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México D.F. Miércoles 8 de septiembre de 2004 |
Justicia desvirtuada
 Con
el fallo emitido ayer por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) que desechó en definitiva la demanda de controversia
constitucional interpuesta por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) para impedir el juicio de procedencia contra el jefe de Gobierno
capitalino, Andrés Manuel López Obrador, se dio un paso más
en la distorsión de la legalidad y se allanó el último
obstáculo para que diputados priístas y panistas juzguen
-y condenen- a quien tienen como inequívoco adversario político
por un delito cuya inexistencia fue palmariamente demostrada hace un par
de días. En efecto, cuando el gobernante del DF inauguró
la vía alterna al hospital ABC, que no pasa por el predio de El
Encino, se despejó cualquier posible duda sobre el acatamiento de
López Obrador a la resolución de amparo lograda por un presunto
dueño de ese terreno.
Anteayer, en declaraciones publicadas por este diario,
el presidente de la Corte, Mariano Azuela Güitrón, reconoció
que en el Poder Judicial hay 74 casos de inejecuciones de sentencia por
funcionarios de todos los niveles -desde el titular del Ejecutivo hasta
presidentes municipales- sin que ninguno haya sido removido de su cargo
y consignado ante un juez de distrito. El hecho es que al máximo
organismo judicial del país no se le ha ocurrido, hasta ahora, facilitar
la remoción o el desafuero del Presidente, de un alcalde o de cualquier
otro funcionario, y que ha venido facilitando, en cambio, el juicio de
procedencia contra el gobernante capitalino. El tratamiento de excepción
otorgado en este sentido a López Obrador -con el pretexto técnico
de que no es un desacato sino la violación de una suspensión
definitiva- constituye un dato alarmante sobre la parcialidad y la discrecionalidad
con que opera el sistema de procuración e impartición de
justicia del país.
Son tan evidentes la inequidad y el faccionalismo de la
justicia en el caso del jefe del Gobierno del Distrito Federal, y tan patente
la cadena de simulaciones, que ya empieza a verse la urdimbre de un proceso
"legal" contra el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame,
por el real o supuesto desacato a una orden judicial que lo obligaría
a cumplir una entrega de tierras acordada por una orden presidencial de
1929 a un pueblo del estado de México y que, de realizarse, implicaría
la afectación de cinco ejidos aledaños. Con los antecedentes
de los manejos políticos, judiciales y propagandísticos del
actual gobierno, no hay razón para descartar que Salazar Adame,
priísta, lejano al Presidente y titular de una dependencia que carece
de atribuciones reales en el foxismo, fuera sacrificado -es decir, destituido
y sometido a proceso- a fin de hacer más presentable el linchamiento
legal de López Obrador y ofrecer a la opinión pública
una fachada de imparcialidad y de apego intransigente a la legalidad.
En contraste con los expeditos trámites legales
orientados a procesar al jefe de Gobierno capitalino por un delito que
evidentemente no cometió, los encargados de la procuración
e impartición de justicia permiten -por incapacidad, por dolo o
por ambas cosas- que presuntos delincuentes que se dieron a la fuga como
Carlos Cabal Peniche, Isidoro Rodríguez, El Divino; Oscar
Espinosa Villarreal y ahora Rogelio Montemayor -bajo cuya responsabilidad
como director de Pemex se desviaron 100 millones de pesos de la paraestatal,
por vía del sindicato petrolero, para la campaña de Francisco
Labastida de hace cuatro años- enfrenten sus respectivos procesos
judiciales en régimen de libertad condicional y en la comodidad
de sus correspondientes fortunas. Tal es el espectáculo de la justicia
en nuestro país.
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