Tlachinollan: Salud debe revisar su política de planificación e indemnizar a víctimas

Demandan sancionar a responsables de esterilizaciones forzadas en Guerrero

Realizar la vasectomía a indígenas con promesas y engaños no es un hecho aislado, dice

ROSA ROJAS

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), de Guerrero, afirmó que en esa entidad "la esterilización forzada de indígenas por medio de engaños no es un hecho aislado" y demandó que la Secretaría de Salud (SS) local acepte y dé cabal cumplimiento a la recomendación 35/2004 emitida por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDH) estatal, de que se sancione a los funcionarios responsables de la esterilización forzada de 14 indígenas me phaa (tlapanecos) de El Camalote, municipio de Ayutla, se indemnice a las víctimas y revise sus políticas de planificación para garantizar que estos actos no se repetirán.

La CDDH precisa en su recomendación que dichas políticas de planificación familiar deben ajustarse a la norma oficial mexicana NOM 005-SSA2-1993 y al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre información de programas de salud a los pueblos indígenas.

Tlachinollan recordó que ya antes, en la región de los na savi (mixteca guerrerense), también en el municipio de Ayutla, otros 16 indígenas fueron convencidos de esterilizarse "bajo el mismo método de promesas y engaños". Este caso ameritó la emisión de la recomendación 041/99 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que fue remitida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) "por la negativa de la Secretaría de Salud para dar cumplimiento, procediendo dicho organismo nacional a confirmar el veredicto local mediante la correlativa recomendación 18/2001".

Agregó que, de acuerdo con lo publicado en un diario local, el jefe del departamento jurídico de la SS estatal, Luis Enrique Díaz Rivera, acusó a Tlachinollan "de tener intereses económicos en el presente caso, lo que a todas luces constituye una argucia defensiva y evasiva" y un argumento falaz. "Resulta preocupante que casos tan evidentes, bien documentados y, sobre todo, sustentados, no sólo por este centro de derechos humanos, sino también por otros dos organismos públicos de defensa de las garantías individuales, no generen una actitud autocrítica de la dependencia responsable, sino que la respuesta sea descalificar a los defensores de derechos humanos", indicó.

Los derechos fundamentales deben constituir un elemento sustancial de las políticas públicas de gobierno, enfatizó; "sin embargo, parece ser que las tendencias del pasado que ubican la defensa de los derechos como enemigo, continúan vigentes, pues sólo eso explica que la defensa del sector salud sea mediante la ofensa hacia los defensores de los derechos humanos".

Detalló el CDHMT que Silverio Remigio Guzmán, Bibiano García Santiago, Bonifacio García Cruz, Crisóforo Manzanares Lorenzo, Artemio Cruz Vicente, Modesto Manzanares Lorenzo, Manuel Cruz Victoriano, Julio Bolaños Lorenzo, Marcelino Santiago Flores, Cipriano Santiago García, Lázaro Carranza Oropeza, Mauricio Cruz Morales, Arnulfo Cruz Concepción y Pascual Eugenio Cruz, el 15 de abril de 1999 y el 11 de julio de 2001 "fueron cooptados" por la brigada sanitaria compuesta por el médico general operativo Ernesto Guzmán León, por el promotor médico Rafael Almazán Solís y por la enfermera Mayra Ramos Benito, quienes les prometieron diversos beneficios gubernamentales a cambio de que aceptaran esterilizarse.

Los citados funcionarios de la SS estatal prometieron a los me phaa, a cambio de la vasectomía, que les construirían una clínica en su comunidad, donde habría un médico de planta y que la clínica iba a tener todos los medicamentos necesarios para su atención. Además "les darían despensas, ropa, cobijas, vivienda y cada año les proporcionarían una beca para sus hijos".

Un método similar se utilizó para convencer en el mismo sentido a 16 indígenas de las comunidades La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán, también del municipio de Ayutla, para esterilizarse. "Como se puede observar estamos en presencia de dos casos que suman el total de 30 indígenas que han sido víctimas del mismo método anómalo de esterilización. Si bien tanto los me phaa como los na savi expresaron su consentimiento en términos de realizarse la vasectomía, dicha voluntad fue motivada a causa de las promesas anómalas expresadas por la brigada sanitaria, mismas que al pasar el tiempo no fueron cumplidas", apunta el Centro Tlachinollan.

Agrega que "en materia de los derechos sexuales y reproductivos el consentimiento informado constituye la pieza clave para analizar este tipo de casos. El motivo que debe determinar la voluntad de toda persona para adoptar cualquier método de planificación familiar debe ser una decisión libre e informada para optar por determinado método de control de la natalidad; sin embargo, en estos casos la determinación de los indígenas para adoptar un método de esterilización fue provocada por las promesas y ofrecimientos dolosos de los funcionarios del sector salud; es decir, su voluntad fue expresada no por la finalidad de controlar el nacimiento de sus hijos, sino por la necesidad de contar con un médico de planta, una clínica abastecida de medicamentos, despensas, becas, cobertores y demás artículos de básica subsistencia. Sacrificaron sus funciones reproductivas a cambio de un derecho que por ley les corresponde, que además no fue cumplido".

En pocas palabras, agrega, el método utilizado por el sector salud "fue abusar de la pobreza y necesidades de subsistencia de los indígenas para convencerlos de (realizarse) la vasectomía, por lo que a todas luces el consentimiento otorgado por los Me phaa y al que se aferra la Secretaría de Salud para justificar su actuar se encuentra manipulado, toda vez que no estamos en presencia de un consentimiento informado, sino ante un consentimiento viciado".

Resalta que, ante la existencia de 30 agraviados, "no se podría argumentar que se trata de casos aislados. Desde 1999 y posteriormente en 2001, tanto la Comisión Estatal como la Nacional de Derechos Humanos solicitaron a la Secretaría de Salud que revisaran sus políticas de planificación familiar; sin embargo, la dependencia ha sido omisa y finalmente permisiva de dichas conductas, pues a la fecha los funcionarios responsables siguen en servicio".