Piden a la Corte fallar con base en los documentos más recientes

Ejidatarios de Tultepec rechazan reapertura del expediente en que reclaman tierras

MATILDE PEREZ U.

Los ejidatarios de San Pedro Tultepec, encabezados por Remigio Gutiérrez Morales, pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no reabrir el expediente en el que reclaman se aplique la resolución presidencial de 1929 que les otorgó mil 936 hectáreas, sino que sólo revise la documentación enviada por el décimo tribunal colegiado en materia administrativa, para determinar si hubo contumacia del titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame, en torno a la negativa de entregar mil 426 de las hectáreas concedidas.

El grupo de cerca de 600 labriegos llegó ante las puertas de la SCJN a solicitar audiencia con la ministra Olga Sánchez Cordero. Por encontrarse ésta fuera del recinto, se citó a los campesinos para el próximo miércoles 22.

Sin embargo, allí se les informó que la ministra está estudiando el expediente y hasta ayer la SRA no había enviado ningún informe respecto al caso. En el momento en que entregue alguna documentación, de inmediato se les enviará notificación como involucrados, les dijeron.

Los campesinos, acompañados por su asesora jurídica, Bárbara Zamora, fueron insistentes en solicitar que no se vuelva a abrir un expediente sobre el caso.

A su vez, la SRA aseguró que acatará, conforme a derecho, todas y cada una de las resoluciones del Poder Judicial de la Federación. Negó que haya desacatado resoluciones jurídicas en los casos del poblado la Victoria, Nuevo León; Nicolás Bravo, Veracruz, y San Diego Suchitepec, estado de México.

Puntualizó que en el caso de La Victoria, municipio de Guadalupe, Nuevo León, la SCJN determinó que existía imposibilidad jurídica y material para cumplir en sus términos la ejecutoria.

La SRA era excusable de restituir las tierras, por lo que la propia Corte determinó que se llevara a cabo la erogación sustituta mediante el incidente de pago de daños No. 117/2001 de fecha 14 de noviembre del mismo año.

Respecto al caso de Nicolás Bravo, municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, afirmó que se cumplió, mediante el pago sustituto, la ejecutoria de amparo 388/95.

La institución señaló que pagó a los quejosos 49 millones 727 mil 450.92 pesos, lo que originó el acuerdo del 26 de agosto de 2004 de la juez primera de distrito en materia administrativa, quien tuvo por cumplida la ejecutoria por la secretaría.

En el caso de San Diego Suchitepec, municipio de Villa Victoria, estado de México, la obligación de pago derivó de un juicio agrario, no de la resolución del Poder Judicial de la Federación, y el avalúo lo realiza la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, expuso.