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México D.F. Jueves 19 de agosto de 2004 |
Doble rasero en Gobernación
 Con
el desacato a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) para que se investigue y castigue a los integrantes de los
cuerpos de seguridad de Jalisco que incurrieron en retenciones ilegales,
tratos crueles y degradantes, torturas físicas y sicológicas
contra un centenar de jóvenes que se manifestaron en la cumbre de
Guadalajara el pasado 28 de mayo, el gobernador panista de la entidad,
Francisco Ramírez Acuña, no sólo descalifica la actuación
de la CNDH en la investigación del caso -al considerar que el informe
presentado por ese organismo es parcial-, sino que pone en tela de juicio
los compromisos nacionales e internacionales de México con respecto
a la vigencia de los derechos humanos y la erradicación de cualquier
forma de tortura.
A pesar de que con esa actitud Ramírez Acuña
está abriendo las puertas a la impunidad y demostrando, como lo
señaló el ombudsman José Luis Soberanes, "desdén
por el orden jurídico mexicano", el titular de la Secretaría
de Gobernación, Santiago Creel, ha optado por mantenerse al margen
del desacato del mandatario panista, argumentando que "las relaciones del
organismo (CNDH) con los estados dependen exclusivamente de dos partes.
Haríamos muy mal en intervenir en una relación que tiene
que ver con una entidad autónoma". Peor aún, se pronunció
en favor de que se deslinden las responsabilidades "independientemente
de los criterios de una u otra parte", lo cual abona a la descalificación
de Ramírez Acuña al informe de Soberanes: en el criterio
del mandatario estatal, la actuación de los policías fue
justificada y legal, por lo que no habría delito que perseguir.
El secretario de Gobernación pasa por alto que
la respuesta a una denuncia de tortura no puede ni debe limitarse al ámbito
estatal, pues, entre otras consideraciones, México tiene obligaciones
como Estado signante de la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Castigos Crueles, Degradantes o Inhumanos, y que dicho instrumento
jurídico tiene rango constitucional. Si no se pone un alto a la
impunidad policiaca castigando a los responsables de los excesos represivos
en Guadalajara, quedará en entredicho todo discurso oficial -estatal
o federal- sobre el supuesto compromiso con la vigencia de los derechos
humanos en el país.
Por otro lado, la postura de la Secretaría de Gobernación
ante este caso evidencia que el gobierno federal maneja un doble rasero
en el reiterado discurso de que nadie puede estar por encima de la ley
y que se debe respetar el estado de derecho; un doble rasero que comparten
también los legisladores panistas que ayer en la Comisión
Permanente cobijaron a Ramírez Acuña al votar en contra del
punto de acuerdo con el que ese organismo del Congreso le pidió
acatar las recomendaciones de la CNDH, y que al mismo tiempo se aprestan
a votar a favor del desafuero del jefe de Gobierno capitalino, Andrés
Manuel López Obrador, por el supuesto desacato a la ley.
Del mismo modo, Santiago Creel se muestra complaciente
con el mandatario estatal de su mismo partido, pero no ha dudado en exigir
al mandatario perredista que enfrente como "hombrecito" el juicio de desafuero
en su contra.
Lamentablemente, esta falta de congruencia en Bucareli
distorsiona la convivencia política nacional al dar muestras de
parcialidad y de trato diferenciado a quienes comparten ideología,
frente a quienes están en la oposición. En el caso de Jalisco,
sería lamentable que se permitiera al gobernador pasar por alto
las denuncias de tortura y las recomendaciones de la CNDH, por lo que es
necesaria una rectificación del titular de Gobernación para
evitar que se sigan mandando mensajes con un doble rasero.
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