Estudio del Centro Pro; carece de mecanismos para controlar a autoridades, señala

Contraviene la Constitución la ley cívica y propicia corrupción

Se pretende garantizar la seguridad de los capitalinos imponiéndoles obligaciones ajenas, dice

SUSANA GONZALEZ Y RAUL LLANOS

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) advirtió que la Ley de Cultura Cívica contraviene la Convención de Derechos del Niño, concede atribuciones a la Consejería Jurídica que corresponden a la Asamblea Legislativa, no establece garantías para los infractores, tipifica conductas ya incluidas en el Código Penal y carece de un mecanismo de control independiente de las autoridades.

Estas y otras seis observaciones fueron hechas por el organismo a los diputados locales antes de que promulgaran la citada ley, el 19 de mayo pasado, "con el objetivo de que se legislara en un marco de derechos humanos, lo cual no sucedió", pues desde su aplicación, el sábado 31 de julio, "ha repercutido negativamente en el respeto y vigencia de los derechos humanos", asegura el Prodh.

En un análisis elaborado por Carmen Herrera y Dulce Sotelo, del Programa de Incidencia en Políticas Públicas y Derechos Humanos del Prodh, el organismo considera que el Gobierno del Distrito Federal pretende "garantizar la seguridad" de los habitantes de la capital, pero imponiéndoles obligaciones que no les corresponden, según señala el artículo 14, cuando la Constitución establece que la preservación del orden público es obligación de la Federación, así como de las autoridades del DF, los estados y municipios.

Vulnera garantías individuales

El estudio alerta que la ley no establece explícitamente las garantías para los presuntos o probables infractores que sean detenidos por la policía preventiva y presentados ante los jueces cívicos, lo cual puede ser violatorio de artículos constitucionales como el 14 y el 16.

Inclusive manifiesta que "se podrían configurar, como ya ocurre, privaciones arbitrarias de la libertad y verdaderos juicios sumarios, y pasar por alto el principio de presunción de inocencia y las garantías de legalidad y debido proceso", sin contar que la policía pueda detener ilegalmente a una persona a solicitud de otra, únicamente para molestarla, lo que propicia también actos de corrupción de los uniformados.

Además, en alusión al registro de reincidentes, indica que "se establece la posibilidad de doble juicio que se encuentra prohibido en el artículo 23 constitucional", y advierte que algunas de las conductas que sancionan los artículos 23 y 24 ya están tipificadas en el Código Penal, como la riña.

Las integrantes del Centro Pro lamentan también que "la ley carezca de un mecanismo independiente de control de las actuación de las autoridades", pues si bien se prevé la creación de un consejo de justicia cívica, éste estará integrado en su mayoría por funcionarios del mismo gobierno y únicamente habrá tres representantes de la sociedad, cuyo nombramiento y remoción corresponde al propio jefe de Gobierno.

Así que las autoridades, asienta el análisis, tienen la responsabilidad de aplicar la ley, pero al mismo tiempo controlarse a sí mismas, lo que "cierra toda posibilidad de escrutinio ciudadano o de vigilancia por una entidad independiente que pueda emitir opinión y recomendaciones respecto de las irregularidades que puedan llegar a cometerse".

En cuanto al tratamiento de menores, el Centro Pro asegura que la multicitada ley pasa por alto las obligaciones asumidas por el estado de México en la Convención de Derechos del Niño, al establecer que los menores entre los 11 y 17 años de edad también pueden ser responsables administrativamente de infracciones y no están exentos de que se les apliquen medidas restrictivas.

Para el organismo resulta "inadecuado" que el jefe de Gobierno sea quien nombre a los titulares de los juzgados cívicos, pues plantea que ello debería corresponder a un órgano colegiado como el consejo de justicia cívica, previsto en la misma legislación, y en el mismo sentido considera que a la Consejería Jurídica, responsable de los juzgados, se le concedieron atribuciones que corresponden a la ALDF.

También sobre este tema, el coordinador de los diputados del PRI en la Asamblea Legislativa, Manuel Jiménez Guzmán, exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a emitir a la brevedad posible la resolución sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Cultura Cívica, en tanto que el Frente de Organizaciones Ciudadanas (FOC) -afín a ese partido- acordó suspender la manifestación del próximo jueves, en la que protestarían contra dicha norma.

En conferencia de prensa, tanto el diputado priísta como los dirigentes del FOC, Alejandro Cazabal y José Granada, expresaron que seguirán su lucha en contra de dicha ley.

Por el lado de la ALDF, la fracción del PRI presentará un punto de acuerdo en la Diputación Permanente para que comparezcan los creadores de dicha ley y expliquen los alcances legales, éticos, morales y sociales que tiene este ordenamiento al perseguir la pobreza, la falta de empleo y la búsqueda de obtener un sustento.

Por su lado, los integrantes del FOC esperarán a tener el encuentro con el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, para hacerle patente su inconformidad y pugnar por que se derogue ese ordenamiento, que "sólo castiga la pobreza".