Luis Javier Garrido

La acusación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está hoy ante una situación de enorme responsabilidad, pues dadas las graves violaciones que el gobierno neoliberal de Vicente Fox está cometiendo contra el orden constitucional del país, creando un clima de confrontación y poniendo en riesgo la paz social, tendrá que emitir diversas resoluciones que podrían paliar la gravedad de la situación que se está creando.

1. La Corte tendrá que fallar en las próximas semanas al menos en dos casos clave y lo tendrá que hacer con mucha mayor celeridad que en el pasado dada la urgencia de lo que se debate. El primero ha de ser el relativo a la anticonstitucionalidad de las modificaciones a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, aprobadas por la mayoría foxista-salinista en el Congreso, que aceleran el proceso de desmantelamiento del sistema estatal de seguridad social al cancelar el régimen de pensiones y jubilaciones, y que entraron en vigor el día 12, asunto que le planteará el sindicato del IMSS. Y el segundo, el juicio de procedencia iniciado por Fox en contra de López Obrador, que le presentó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y al que diera ya entrada (Milenio Diario, 12/8/04).

2. México está viviendo momentos muy difíciles, pues luego de un periodo en que se impuso una vasta campaña de propaganda pretendiendo que habíamos pasado de un régimen autoritario en el que se violentaba de manera sistemática la legalidad del país, habríamos pasado a un régimen de derecho y no ha sido el caso, de ahí la importancia de la intervención de la Corte. El gobierno foxista se ha caracterizado por despreciar el orden jurídico del país y por pretender, como en los años de Salinas y de Zedillo, seguir violando la Constitución mediante reglamentos, acuerdos, decretos o por la vía de los hechos, y muy difícilmente se podría hablar de que existe un Estado de derecho.

3. El señalamiento hecho por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de que Vicente Fox ha incurrido en el delito de traición a la patria, tipificado en el Código Penal Federal, a) al estar entregando los recursos estratégicos del país a diversas empresas trasnacionales en violación a la Constitución General de la República, y b) al estar protegiendo anticonstitucionalmente a estas empresas, que operan de manera ilegal y fraudulenta, ya que les ha asignado los clientes con mayor consumo y cuando ha caído la demanda interna de energía ha preferido parar las plantas públicas para favorecer a dichos intereses del extranjero (La Jornada, 12/8/04), y que es de extrema gravedad hace ver las dimensiones de lo que acontece, pues Fox podría ser destituido de inmediato del cargo, tal como establece el artículo 108 constitucional y ya lo han señalado diversos teóricos del derecho.

4. Fox y su minigabinete neoliberal han sostenido que la soberanía nacional no puede existir ya en el mundo de la globalización, pero las leyes nacionales establecen otra cosa y el Código Penal Federal vigente señala en su artículo 123 que el delito de traición a la patria lo comete quien "realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero". Y eso es precisamente lo que Fox ha venido haciendo con ayuda de Salinas y de Zedillo, los dos últimos presidentes priístas neoliberales, y de sus grupos en el Congreso, y no sólo en el aspecto de la energía eléctrica, como señala el SME, sino también en materia de hidrocarburos y de otros recursos naturales no renovables, en las comunicaciones, en el sector bancario, en la educación y la cultura y, en general, en lo esencial de las políticas del Estado, que ha buscado subordinar a grupos del extranjero.

5. Vicente Fox ha actuado a lo largo de estos cuatro años de su gobierno no como el defensor de los derechos de la nación ante los intereses del extranjero, como era su obligación constitucional, sino como el defensor de las ambiciones de las trasnacionales frente al pueblo de México: como un agente de intereses privados del exterior. Y para hacerlo ha pisoteado una y otra vez el orden constitucional y legal del país.

6. Las probables actividades delictivas de Fox se fueron haciendo evidentes desde que se conoció el financiamiento ilegal de su campaña del 2000 hecho por poderosas empresas trasnacionales a través de los Amigos de Fox, y se fue constatando a lo largo de los cuatro años de su administración, caracterizada por una penetración sin precedentes del capital trasnacional y por una sumisión dócil de las decisiones del país a intereses del exterior, que Fox estaba entregando concesiones, contratos y beneficios a esos grupos del exterior que le habían ayudado para llegar al poder, lo que hizo presumible la comisión por parte suya, y de manera impune, de graves delitos además del de traición a la patria, como son los delitos de tráfico de influencias, de cohecho, de ejercicio abusivo de funciones, de peculado o de ejercicio indebido de servicio público, considerados como graves y tipificados todos ellos por la legislación penal mexicana.

7. La pregunta que surge es muy directa: Ƒqué autoridad política y moral puede tener un individuo como Fox para seguir gobernando al país cuando es evidente que lo está haciendo en contra de los intereses del pueblo mexicano?

8. Y como muchos se lo han preguntado en diversos foros, Ƒqué clase de régimen político tiene México, cuando un individuo como Fox, que ha cometido a todas luces el delito de traición a la patria y otros graves delitos del orden común, tiene el cinismo de acusar penalmente a Andrés Manuel López Obrador, la figura más popular de la oposición y a quien ve como un adversario político, de un delito imaginario al abrir una calle, con el propósito de impedirle ser candidato presidencial, y está en posibilidades de salirse con la suya?

9. El riesgo mayor ante el cual se encuentra el país viene precisamente de las iniciativas gubernamentales. Fox está desbocado después de la aprobación de la contrarreforma al IMSS y, valido del empeño de Carlos Salinas de Gortari de ayudarle a través del PRI a sacar adelante todo el llamado "paquete estructural", quiere acelerar en este 2004 el desmantelamiento de la nación.

10. Las próximas intervenciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen, por consiguiente, la responsabilidad de determinar si México va a seguir siendo objeto del capricho de los fanáticos neoliberales que hoy lo gobiernan, lo que abre la vía a la violencia, o puede aspirar a ser un país de leyes. Esta misma Corte esquivó en 2001 su responsabilidad al no fallar sobre los derechos de los pueblos indios y hoy no puede volver a hacerlo, porque los riesgos en los que pone al país son cada vez mayores. El gobierno se halla al servicio de intereses del exterior con la complicidad del hampa foxista-salinista en las cámaras, y es la Corte la que puede hacer realidad el principio de que el Poder detenga al Poder. Porque si no lo hace tendrá que ser el pueblo el que lo haga.