Resolverá sobre la controversia de la Asamblea Legislativa

Ante el pleno de la Corte, un punto clave del conflicto

Dictaminará sobre el desechamiento del ministro Aguirre

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver si da entrada o ratifica el desechamiento de la controversia constitucional promovida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en contra del desafuero del jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador.

Por unanimidad, los cuatro ministros que integran la primera sala del máximo tribunal turnaron el caso al pleno para que resuelva si ''fue correcto o incorrecto'' que el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano haya desechado por ''improcedente'' la controversia planteada por la ALDF.

En caso de que el pleno de la SCJN determine que es procedente el recurso de reclamación interpuesto por los legisladores capitalinos contra el desechamiento, se dará inicio a un juicio de controversia constitucional en el cual se deberá resolver, posteriormente, si la sección instructora de la Cámara de Diputados tiene facultades para iniciar un juicio de procedencia contra López Obrador, o ese derecho corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Sin embargo, en caso de ser aceptada la controversia planteada por la ALDF, según fuentes judiciales el máximo tribunal no entrará al análisis de varios de los puntos contenidos en esa solicitud de controversia constitucional.

Entre esos puntos se encuentran que la Suprema Corte revise si fue correcto que un juez de distrito haya dado vista al Ministerio Público Federal para que se iniciara una averiguación previa en contra de López Obrador, por el delito de violación a una suspensión de amparo relativa al predio El Encino. Otro de los puntos que no analizará la Corte es el contenido y sustento jurídico de la averiguación previa 1339/FESPLE/2001, respecto a esa inejecución de amparo; tampoco se verá si el acuerdo por el que el Ministerio Público Federal solicitó el desafuero de López Obrador es legal.

Lo anterior, indicaron las fuentes, en virtud de que el máximo tribunal analiza cuestiones constitucionales y no situaciones que se pueden ventilar en juicios de amparo.

Pero antes de que la SCJN pueda siquiera analizar la controversia constitucional planteada por la ALDF, se debe resolver si se acepta o no ese recurso, el cual fue desechado por ''notoriamente improcedente'' el pasado 7 de julio.

Para que este caso fuera conocido por el pleno de la Suprema Corte, los ministros que integran la primera sala -Olga Sánchez Cordero, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Juan Silva Meza- apoyaron la propuesta del ministro José Ramón Cossío Díaz.

La resolución de la primera sala fue considerada como ''una muy buena noticia'' por la presidenta de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Lorena Villavicencio.

Durante la entrevista que concedió en la Suprema Corte, la legisladora dio muestras de evidente desconocimiento de derecho, ya que afirmó que ''depende de lo que determine la Cámara de Diputados'' si el caso de El Encino llegará ante un juez, ''porque si la cámara... determina no desaforar al jefe de Gobierno, en ese momento se acabó el asunto, se cierra el expediente'', situación que no es así, ya que en caso de que no proceda el desafuero, la Procuraduría General de la República (PGR) esperará a que López Obrador renuncie al cargo o bien termine su mandato para solicitar la orden de aprehensión correspondiente.

Sin embargo, la diputada local reiteró una y otra vez que ''como el caso todavía no está ante un juez, López Obrador'' puede ser candidato a la Presidencia, y mencionó que ''todavía no se ejerce formalmente la acción penal en contra del jefe de Gobierno, y mientras no se dicte orden de aprehensión, Andrés Manuel no queda inhabilitado, quedaría inhabilitado una vez que se dicte una sentencia; si no hay sentencia a nadie se le pueden retirar sus derechos políticos''.

Agregó que la Procuraduría General de la República solicitó indebidamente el desafuero de López Obrador, sin que un juez hubiera emitido la orden de aprehensión. Sin embargo, de acuerdo con la ley penal, el Ministerio Público Federal no puede solicitar ningún mandamiento judicial en contra del jefe del Gobierno capitalino hasta en tanto no se le retire el fuero o termine su encomienda.

Villavicencio, quien se retiró molesta del recinto del Poder Judicial, señaló que López Obrador es objeto de un linchamiento y aislamiento por parte del gobierno de Vicente Fox, ya que no ha cometido ningún delito.