Rechaza la titular del área en el GDF que esté dirigida sólo a los pobres

Con la ley cívica se busca combatir la impunidad en las calles: funcionaria

Los abusos no sancionados generan tensión y agresividad entre los ciudadanos, señala

BERTHA TERESA RAMIREZ

La impunidad ante las faltas cívicas que diariamente se cometen en la ciudad de México ha generado un clima de tensión y agresividad entre la población, señaló la directora de Justicia Cívica del Gobierno del Distrito Federal (GDF), María de los Angeles Correa. Advirtió que uno de los riesgos del desorden que priva en las calles y otros espacios públicos de la ciudad, como los paraderos del Metro, las afueras de hospitales y oficinas y zonas comerciales, es que la gente termine haciéndose justicia por su propia mano.

Hay mucha fricción en la calle, advirtió; la vía pública se ha convertido en establecimiento de "mil actividades que se realizan de forma desbordada", con riesgos para la integridad de todos, que comienzan por empujones o insultos y que terminan en riñas y denuncias ante el Ministerio Público, o que generan cadenas de agresión que incrementan la tensión.

Expuso que las estadísticas muestran que atrás del delito de lesiones dolosas siempre hay un problema de justicia cívica, que también incide en ilícitos más graves, como los homicidios por alcoholismo, entre otros, que se cometen con "mucha violencia". La funcionaria citó el caso del conductor que arrolló a varios niños de una escuela de prescolar en Ecatepec, que utilizaba la calle por carecer de espacio para que los menores tomaran el recreo.

La entrevistada dijo que dicha presión se ve reflejada en las más de 85 mil denuncias que anualmente se presentan en los juzgados cívicos, de las cuales 50 por ciento están relacionadas con infracciones por ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados; 30 por ciento por impedir o estorbar el uso de la vía pública o la libertad de tránsito, y 20 por ciento por orinar o defecar en la calle.

En defensa de la Ley de Justicia Cívica, indicó que si bien el desempleo es una realidad en la ciudad y el país, esto "no implica que se tenga permiso para violentar o transgredir al otro". Las personas que se ven en la necesidad de realizar un empleo en la calle deben cumplir algunos requisitos; por ejemplo, acudir a la Subsecretaría del Trabajo -al área de trabajo no asalariado-, "la cual se encarga de dar autorización, conjuntamente con las delegaciones, para que la gente pueda realizar actividades en la vía pública; de ninguna manera se está cerrando esa posibilidad, lo que sí es necesario es que se haga con orden y sin abuso".

Señaló que inclusive los programas de reordenamiento de la vía pública en las 16 delegaciones obligan al comercio ambulante a cumplir reglas, como no colocar estructuras fijas, no rebasar ciertas dimensiones, además de que establecen claramente los lugares donde pueden instalarse para no afectar el tránsito u obstaculizar los servicios de protección civil.

Alertó que de no tomar medidas para evitar los conflictos en las calles, la situación "se puede desbordar", sobre todo en lugares muy problemáticos, como afuera de hospitales con servicios de emergencia, donde personas que requieren de esa atención se ven imposibilitadas de estacionarse porque los lugares están ocupados por huacales, "y si no pagas no te bajas del coche, a pesar de que se trata de una emergencia; estas cosas en ningún lugar se pueden permitir". Otros sitios de conflicto son los paraderos del Metro, sobre todo los que tienen rutas que conectan con el estado de México, donde diariamente se originan múltiples denuncias de usuarios que se quejan de las agresiones de que son víctimas, por parte de vendedores ambulantes, cuando pisan los puestos.

Aclaró que la ley no está dirigida a los pobres; entre sus objetivos está el de acabar con el influyentismo, que ha tomado las calles por medio de jóvenes bien que las utilizan para realizar arrancones y que creen que por tener dinero pueden poner en peligro a los demás, o insultar o agredir.

También se refirió a personas de clases media o alta, que llegan a los juzgados diciendo: "¡Sí lo insulté; ¿cuánto debo pagar?" O que increpan a los jueces: "¿Cuánto quieres?" O bien, que señalan que su reloj cuesta más de lo que gana un juez en un año, y que no conciben que alguien que gane menos les vaya a imponer una sanción. Rechazó que la ley sea para la gente que no tiene dinero; "hay gente que tiene dinero y por ello cree que puede comprar la justicia y que puede abusar". Antes de concluir, adelantó que en tres meses esa dependencia, conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública, hará un balance de los resultados que se han tenido con la nueva legislación y, en su caso, se adecuará lo que se sea necesario.