La energía mexicana, a debate entre privatizadores y nacionalistas

Es constante la reducción del monopolio de Pemex sobre la producción de petroquímicos

Fuerte oposición política y social a la entrega del sector eléctrico

Economist Intelligence Unit /The Economist

México ocupó en 2002 el cuarto lugar entre los productores mundiales de petróleo, y el octavo entre los exportadores. También fue el mayor proveedor de petróleo crudo a Estados Unidos, después de Arabia Saudita. En 2003 la producción alcanzó un máximo histórico de 3 millones 370 mil barriles por día, que constituyó un incremento de 6.1 por ciento de un año al otro.

La ambiciosa meta para 2006 es producir 4 millones de barriles por día. El país produce tres tipos de petróleo: pesado Maya, a 22.3º del American Petroleum Institute (API), Istmo (34.6º) y Olmeca (39.1º).

Las reservas oficiales de hidrocarburos se sitúan en 52 mil 900 millones de barriles (suficientes para mantener la producción al ritmo actual durante 35 años), de los cuales 43 mil 210 millones son petróleo crudo y condensados, y 9 mil 740 millones de gas equivalente. Las reservas han tenido un descenso constante en los pasados 19 años, como reflejo de un aumento de la producción.

Según la Constitución mexicana, Petróleos Mexicanos (Pemex) ejerce su monopolio en todas las actividades de producción de petróleo y gas. Si bien realiza una operación conjunta con Royal Dutch/Shell en Texas, México no permite tales actividades en su territorio.

Se han traído compañías del exterior para hacer operaciones de perforación, si bien hasta la fecha las han realizado bajo contratos limitados de servicio y desempeño.

La Constitución permite a Pemex celebrar convenios referidos a obras y prestación de servicios; sin embargo, también señala que toda remuneración debe hacerse en dinero, y que bajo ninguna circunstancia se concederá un porcentaje de los bienes ni participación en los resultados de la explotación.

Sin embargo, se ha verificado una constante reducción del monopolio de Pemex sobre la producción de petroquímicos. Modificaciones realizadas a la Constitución en noviembre de 1996 restringieron los derechos exclusivos de producción del Estado a sólo ocho petroquímicos básicos, de manera que ahora el sector privado puede participar en la producción de petroquímicos y poseer 100 por ciento de las acciones de una empresa productora, pero sólo detentar 49 por ciento en plantas propiedad de Pemex. Esta restricción ha desanimado a los inversionistas, y en 1999 fracasó un intento de privatizar algunos complejos.

Al parecer, el gobierno del presidente Vicente Fox concentra sus esfuerzos en liberalizar el sector eléctrico, más que el petrolero.

Pese a la severa oposición política, en agosto de 2003 Pemex comenzó a buscar participación privada en la exploración y producción de gas natural no asociado (que existe sin la presencia de petróleo), mediante los contratos de servicios múltiples (CSM). Las licitaciones de los CSM fueron diferidas varios meses debido a la necesidad de volver a redactar los contratos para evitar cualquier controversia constitucional de la oposición, pero al fin se llevaron a cabo en octubre y noviembre de 2003.

Los primeros contratos fueron para producir gas en la cuenca de Burgos, situada frente a los más productivos campos gasíferos de Texas, al otro lado de la frontera. Se prevé una inversión total de 8 mil millones de dólares, con la cual se calcula que se duplicará la producción de gas en la zona a 2 mil millones de pies cúbicos por día hacia 2006.

Prioritario, disminuir la carga fiscal

Pemex pretende reducir la parte de sus ingresos que debe destinar al gobierno, a fin de invertir más en su propia infraestructura y en exploración petrolera. Es improbable que esto ocurra a mediano plazo, puesto que la reforma fiscal aprobada a finales de 2001 no generó suficiente ingreso de otras fuentes para reducir en forma significativa la dependencia del gobierno de Pemex.

Los directores de la empresa han asegurado que si la carga fiscal de la petrolera no se reduce en forma significativa, con el tiempo México se volverá importador neto de petróleo, como ha ocurrido con el gas natural.

Entre tanto, la compañía financia buena parte de su inversión mediante la emisión de deuda en los mercados de capital doméstico e internacional.

El gobierno de Fox también está interesado en abrir el sector eléctrico a la inversión privada para expandir la oferta, pero este plan igual ha encontrado considerable oposición política. En abril de 2002 el Senado rechazó una propuesta de liberalización de largo alcance que había sido hecha inicialmente por el gobierno de Ernesto Zedillo a principios de 1999. También en abril de 2002 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló cambios que Fox había hecho a la legislación que rige el sector, por considerar que requerían la autorización del Congreso.

Los cambios de Fox incrementaban la cantidad de energía eléctrica que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede comprar a las compañías privadas que generan excedentes de electricidad. El fallo de la Corte tiene un corolario muy significativo: pone en duda la constitucionalidad de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, vigente desde 1992, que permite la inversión privada en generación eléctrica, mediante esquemas como la cogeneración y la producción para el autoconsumo.

En parte para despejar la incertidumbre y para incrementar la inversión privada en el sector, Fox presentó al Senado en agosto de 2002 una iniciativa de reforma constitucional que permitiría que la electricidad privada se vendiera a grandes consumidores. De manera crucial, establecería que el gobierno tiene que garantizar el acceso no discriminatorio a la infraestructura de transmisión y distribución eléctrica. Esto significaría que el sector privado podría suministrar electricidad sin ocultarse, y se establecería el concepto de autoconsumidor. Los autoconsumidores son los que usan por lo menos 2 mil 500 megavatios de energía al año, que forman 60 por ciento del mercado, y podrían adquirir energía de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro (LFC, de propiedad estatal, que surte de energía a la ciudad de México y zonas circundantes), o de compañías privadas.

En septiembre de 2003 se nombró un nuevo ministro de Energía, Felipe Calderón Hinojosa (renunció a su cargo un año después), quien comenzó a negociar con la oposición una versión simplificada de la iniciativa de agosto de 2002. En 2004 debe realizarse una votación sobre el tema.

En tanto espera la aprobación legislativa de sus planes de reforma, el gobierno ha buscado hacer más eficiente al sector recortando subsidios e incrementando la inversión privada mediante los Proyectos de inversión con impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas), financiados originalmente por el sector privado, pero pagados al final por los ingresos generados por los propios proyectos.

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