la recaudación con el propósito manifiesto
de gastar más de lo que hoy gasta. Por desgracia, cabe dudar de
su voluntad y de su capacidad para gastar bien. Al foxismo le importa poco
incrementar, o al menos mantener, los niveles de las pensiones y jubilaciones
o los presupuestos destinados a los pueblos indígenas, por ejemplo,
pero le preocupa sobremanera cumplir al centavo con los compromisos derivados
del Fobaproa. El gobierno actual sostiene que no hay dinero para dar mantenimiento
a la red carretera, para invertir en generación de energía
eléctrica o para cubrir los requerimientos de prospección
petrolera con inversión pública, en vez de recurrir a los
anticonstitucionales contratos de servicios múltiples, mas encuentra
la manera, en cambio, de mantener niveles salariales ofensivos para los
funcionarios de niveles superiores, inflar las nóminas de personal
de confianza en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y regalar 30 millones de pesos a una organización cavernaria
y promotora de la ignorancia -Provida- que sabotea deliberadamente las
campañas oficiales de prevención del sida.
A estas alturas del sexenio, luego de casi cuatro años
de falta de rumbo, frivolidad y discrecionalidad en el uso de los recursos
públicos, después de muchas y reiteradas muestras de ineptitud
administrativa, el gobierno de Vicente Fox carece de argumentos válidos
para reclamar esfuerzos adicionales a los contribuyentes y de autoridad
moral para dirigir el reordenamiento fiscal que el país, ciertamente,
requiere. En vez de ocuparse maquinando nuevas formas de exprimir fiscalmente
a los mexicanos, el Ejecutivo federal tendría que limitarse a combatir
la evasión -que la hay, y mucha-, a frenar el contrabando masivo
-que no puede explicarse sin complicidades oficiales de alto nivel- y a
preparar una rendición de cuentas que no está muy lejana
y que no va a ser sencilla.
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