Fallo judicial ordena restituir mil 936 hectáreas a ejidatarios de San Pedro Tultepec

Acusan a Salazar Adame de desacato; podría dejar el cargo

Entregar la superficie en litigio crearía un conflicto social, responde el titular de la SRA

MATILDE PEREZ U. Y VICTOR RUIZ ARRAZOLA REPORTERA Y CORRESPONSAL

Tras un largo litigio que se inició en 2000, los ejidatarios de San Pedro Tultepec, municipio de Lerma, estado de México, lograron que el décimo tribunal colegiado en materia administrativa responsabilizara al secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, de asumir una actitud contumaz por no acatar las diversas notificaciones que se le enviaron el año pasado para entregar mil 936 hectáreas a los campesinos.

La actitud de contumacia del funcionario puede culminar con una resolución que, en términos de la fracción 16 del artículo 107 constitucional, ordene separar del cargo a Salazar Adame, y la consignación penal ante el juez federal, destacó en su resolución para dicho caso el citado tribunal, presidido por el magistrado Homero Fernando Reed Ornelas, y cuyo expediente fue turnado ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que determine lo que legalmente proceda.

El secretario interrumpió gira por Oaxaca

La temprana difusión del resolutivo del tribunal colegiado llevó a Salazar Adame a interrumpir una gira de trabajo por Oaxaca, y por la tarde, en conferencia de prensa, negó que haya incurrido en contumacia e irresponsabilidad. ''La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) no ha incurrido en tardanza ni contumacia, ni tampoco ha actuado con dolo; se han hecho los trabajos técnicos requeridos. Esta semana se acreditará que es excusable el incumplimiento, dado que existe imposibilidad jurídica y material para ejecutar en su totalidad la resolución presidencial y ordene se instaure el incidente de pago sustituto''.

Explicó que la autoridad agraria no puede entregar las mil 936 hectáreas reclamadas por los ejidatarios, sino sólo 272, porque el resto de la superficie está ocupada por los ejidos Capulhuac, San Pedro Tlaltizapán, San Miguel Chapultepec, San Sebastián, San Lucas y San Mateo Atenco, que en total suman mil 102 hectáreas, y además ''se detectó que existen grupos campesinos que ocupan irregularmente parte de la superficie dotada al ejido San Pedro Tultepec'', dijo, aunque no especificó la superficie invadida.

''Entregar la superficie reclamada por los ejidatarios de San Pedro Tultepec implicaría crear un conflicto social, ya que se ocasionaría un mayor daño en perjuicio de los campesinos de los cinco ejidos", insistió, y refrendó que en tanto la SCJN no resuelva sobre el expediente que le turnó el citado tribunal colegiado, no se separará del cargo porque ''no he violentado ninguna ley''.

Ante la posibilidad de un conflicto social, lo que procede es un pago sustituto a los ejidatarios de San Pedro Tultepec, aunque el monto de la indemnización lo tiene que establecer la Comisión de Avalúos y Bienes Nacionales.

Salazar Adame descartó que sea un asunto político; los magistrados, comentó, actúan conforme a su mandato y ''a mí me corresponde acatar la ley y no ofrezco rebeldía''. Ayer por la mañana, el secretario inició un recorrido por las redacciones de algunos periódicos en la capital de Oaxaca, y por la tarde tenía una reunión con diversos representantes de medios de comunicación para detallar el rubro en materia agraria expuesto por el presidente Vicente Fox durante su Informe. Sin embargo, antes de las 13 horas regresó por vía aérea a la ciudad de México.

La superficie que reclama San Pedro Tultepec le fue otorgada por resolución presidencial el 26 de diciembre de 1929, y publicada en el Diario Oficial hasta el 4 de marzo de 1930; fue el 28 de agosto de ese año que se le dotaron 510 hectáreas de la Ciénega del Río Lerma. La Comisión Nacional Agraria (autoridad en esos años) inicialmente había dispuesto que se les entregarían 516 hectáreas, pero adujo ''imposibilidad material''.

A lo largo de 70 años, los ejidatarios reclamaron las tierras no dotadas, pero hasta el año 2000, con la asesoría del despacho Tierra y Libertad que encabeza la abogada Bárbara Zamora, dieron continuidad a la disputa jurídica que los llevó a interponer el amparo 768-2001, en el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa; durante ese tiempo también fueron sujetos de presión para aceptar menos de la superficie dotada, e incluso las autoridades agrarias les giraron oficios en los que argumentaban que no podían entregarles las tierras, porque el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo tenía 2 mil 14 hectáreas; además había iglesias, escuelas, hospitales y diversas instalaciones.

Lo cierto es que las tierras que reclaman los ejidatarios son cercanas a la autopista México-Toluca, están dentro del desarrollo industrial Lerma y cercanas al reducto turístico de La Marquesa. Tal es la riqueza, que incluso las autoridades, el 26 de diciembre de 2002, pretendieron declarar área natural protegida; los ejidatarios se ampararon en contra de ello y se les otorgó el recurso.

Argumentaron que en el gobierno de Carlos Salinas se desincorporaron de los bienes del dominio público las lagunas del río Lerma y se autorizó a la Secretaría de Desarrollo Social poner dicha superficie a disposición de la SRA, para satisfacer las necesidades de tierra de los núcleos de población ribereños. A partir de entonces, los ejidatarios -a través de su asesora jurídica- reiteraron que no había justificación de la autoridad para cumplir con la resolución presidencial; su omisión implicaba perjuicios a los núcleos beneficiados.

El jurídico de la Reforma Agraria interpuso un recurso de revisión, sin embargo, el amparo concedido a los ejidatarios fue ratificado el 8 de enero de 2003, y a partir del día 27 de dicho mes la juez del séptimo distrito en materia administrativa demandó al titular de la SRA informara sobre el cumplimiento de la ejecutoria; dichas exigencias se presentaron el 19 de marzo, el 25 de abril y el 29 de mayo de ese año. Ante el silencio de la dependencia federal, el 30 de junio la juez pidió al presidente Vicente Fox, en su carácter de superior jerárquico, obligara al titular de la secretaría (Salazar Adame) a cumplir con la entrega de las mil 936 hectáreas.

Agotados todos los procedimientos jurídicos, la juez del citado tribunal remitió el expediente del juicio de amparo al tribunal colegiado en materia administrativa, el cual fue admitido el 5 de abril de 2004, y nuevamente se pidió al presidente Fox y a las autoridades agrarias que en un término de diez días demostraran al tribunal el acatamiento de la ejecutoria motivo del amparo.

Sin embargo, Salazar Adame aseguró que en marzo de este año ordenó la ejecución parcial de la resolución presidencial, es decir, la entrega de 272 hectáreas, las cuales -abundó- los ejidatarios se negaron a recibir porque reclamaban la entrega de mil 426 hectáreas. El 27 de abril la SRA, acotó, giró el oficio 14580 al juzgado informando que la ejecutoria del amparo estaba en vías de cumplimiento; ese mismo día, en el oficio 14581, también solicitó al décimo tribunal colegiado en materia administrativa declarara improcedente el incidente de inejecución de la sentencia, porque las ''autoridades responsables no han sido contumaces en el cumplimiento de la resolución presidencial''.