Compareció ante legisladores que analizan los hechos de violencia en Guadalajara

Ramírez Acuña debe aceptar el informe de la CNDH: Soberanes

Los propios reportes oficiales acreditan la violación a derechos de los detenidos, dice

VICTOR BALLINAS Y JOSE ANTONIO ROMAN

Por salud de la República, lo que más convendría es que el gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, "cambie de actitud" y acepte el informe especial sobre los hechos de violencia durante la cumbre de Guadalajara que le envió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseveró ayer el ombudsman José Luis Soberanes Fernández. "Las violaciones a los derechos humanos -detenciones ilegales, arbitrarias, torturas, incomunicación, tratos crueles y degradantes- se acreditan no sólo con los testimonios de los afectados, sino con los propios informes gubernamentales".

Al comparecer ayer ante la Comisión Plural de Legisladores -integrada por diputados y senadores-, constituida para analizar los hechos de violencia ocurridos en Guadalajara los días 28 y 29 de mayo, durante la realización de la Tercera Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, el presidente de la CNDH aseveró que "no se pueden combatir actos ilícitos con otros ilícitos. Hay que distinguir dos momentos en el informe: uno, los hechos de violencia que se dieron en la calle, y otro, lo que ocurrió después, cuando los detenidos fueron llevados a instalaciones policiacas".

Subrayó que en el informe que dirigió al gobernador de Jalisco se deja en claro que el trabajo de la policía en los hechos violentos que se vivieron en la calle "fue correcto; nosotros no estamos en contra de la policía y su actuación; la seguridad pública es un derecho humano que hay que respetar. Sin embargo, el problema es lo que pasó después en los centros de detención con las 118 personas que fueron arrestadas a raíz de los hechos de violencia. Ahí nuestros visitadores no tuvieron acceso, y ahí detectamos las violaciones a los derechos humanos".

El ombudsman nacional destacó ante diputados y senadores: "no nos oponemos a la labor de la policía ni a la seguridad pública, ni mucho menos a que quien haya cometido delitos los pague, que vaya a la cárcel, pero lo que no se puede hacer es combatir ilícitos con ilícitos".

Al término de su comparecencia, Soberanes se reunió en privado, durante más de una hora, con el senador Diego Fernández de Cevallos, coordinador panista en el Senado, para abordar el caso Jalisco.

Ahí, el ombudsman habría pedido al senador su intervención para que el gobernador de Jalisco acepte el informe especial que le remitió sobre la violencia en Guadalajara, pues la situación es delicada. Le dijo que el mandatario estatal no puede decir a todo que no, porque con la propia información del gobierno del estado -procuraduría, hospitales, un centro penitenciario y Seguridad Pública estatal- se da cuenta de los excesos que se cometieron.

En la reunión, Soberanes habría expuesto a Fernández de Cevallos las irregularidades y violaciones a los derechos humanos que se cometieron no durante los disturbios, sino cuando las 118 personas estaban detenidas, y le solicitó que "se buscara una solución para recomponer la situación".

Durante la comparecencia, el ombudsman nacional destacó que su informe especial es una investigación que consta de 15 mil 237 fojas, de las cuales el procurador general de Justicia del Estado le remitió casi 2 mil; la Cruz Roja de Guadalajara, 13; el director del Centro Penitenciario de Jalisco, 123; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 371; 10, el alcalde de Guadalajara; tres, el procurador de Justicia Militar; tres, el secretario de Seguridad Prevención y Readaptación Social del estado; ocho, la Secretaría de Seguridad Pública federal, y cinco, Seguridad Pública de Guadalajara.

Además, la CNDH, dijo Soberanes, realizó 592 diligencias que se refieren a declaraciones de agraviados, testimonios, inspecciones oculares y certificados médicos, entre otros. Explicó que hubo obstáculos del gobierno estatal al desarrollo del trabajo de la comisión, y que no se les permitió el acceso al lugar donde estaban detenidas las 118 personas la noche del 28 de mayo, en el cual "se les retuvo de manera ilegal".

Detalló que las detenciones ilegales, las incomunicaciones a que fueron sometidos los detenidos, los tratos crueles, degradantes y torturas constatadas, muestran que hubo violaciones a los derechos humanos.

Informó que de los 118 detenidos, sólo se puso a disposición del Ministerio Público a 49, y de éstos, 45 fueron consignados y 61 dejados en libertad, pero antes se les retuvo ilegalmente, no se les permitió tener abogados ni ver a sus familiares. "A las mujeres se les desnudó, se les hizo hacer sentadillas y se les revisó, y a algunos hombres se les puso bolsa de plástico en la cabeza para que se declararan culpables".

La CNDH, aseguró Soberanes, acreditó 15 detenciones arbitrarias, 73 retenciones ilegales, 19 casos de tortura, 73 de incomunicación y que 55 personas recibieron trato cruel y degradante.

En la sesión de preguntas y respuestas, los legisladores manifestaron que "alguien de los dos miente. El gobernador Ramírez Acuña nos dijo que los visitadores estuvieron en todo momento con los detenidos, que nunca les faltó agua ni comida, que no estuvieron incomunicados y que las fuerzas de seguridad pública en ningún momento violaron los derechos humanos de los manifestantes", expuso el diputado Guillermo Velasco, del Partido Verde.

Insistió: las autoridades del gobierno del estado "nos dijeron a mí y al diputado Gilberto Ensástiga, del PRD, que ustedes nunca vinieron a solicitarles informes, pero usted ya nos enseñó y entregó los informes que le rindió el procurador. Entonces no fue enteramente cierto lo que nos dijeron".

Soberanes dijo que el informe se hizo no sólo con los testimonios de los detenidos, e insistió en que a los visitadores de la CNDH no se les permitió el paso a donde tenían a los detenidos.

A pregunta del perredista Gilberto Ensástiga sobre la opinión del cardenal Sandoval Iñiguez, quien dijo que la CNDH defiende a delincuentes, Soberanes manifestó: "con el mayor de los respetos para la investidura del cardenal Sandoval Iñiguez, yo le pediría que se abstuviera de hacer comentarios respecto de un tema que él no conoce, porque quien va a salir afectada es la institución que él representa, la Iglesia católica".