Horacio Labastida

Hostigamiento a López Obrador

Precisemos las cosas desde el principio. Entendemos por hostigamiento político el uso de las facultades del Estado por los titulares del aparato gubernamental, con objeto de privar a disidentes y opositores de sus derechos a participar en la dirección y administración del Estado y en otras unidades políticas; hostigamiento que se corresponde siempre con un juego de intereses contradictorios entre los distintos sectores o clases que forman la sociedad. En la antigüedad romana el espartaquismo representó la lucha desesperada de los esclavos contra las estirpes esclavistas. En la Edad Media los señores o los reyes feudales impusieron su poder militar a las no pocas rebeliones serviles. Y lo mismo sucedió durante la modernidad cada vez que las burguesías nacientes intentaban arrebatar a las aristocracias el ejercicio del poder público.

Dos ejemplos son notorios en esta época de cambios profundos en las estructuras colectivas. Uno se corresponde con la revolución de las colonias inglesas en América del Norte, consagrada en la Declaración de Independencia de 1776 y la célebre Constitución de 1787. Otro ejemplo es la revolución francesa de 1789 y su magnífica Constitución de 1793, sin vigencia en los años en que fue redactada, cuyo artículo 35 aún tiene pleno valor ético mundial; su redacción textual es la siguiente: "Cuando el gobierno viole los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes", norma suprema que en América tendría resonancia trascendental. Y en nuestros lustros los casos son múltiples. Sin exceptuar al estalinismo soviético, denunciado por Nikita Kruschov en el vigésimo congreso del PCUS (1956), los asesinatos de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en Alemania anuncian lo que sucedería a partir de las matanzas de judíos por Hitler, los homicidios de Patricio Lubumba en el Congo (1961) y Martin Luther King en Estados Unidos (1968), comprendido, por supuesto, en este país el presidente Abraham Lincoln. Hoy horrorizan los genocidios que por intereses petroleros se ejecutan en Irak y Afganistán.

México no es excepción en el acoso oficial de la ciudadanía. Anastasio Busta-mante y su gabinete apresaron con la traición de Picaluga a Vicente Guerrero, le armaron una farsa judicial y fue fusilado en Cuilapan (1831). Santa Anna en 1834 organizó y dio un golpe militar contra el federalismo de 1824 y la administración progresista de Gómez Farías y el eminente doctor Mora; y esta situación la repitió en 1842, cuando el constituyente de ese año fue violentamente disuelto porque pretendía recuperar el federalismo y purgar el centralismo santannista, golpe que excluyó el regreso al poder del partido del progreso y sus banderas renovadoras. Con Santa Anna triunfaron los hacendados y el clero latifundista, orientado por su partido conservador. Benito Juárez salió de la cárcel que le impusieron Félix Zuloaga y las felonías de Comonfort, asumió la presidencia y salvó al país de las ambiciones de Miramón, la invasión de Napoleón III y la corona de sombras que innoblemente estuvo en manos de Maximiliano y Carlota. El spenceriano y darwinista Porfirio Díaz buscó encarcelar al antirreleccionista Francisco I. Madero con acciones del Ministerio Público y la justicia de entonces, por supuestos delitos cometidos en Sonora -el caso del guayule- y los supuestos discursos sediciosos e injuriosos a Díaz, que inventó y pergeñó el abogado oficialista Juan R. Orci. Madero fue aprehendido en Monterrey y encerrado en San Luis Potosí, a fin de que no participara en las elecciones de 1910. Los resultados son conocidos: escapó de San Luis, elaboró el plan del mismo nombre convocando a la revolución y echó abajo a Porfirio Díaz y su régimen (1911).

Pero la maravillosa revolución que sancionó el constitucionalismo de 1917 no frenó la marcha del hostigamiento político. Obregón impidió la candidatura de Bonillas (1920), induciendo las condiciones que hicieron posible el asesinato de Carranza. Utilizando al ejército, las policías federales y locales y grupos paramilitares, Calles impidió el triunfo de José Vasconcelos en las elecciones de 1929, y en 1988 el presidente Miguel de la Madrid y el PRI -con ingenuidad que nunca me he perdonado participé en esos acontecimientos-, negaron el triunfo a la presidencia de Cuauhtémoc Cárdenas. El Colegio Elec-toral impidió con mayorías bochornosas que asumiera tan elevado cargo.

Y ahora López Obrador, y con él el pueblo que lo imagina como futuro presidente del país, sufre asfixiantes hostigamientos arbitrarios y condenables, que no han afectado su creciente y generalizada popularidad. Sobre el asunto de El Encino es evidente que no violó la suspensión judicial porque las obras planeadas no se ejecutaron, y este hecho está acreditado en el expediente que el gobernante del Distrito Federal elaboró para la comisión de diputados que tramita el desafuero y, sin embargo, hay entre la gente una preocupación que nadie oculta: el temor de que un pérfido grupo priísta se sume a los panistas y se pronuncie un acuerdo inadmisible. Cuenta también otro argumento: el Código Penal no establece pena alguna para quien quebrante un mandato de suspensión; en consecuencia, no hay tal delito porque en esta materia la doctrina es restrictiva y nunca analógica. Para concluir vale traer a la memoria palabras que Madero escribió a Porfirio Díaz desde su celda en Monterrey (junio de 1910): "Pero si usted y el señor Corral se empeñan en relegirse, a pesar de la voluntad nacional y continuando los atropellos cometidos recurren a los medios puestos en práctica hasta ahora para hacer triunfar sus candidaturas oficiales y pretenden emplear una vez más el fraude... entonces señor general Díaz, si desgraciadamente por ese motivo se trastorna la paz, será usted el único responsable ante la nación, ante el mundo civilizado y ante la historia..." Muchísima actualidad hay en estos comentarios precursores de lo que siguió al fraude comicial porfirista de 1910.