Mediante argucias legales ocasionan conflictos como en el Paraje San Juan, agrega

Mafias de abogados patrocinan demandas por la disputa de tierras: tribunal agrario

Toda la periferia del DF y otros centros urbanos del país son focos rojos

ANDREA BECERRIL

El presidente del Tribunal Superior Agrario (TSA), Ricardo García Villalobos, denunció que en los pasados cinco años un grupo de abogados, "mediante argucias legales", se ha dedicado a patrocinar demandas para exigir restituciones de tierras en poblaciones urbanas ya desarrolladas, lo que ya provocó conflictos importantes, como el caso de Paraje San Juan, y otras más en territorio nacional.

Es necesario encontrar un remedio, "ya que la situación es delicada y tiende a agravarse", debido a que en la ciudad de México, como en otras entidades del país, hay focos rojos por esa proliferación de "pleitos" promovidos por litigantes que conocen la temática agraria y que impulsan de manera "irresponsable" a ejidatarios que ya habían cancelado sus pretensiones sobre tierras expropiadas, o a herederos de los dueños originales a pelearlas en los tribunales.

Durante su participación en un foro organizado por la Comisión de Desarrollo Urbano del Senado, que preside el panista Francisco José Fernández de Cevallos, el magistrado García Villalobos insistió en que es un tema que "hay que ver con mucho cuidado", pues ha multiplicado el trabajo en los tribunales agrarios.

En tres años se han duplicado los juicios en el tribunal

"El incremento de trabajo ha sido fenomenal, ya que en los pasados tres años se ha duplicado el número de juicios en el Tribunal Superior Agrario", pues contrariamente a lo que se pensaba en 1997, que la justicia agraria iba en declive al concluir el reparto de tierras, crecen las demandas promovidas mediante argucias legales.

García Villalobos, quien debió ampararse ante la decisión de Vicente Fox de no ratificarlo como presidente de ese tribunal -el titular del Ejecutivo interpuso además una controversia contra el Senado, por ese mismo motivo- precisó que el caso de Paraje San Juan es muestra de esos conflictos creados por abogados poco responsables.

Explicó que conoce a fondo el tema, toda vez que fue delegado en Iztapalapa. En 1976 el Paraje San Juan ya era un problema, dado que en esa demarcación la mancha urbana "se comió a los ejidos y a las comunidades agrarias". Hubo decretos expropiatorios y una serie de acciones que llevaron a cabo gobiernos posteriores para solucionar el conflicto, y durante la administración de Manuel Camacho Solís "hubo un gran decreto expropiatorio para regularizar la tenencia de la tierra, porque ahí viven más de 10 mil familias que no tienen culpa de la situación".

Precisó que incluso hubo la autorización de los comisionados ejidales de aquella época, pero surgió un supuesto dueño y se llegó "al conflicto que todos conocemos".

Lo grave es que en una situación similar está prácticamente toda la zona metropolitana del Distrito Federal y otros conglomerados urbanos de la República. Hay focos rojos, precisó, en Guadalajara, donde existen muchos juicios por restitución de parcelas y tierras. Todo el municipio de Casas Grandes, en Chihuahua, enfrenta también infinidad de pleitos.

La ley no previó estas circunstancias, ya que se trata de tierras que no tienen ya vocación agrícola, son áreas ocupadas por la mancha urbana, por poseedores de buena fe, con ventas de predios inexistentes desde el punto de vista legal, que ahora son reclamadas por quienes fueron supuestamente sus dueños originales, advirtió García Villalobos.

Insistió en que sería optimista hablar sólo de 14 focos rojos -como aludieron autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria-, ya que el problema es delicado y amerita mucho cuidado.

Sin embargo, quiso dar nombres de los abogados que han hecho negocio con esas demandas de restitución de tierras expropiadas.

Sobre el tema, el senador Francisco José Fernández de Cevallos señaló que los comentarios de García Villalobos serán tomados en cuenta, al igual que las palabras de otros ponentes que han participado en 11 mesas de consulta, con el objetivo de elaborar una iniciativa sobre reordenación territorial que permita, entre otras cosas, contar con un sólo registro sobre la situación de todos los predios del país.