Iván Restrepo

ƑPeras al olmo?

Una de las promesas incumplidas de esta administración se refiere a la efectiva coordinación entre las instancias oficiales del orden local, estatal o federal. El caso de Cancún es uno entre muchos. En el campo ambiental, así como de conservación y uso racional de los recursos naturales la falta de soluciones evidencia que el barco llamado México navega por rutas peligrosas. Por ejemplo, hay serias discrepancias entre Guanajuato y Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas por el destino final del agua de ríos y presas. Necesitan el líquido para garantizar el abasto en las ciudades de León, Guadalajara y Monterrey, restaurar el lago de Chapala y garantizar las siembras de miles de hectáreas en Tamaulipas. En Guerrero, lo mismo que en Chiapas, los campesinos se oponen a la construcción de embalses para generar energía eléctrica. Y en algunas ciudades turísticas los gobernadores tratan de tapar la realidad de lo que pasa, acusando a la autoridad ambiental federal de irresponsable porque ha alertado a la gente sobre los peligros que corre su salud al bañarse en playas contaminadas.

Más graves aún son los desacuerdos entre las entidades del valle de México. Las pugnas y la forma de hacer política aplazan la tantas veces anunciada coordinación metropolitana. A ello se suma la crítica del presidente Fox a la gestión del -pese a sus yerros- más popular funcionario del país.

Precisamente hace una semana el gobierno del estado de México demandó, por segunda ocasión, al Gobierno del Distrito Federal y al gibierno federal, alegando daños y perjuicios equivalentes a 25 mil millones de pesos, ocasionados en los mantos acuíferos ubicados en las cuencas de los ríos Lerma y Chiconautla.

Esa explotación fue autorizada por el gobierno central hace casi 40 años en tanto la ciudad no dispusiera de otras fuentes de abastecimiento hidráulico. A cambio debía efectuar obras sociales en los 39 municipios donde se ubican los acuíferos, además de emprender acciones para recargarlos. Eran tiempos en que gobernaba un solo partido y las cosas se hacían como ordenaba el Señor Presidente, que nunca se equivocaba y por eso sus órdenes eran cumplidas lacayamente por sus secretarios, gobernadores y presidentes municipales.

Si bien hoy existe pluralidad política, que supone más democracia, la coordinación entre las instancias oficiales se hizo más difícil. Así ocurre en el caso del agua y la expansión de la mancha de asfalto en la más importante región del país, donde los problemas se agudizan.

Por principio, en unas cuantas décadas la ciudad se transformó en metrópoli, con más de 30 municipios a su alrededor que crecen más que la propia capital y todos, sin excepción, demandan más agua y dejan perder en las redes de conducción casi 40 por ciento de lo que se inyecta al sistema de abastecimiento. Las tarifas por el servicio son bajísimas, subsidiadas, pero los pobres pagan más que los ricos por el agua de mala calidad que reciben. No hay una política global para recargar el acuífero, sobrexplotado en toda la cuenca.

En respuesta a la nueva demanda, bien podría el gobierno capitalino entablar otras contra los municipios conurbados por la contaminación y los daños a la salud que produce la industria allí existente. Exigir un pago especial por el uso que los habitantes de las ciudades dormitorios hacen del transporte citadino, supersubsidiado. O por daños ambientales debido a que el crecimiento urbano se efectúa sobre áreas ecológicas estratégicas, lo que acelera el cambio climático del Distrito Federal. También podría sumarse a los agravios la falta de control sobre el transporte, que origina mayor contaminación atmosférica y daños a la salud de los capitalinos. Cobrar por la atención que muchos residentes de las entidades vecinas reciben en los centros de salud de la capital.

En vez de demandas o de amenazar con impedir el depósito de la basura citadina en el Bordo Poniente, lo que la clase gobernante, el Poder Legislativo y los políticos deberían propiciar es una estrategia global para resolver los problemas capitales de la cuenca que permita la recarga del manto freático, el tratamiento de las aguas negras y el uso racional del líquido; que regule la expansión de la mancha de asfalto y garantice las áreas de reserva ecológica. Pero, como andan las cosas, es pedir peras al olmo.