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México D.F. Jueves 19 de agosto de 2004

Madre de afectado emprendió su propia indagatoria

Obstruye MP caso de microbusero que lesionó a 11 personas en Neza

RENE RAMON CORRESPONSAL

Nezahualcoyotl, Mex., 18 de agosto. La fiscalía especial contra delitos del transporte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) obstaculiza la denuncia que se sigue desde hace dos meses contra un operador de la ruta 105, quien en estado de ebriedad provocó un accidente que dejó un saldo de 11 lesionados, uno de ellos de gravedad.

De hecho, el gestor de la empresa, José Luis García, advirtió a la madre de una de las víctimas que el fiscal especial Romualdo Arzate Olascoaga ''no va a dar facilidades al caso por el periodicazo", en relación con la nota publicada en La Jornada concerniente a las anomalías presentadas durante la integración de la averiguación previa.

Tan es así que a casi dos meses de ocurrido el accidente, el Ministerio Público no ha solicitado al hospital de traumatología La Villa, del Distrito Federal, el dictamen médico del joven José Israel Díaz Velasco, quien sufrió múltiples fracturas.

Rosa María Velasco Zaragoza, madre del afectado, denunció que ante la pasividad de las autoridades ministeriales debió contratar un abogado, quien mediante un escrito pidió a la fiscalía que actúe conforme derecho y solicite el expediente clínico.

El dictamen, agregó, resulta fundamental para poder consignar al chofer Roberto Roldán Xingu, actualmente libre bajo caución.

Si el hospital capitalino entrega el escrito, el Ministerio Público podría revalorar las lesiones, pues hasta el momento sólo existe la opinión de la médico legista en turno, quien consideró las lesiones leves, cuando fueron en total 14 fracturas que requirieron de seis operaciones y aún faltan tres cirugías más en pelvis, brazo y pierna izquierda, indicó la madre del joven afectado.

Denunció que el gestor de la ruta 105 busca que se cierre el caso, por lo que ha tenido que conseguir las pruebas que el Ministerio Público debe recoger para que la justicia mexiquense aplique al chofer responsable del accidente el artículo 238, el cual establece que se agrava la penalidad cuando por la magnitud de las lesiones se provoque incapacidad permanente.

El Código Penal vigente en el estado de México indica en el artículo 196, referente a la penalidad al conducir en estado de ebriedad: "si se trata de conductores de vehículos de transporte público, se duplica la sanción económica y penal imponiéndosele de dos a cuatro años de prisión y de 30 a 200 días de multa y suspensión de su licencia por un año".

Rosa María Velasco lamentó la negligencia de la fiscalía especial, que omitió informar que su hijo tenía derecho a cobrar un seguro y sólo con apoyo de los abogados tuvo acceso al expediente completo de la averiguación NEZA/III/4489/04.

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