Proceso a jefes golpistas

Tribunal alemán busca juzgar a militares argentinos

DPA Y AFP

Nuremberg, Alemania, 20 de agosto. El llamado tribunal de Nuremberg ratificó hoy las acusaciones contra el ex presidente de la junta militar argentina, Jorge Rafael Videla, y otros cuatro jefes de la dictadura, acusados de la muerte de dos alemanes, mientras que en Ginebra el Comité contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas recomendó al actual gobierno argentino que elabore un censo de zonas raciales y étnicas en el país y mejore sus políticas hacia la población indígena.

La fiscalía de la ciudad alemana de Nuremberg resolvió limitar a dos los casos de investigación que inició en 1998, pero mantuvo las órdenes de arresto y las peticiones de extradición contra Videla; el ex comandante en jefe de la Marina, el almirante Emilio Massera; el ex jefe del primer cuerpo del Ejército, zona uno, Guillermo Suárez Masón; el ex comandante de la subzona 11, Juan Bautista Sasiaín; y el ex jefe del centro de detención El Vesubio, Pedro Alberto Durán Sáenz.

Investigan homicidio de estudiantes

Los casos que continuarán en proceso de investigación "por homicidio indirecto" son los de los estudiantes Klaus Zieschank y Elisabeth Kaesemann, secuestrados en 1976 y 1977, respectivamente, y cuyos cuerpos fueron hallados posteriormente, cuando aún estaba dominando la junta militar que gobernó entre 1976 y 1983. Cuando hubo alrededor de 100 alemanes muertos.

Videla, Massera y Suárez Mason, que son mayores de 70 años, cumplen en Argentina con arrestos domiciliarios, por acusaciones de apoderamiento y cambio de identidad de bebés que nacieron en cautiverio, mientras sus madres estaban detenidas o desaparecidas en prisiones clandestinas montadas por el régimen militar.

La extradición de los militares es improbable mientras sigan abiertas las causas en Argentina. En un comunicado, la fiscalía informó de su decisión de cerrar los casos contra otros 69 ex funcionarios de la dictadura, debido a la insuficiencia de pruebas y al hecho de que algunos de los agraviados no contaban con la ciudadanía alemana.

Dos de los militares que ya no serán investigados son Ricardo Miguel Cavallo, extraditado de México a España en 2003, y el ex capitán Alfredo Astiz, acusado en Francia de haber participado en la muerte de dos religiosas católicas francesas.

En Ginebra, mientras tanto, el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU, que vigila el cumplimiento de la convención internacional en la materia, adoptada en 1954, incluyó en sus peticiones al Estado argentino que reconozca en una legislación los derechos de las poblaciones indígenas sobre las tierras de sus antepasados y que se les otorgue personalidad jurídica.

Organizaciones no gubernamentales calculan que en Argentina habitan entre 900 mil y dos millones de indígenas. El guatemalteco Francisco Cali Tzay, uno de los 18 expertos del Comité, manifestó su esperanza de que el país sudamericano remedie la situación económica, política y cultural de los indígenas, "pues el mismo gobierno reconoce una deuda histórica con las poblaciones autóctonas y se ha comprometido a consultar con ellas toda decisión que tome al respecto".