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México D.F. Viernes 10 de septiembre de 2004
CIUDAD PERDIDA
Miguel Angel Velázquez
Los abogados del poder federal
 Mañas e influyentismo de por medio
El cómplice Azuela
EMBERRINCHADO POR la maltratada que le dieron los legisladores, aunado al muy poco talento político del funcionario para esquivar los ataques, el secretario totalmente palacio, Santiago Creel, ni suda ni se acongoja porque el asunto serio que enfrenta -su posible destitución por haber rebasado los topes de gastos en la campaña por la jefatura de Gobierno de 2000- lo mantiene perfectamente planchado.
PRIMERO, PARA que nadie se llame a sorpresa, hay que decir que el señor Creel tiene a su servicio, según nos han informado, a Víctor Orduña, abogado panista incondicional del senador-litigante Diego Fernández de Cevallos.
ORDUÑA, QUIEN se ha desempeñado como legislador del Distrito Federal, será quien defienda a Creel y eso, es decir, las mañas y las influencias de estos abogados, significan, según los panistas, 50 por ciento de impunidad para el funcionario.
EL PORCENTAJE restante está en manos de la trinca infernal del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que deberá resolver el caso, cuyos integrantes son: el presidente Hermilo Herrejón y los magistrados Rodolfo Terrazas y Juan Martínez Veloz.
EL CASO es que los dos primeros, Herrejón y Terrazas, aseguran los panistas, son algo más que aliados de Creel. Ellos les llaman "subordinados" y por eso suponen que la semana entrante, cuando se reciba el caso por el Instituto Electoral del Distrito Federal, en el tribunal será desechado por alguna causa imputable, por ejemplo, al propio IEDF.
Y ES que en esto de las leyes y quienes las ejercen todavía habrá un largo trecho por recorrer, y si no, nada más hay que leer al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien seguramente por equivocación se llama Mariano Azuela.
ESTE MINISTRO, a ojos de todos -hay que leer bien sus últimos discursos, insisto- ha juzgado ya al jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y aunque nunca lo ha nombrado por su nombre, para cualquiera es claro que el juzgador se refiere al político tabasqueño.
SUS PALABRAS, además y por eso, han tratado de crear un ambiente público que supone a López Obrador un delincuente, situación totalmente alejada del juicio imparcial al que debería apegarse un hombre de tan alta investidura.
ES MAS, por ahí debería existir un buen jurista que dijera si la actitud de Azuela puede inhabilitarlo para conocer, jurídicamente, del asunto, puesto que antes de haberlo estudiado ya lo ha juzgado y ya tiene culpable.
CUANDO MENOS eso es lo que se dice en muchas partes, pero también las intervenciones de Azuela han hecho pensar, primero, que al ser el más importante juzgador del país sus discursos podrían influir en la decisión que tengan que tomar los diputados en el caso del desafuero, y después, que condicionen el voto de los otros ministros cuando el asunto llegue a manos de la Corte.
POR ESO, cuando el ex procurador de Justicia del DF, Samuel del Villar, calificó en uno de los artículos más claros sobre el asunto -La Jornada, 29 de agosto, mismo que ha sido retomado por algunos articulistas en días recientes- como un "golpe de Estado" el ejercicio de alguno de los órganos de gobierno en contra de López Obrador, por fin se ubicó en definitiva el camino que se ha dictado para impedir al jefe de Gobierno contender por la Presidencia de la República.
ESE, EL "golpe de Estado" que tan bien describe Del Villar, es, ni dudarlo, la pieza que hacía falta para explicar el método sucio e injusto que escogió este gobierno federal para crear el ámbito de "democracia" del que hace gala y en ello, como cómplice, aparece Azuela, el juzgador. šViva la democracia!
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