Rogelio Montemayor Seguy, ex director de Pemex

Cronología del caso

Hace casi tres años, la Procuraduría General de la República (PGR) hurgaba en los archivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para procesar penalmente a su ex director, Rogelio Montemayor Seguy, por cinco delitos, algunos de ellos graves: delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado electoral, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

En los dos desgloses iniciales de la averiguación previa del llamado Pemexgate, nunca la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) pudieron ofrecer pruebas de los tres primeros, considerados delitos graves. Esa es la razón por la que el ex director de Petróleos Mexicanos fue extraditado ayer de Estados Unidos sólo por los delitos de peculado y de uso indebido de atribuciones y facultades, por lo que no pisó la cárcel.

De Pemex al Pemexgate

El presidente de la República, Ernesto Zedillo, nombró el 15 de diciembre de 1999 a Rogelio Montemayor director general de Pemex. El ex gobernador de Coahuila dijo al asumir el cargo que era "un honor y una gran responsabilidad".

En mayo de 2000, el director de Pemex transfirió sin autorización del consejo de administración dos cheques por la suma de mil 100 millones de pesos, mismos que fueron depositados por el sindicato petrolero en un banco de Houston, para ser regresados a México en las cuentas bancarias del PRI. Se inició el escándalo al que se llamó Pemexgate.

El 21 de junio, Germán Martínez, diputado del PAN, y Ramiro Berrón, empleado de Pemex, denunciaron ante la PGR malos manejos en la administración de Montemayor, a quien acusaron de desviar recursos de Pemex a la campaña del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Francisco Labastida Ochoa.

Al asumir la Presidencia de la República Vicente Fox Quesada, Montemayor renunció y fue nombrado director general Raúl Muñoz Leos. Un mes después (enero de 2001), la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) inició la auditoría al ejercicio presupuestal de Pemex de 1997 a 2000.

El 10 de diciembre de 2001, la Secodam presentó denuncia penal ante la PGR por el irregular manejo de los recursos federales en la administración de Petróleos Mexicanos. La PGR inició la averiguación previa PGR/UEDO 182/2001.

Un mes después fueron arraigados por la PGR los primeros funcionarios involucrados en el Pemexgate: Melitón Cázares, Andrés Heredia y Alonso Beraza, ex miembros del área de finanzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El 30 de enero de 2002, el ex director de la paraestatal envió un documento a la PGR en el cual negaba los señalamientos en su contra por el presunto desvío de recursos de Pemex hacia el PRI.

En marzo de 2002, la Secodam amplió su demanda en contra de los funcionarios de Pemex involucrados en el desvío de recursos hacia la campaña de Labastida, y sumó 480 millones de pesos más, por lo que la cantidad de la querella penal se elevó a mil 580 millones de pesos.

La defensa de Montemayor informó en abril de 2002 que la PGR no le había dado acceso al expediente y que sistemáticamente le negaba la información del caso. Transcurrió un mes y la defensa del ex funcionario interpuso un amparo por medio del cual exigía a la PGR que le exhibiera el expediente.

El juez 13 de distrito de procesos penales federales, José Luis Moya Flores, giró el 5 de mayo la orden de aprehensión 45-02 en contra del ex director de Pemex y de los ex funcionarios Carlos Juaristi Septién, Juan José Domene y Julio Pinter, considerándolos prófugos de la justicia.

El primer día de julio de 2002, Montemayor se entregó ante una corte federal de Estados Unidos, con el fin de enfrentar un proceso de extradición interpuesto por el gobierno mexicano.

La historia de la extradición

El 20 julio de 2004 se confirmó la audiencia del juicio de extradición contra el ex director de Pemex, luego de dos años de trámites, cuatro aplazamientos y un cambio de juez.

Montemayor anunció que apelaría su extradición a México ordenada el 23 de julio del presente año por el juez federal Lynn N. Hughes en Houston, Texas, por las acusaciones de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. El juez fijó el día 11 de agosto como límite para que la defensa, encabezada por Mike DeGuerin, apelara la sentencia.

Montemayor dejó de estar bajo monitoreo electrónico luego de que el juez federal que entendía en su caso ordenó remover el brazalete que el ex funcionario portaba desde el 11 de octubre de 2002.

El 26 de julio ingresó en prisión en Texas a la espera de que Washington lo extraditara. El juez Lynn N. Hughes le negó la posibilidad de seguir en libertad bajo caución después de que el gobierno de México ganó el juicio de extradición y, por ello, a partir de esa fecha el procesado quedó detenido y bajo la custodia de las autoridades de Estados Unidos.

El jueves 2 de septiembre el ex director de Pemex llegó a la ciudad de México, luego de que el gobierno de Estados Unidos concedió su extradición por el delito de peculado y ejercicio abusivo de funciones. El procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, señaló que se respetarán las garantías del ex funcionario, por lo que giró instrucciones para que no fuera detenido, atendiendo a la suspensión definitiva de que goza.

El de Montemayor es considerado el caso de extradición más sonado entre Estados Unidos y México desde el que tuvo lugar la década pasada con el ex subprocurador Mario Ruiz Massieu, en una corte de Newark, Nueva Jersey.

De acuerdo con el tratado entre Estados Unidos y México del 4 de mayo de 1978, el país vecino extraditó este jueves a Rogelio Montemayor.