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México D.F. Miércoles 18 de agosto de 2004 |
Más impuestos a los contribuyentes de siempre
 Al
concluir sus trabajos, los participantes en la Convención Nacional
Hacendaria (CNH), gobernadores, alcaldes, legisladores y el gobierno federal,
convinieron en elevar la recaudación en cinco puntos porcentuales
del producto interno bruto (PIB), unos 350 mil millones de pesos, objetivo
que se pretende lograr vía la aplicación de nuevos impuestos
y la revisión de las tasas del IVA y los productos exentos, a cuenta
de los mismos de siempre: personas y empresas que conforman la base de
causantes cautivos. La convención deja en manos del Legislativo
la definición de los cambios en la aplicación del IVA y así
evita asumir una posición con respecto a la insistente propuesta
de la Secretaría de Hacienda de gravar medicinas y alimentos, pero
abre paso a que el tema sea debatido por tercera vez en el Congreso.
En otras palabras, tras siete meses de trabajos, los representantes
de los poderes Ejecutivo y Legislativo estatales no encontraron otra solución
al problema de la insuficiencia de recursos públicos que la aplicación
de la misma receta que viene proponiendo desde hace tres años el
gobierno de Vicente Fox. Más aún, en el documento Declaratoria
a la nación y acuerdos de la CNH se establece que la reducción
de la evasión y elusión fiscales no resuelve el problema
de la recaudación, por lo que la atención a estos problemas
no se considera prioritaria. Una vez más, ninguna autoridad asume
la responsabilidad de poner remedio a la evasión ni plantea propuestas
en ese sentido.
Mientras tanto, los contribuyentes de siempre siguen sin
percibir los beneficios de pagar cada vez más impuestos; por el
contrario, lo que reciben a cambio son servicios médicos de mala
calidad, desabasto en medicinas, el deterioro en las instalaciones y la
falta de instrumental médico, educación pública deficiente,
malas condiciones de las vialidades y redes carreteras, carencia de agua
potable y otros servicios, y una seguridad pública que no cumple
el cometido de proteger la vida y las propiedades de los ciudadanos. A
esto hay que sumar los efectos perniciosos de los procesos privatizadores
de servicios que dejan en mayor desprotección a quienes pagan por
ellos. A la misma población que ha padecido en los últimos
años el deterioro de los salarios, la pérdida de empleos,
así como las dificultades para hacerse de un patrimonio o sacar
adelante una micro, pequeña o mediana empresa por la falta de liquidez
y de créditos se le pretende cargar la responsabilidad de evitar
la quiebra de las arcas públicas. Esto, mientras los grandes evasores
gozan del amparo de su poder e influencia para no preocuparse por cumplir
con sus obligaciones tributarias.
No sólo el gobierno federal, sino ahora también
los estatales y municipales, avalan la aplicación de reglas fiscales
estrictas que ni siquiera se observan en los gobiernos más conservadores
e igualmente neoliberales. En países desarrollados, empezando por
Estados Unidos, se está utilizando la política fiscal para
incentivar el crecimiento económico vía la reducción
de impuestos. Pero en México priva una política ortodoxa
y se sigue postergando la adopción de medidas que permitan alentar
el consumo, la inversión y superar la recesión. Valía
esperar mucho más de la convención, convocada para avanzar
hacia una reforma hacendaria "ordenada y responsable", que la redición
de una fórmula que no responde a la urgente necesidad de crecimiento
económico para superar graves rezagos.
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