"Enganchan a comunidades para que vendan sus tierras"

Confabulados, empresarios y ONG lucran con los recursos forestales

ANGELICA ENCISO L.

El Programa de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales (Procymaf), financiado por el Banco Mundial (BM) en comunidades campesinas de al menos seis estados, promueve el negocio internacional de certificación de madera y el ingreso del sector privado a las propiedades comunales de los bosques, ya que 80 por ciento de ellos está en manos de ejidatarios, y se hace a un lado el desarrollo social, sostuvo Gian Carlo Delgado Ramos, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Precisó que la primera fase del programa se realizó en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Durango y Quintana Roo, y la segunda etapa, que empezará este año, tendrá una inversión total de 28.9 millones de dólares, de los cuales 21.3 millones son aportados por el BM y el resto por el gobierno federal.

En un análisis sobre el trabajo del Procymaf, explica que la finalidad planteada por el BM es mejorar la gestión de los recursos naturales y la conservación por parte de comunidades y ejidos forestales, así como incrementar los ingresos económicos generados por la explotación de los recursos naturales.

Sin embargo, la primera fase del programa ha estimulado el negocio privado forestal con esquemas de mercado, ya que México es uno de los países con mayor extensión de tierra bajo propiedad comunal y ejidal.

Las reformas al artículo 27 constitucional, donde quedó establecida la posibilidad de la compra y venta de tierras ejidales, no han extendido la comercialización de éstas, y por ello la negociación directa con las comunidades es fundamental y una de las líneas a las que se ha enfocado el Procymaf.

Indicó que el "toque verde" lo da el negocio de la certificación de madera, ya que de esa forma se hacen rentables las ganancias, pues se trabaja con Forest Stuwardship Council, que tiene su sede en Oaxaca. Entre los socios de las certificadoras que dan el sello smartwood a los bosques, cuya explotación se hace bajo parámetros sustentables, están papeleras y fabricantes de muebles. En México se estima que hay alrededor de 20 mil hectáreas certificadas.

Mencionó que los socios minoritarios son las organizaciones no gubernamentales (ONG), las cuales "enganchan a ejidatarios y comunidades forestales en un marco de actores privados locales, que negocian los recursos nacionales con el aval de los primeros y, desde luego, de funcionarios gubernamentales domésticos".

En el fondo, lo que hace el Procymaf es lanzar al mercado a productores con cierta cantidad de tierras y algún grado de organización para la venta de sus recursos. Además, quienes obtienen el grueso de las ganancias no son los campesinos, sino los que certifican, procesan y exportan, señaló Delgado.

Sumado a ello, indicó, el BM, según la misma institución ha reportado, busca identificar los problemas de organización de las comunidades, los tipos de propiedad de éstas en el manejo y explotación forestal; grados y causas de la deforestación, y la situación en términos sociales, económicos y políticos del sector forestal.