Es empezar por la propia casa, para luego fiscalizar a los otros poderes: César Jáuregui

Presentan anteproyecto de ley para evitar el tráfico de influencias de legisladores

ANDREA BECERRIL

Avalado por todas las fuerzas políticas, se presentó ayer ante el pleno del Senado de la República el anteproyecto de dictamen para evitar la corrupción entre los legisladores al frenar el tráfico de influencias y el conflicto de intereses entre diputados y senadores, además de acotar el fuero para que no gocen del mismo quienes hayan solicitado licencia o incurrido en delitos graves.

La intención, según la definió el senador panista César Jáuregui, es "empezar por la propia casa y limpiar las conductas y actuaciones de los legisladores, para poder luego fiscalizar a los otros poderes".

La senadora Erika Larregui, del Verde Ecologista -quien llegó a esa cámara luego de que el dirigente de su partido, Jorge Emilio González, se vio obligado a pedir licencia, después del escándalo de corrupción que protagonizó-, fue la encargada de presentar el documento y aseguró que esa reforma "no tiene fuente de inspiración alguna y simplemente atiende a los reclamos sociales que exigen un verdadero compromiso de sus representantes populares".

Sin embargo, el rostro serio del presidente de la mesa directiva del Senado, Diego Fernández de Cevallos, pareció contradecir la afirmación de Larregui, ya que fueron las críticas y los cuestionamientos que el panista recibió por su doble papel de legislador y litigante y la controvertida demanda millonaria que ganó a la Secretaría de la Reforma Agraria, lo que obligó a pensar en la necesidad de una reforma que pusiera alto al tráfico de influencias y conflicto de intereses.

El anteproyecto de dictamen mencionado establece las incompatibilidades parlamentarias, con el propósito de que los legisladores no puedan llevar a cabo actividades profesionales que tengan que ver con cualquier relación con el Estado, ya sea como litigante, contratista, asesor o vendedor. "Ello es incompatible con el trabajo legislativo", precisó el senador Demetrio Sodi.

Explicó que en el anteproyecto de dictamen se establece la obligación de los legisladores de declarar su situación patrimonial, además de fiscalizar los recursos federales ejercidos por los grupos parlamentarios.

Otra parte relevante, dijo, es acotar el fuero, para lo cual se proponen cambios a fin de que esa inmunidad se pierda cuando un legislador pide licencia o comete un delito tipificado como grave. El propio Sodi indicó que ello va encaminado a que no haya impunidad, "como la que estamos viviendo ahora, en que muchos legisladores que fueron agarrados in fraganti, con todo y videos, siguen libres gracias al fuero".

El priísta Orlando Paredes precisó que se incluyen también modificaciones para hacer eficientes los trámites de la declaración de procedencia y juicio político. Se acortan los tiempos para resolver ambos procesos mediante la simplificación de reglas y reducción de plazos, "como parte del compromiso para combatir la corrupción en todos los espacios", detalló.