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México D.F. Jueves 26 de agosto de 2004

Como ha dado cuenta este diario en los últimos días, el arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, se ha sumado a la campaña del gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, para desacreditar el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el que se documentan los tratos crueles y degradantes, así como las torturas físicas y sicológicas, perpetrados contra altermundistas el pasado 28 de mayo en el contexto de la cumbre de Guadalajara, y justificar el desacato a las recomendaciones de ese organismo para que se investigue y sancione a los servidores públicos implicados en los abusos. Con mofas al ombudsman José Luis Soberanes por las precisiones que le hace en una carta y con desafortunadas declaraciones señalando que los derechos humanos y la CNDH "son dos cosas distintas", dado que ésta "únicamente se dedica a defender delincuentes", el cardenal Sandoval malinforma a la población sobre los propósitos de la institución encargada de vigilar el respeto a los derechos humanos en el país y cobija la maniobra del gobierno panista de Jalisco para garantizar la impunidad de los represores. Cabe señalar que el jerarca católico no es el único que se ha plegado a la campaña; también los empresarios se han dejado convencer con los videos repartidos por Ramírez Acuña, en los que se pretende mostrar a los manifestantes como delincuentes contra quienes estaría justificado el uso excesivo de la fuerza y toda clase de vejaciones.

Congruente con esta distorsión informativa, Sandoval Iñiguez se hace eco del pensamiento ultraconservador contra el que han tenido que luchar las comisiones de derechos humanos en todo el mundo, según el cual quienes promueven y procuran la vigencia de las garantías fundamentales pretenden con sus denuncias desprestigiar a los gobiernos y "paralizar a los policías" para que no actúen contra los delincuentes. Coincidentemente, la postura del cardenal encaja a la perfección con el discurso y los propósitos del mandatario estatal, lo que no deja lugar a dudas de la ideología decimonónica con la que comulga ese gobierno panista y que, por obvias razones, no debiera tener lugar en el México democrático.

Desacreditar a la CNDH sirve a los propósitos de los represores, a quienes incomoda la función de dicho organismo, y afecta gravemente la imagen de México en el exterior, así como la credibilidad en cuanto a los compromisos adquiridos sobre la defensa de los derechos humanos y la erradicación de cualquier forma de tortura.

Contra las pretensiones del alto clero en Guadalajara y del gobierno jalisciense, y más allá del falso debate que ambos plantean, el ombudsman nacional vuelve a llamar la atención sobre el tema central: "no se pueden combatir actos ilícitos con otros actos ilícitos".

En un estado de derecho, los delitos se sancionan con apego a la ley y no con inopinadas justificaciones para torturar.