Cumplidas, 9 de las 10 demandas de los labriegos mazahuas: Cárdenas Jiménez

Admite la Semarnat que hay una partida para resarcir a afectados por el Cutzamala

CLAUDIA HERRERA BELTRAN, MATILDE PEREZ U. E ISRAEL DAVILA REPORTERAS Y CORRESPONSAL

El titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alberto Cárdenas Jiménez, afirmó que el gobierno federal aprobó una partida para indemnizar a los ejidatarios de Villa de Allende, estado de México, por los daños provocados a unas 300 hectáreas de cultivo en septiembre pasado, a causa de un derrame de la presa de Villa Victoria, y anunció que está dispuesto a atenderlos en cualquier momento; sin embargo, los campesinos se quejaron anoche de que no han recibido ninguna señal de diálogo de la dependencia.

Mientras el funcionario federal declaraba lo anterior, al menos 60 mujeres integrantes del Frente Mazahua por la Defensa de la Tierra y el Agua de Villa de Allende, armadas con machetes, piedras y palos, retornaron a la planta potabilizadora de Berros del Sistema Cutzamala. Cerraron la puerta principal del complejo hidráulico para impedir la entrada a vehículos, así como al personal que labora en esas instalaciones.

Advirtieron que volverán a impedir el acceso del cloro a las instalaciones hidráulicas que surten el líquido al Distrito Federal y su zona conurbada si las autoridades no resuelven su problema.

Entrevistado en la ciudad de México, Cárdenas Jiménez aseguró que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya resolvió nueve de los 10 puntos planteados por los ejidatarios y que sólo restaba acordar la entrega de la indemnización, cuyo monto no quiso precisar, porque ''la Conagua es la que lleva las negociaciones''.

A más de seis días de haber iniciado el conflicto, el funcionario aseguró que el gobierno federal está en vías de solucionarlo y que incluso él se ha ofrecido como intermediador. ''Estoy encantado de suspender cualquier actividad para atender este asunto", afirmó.

Esta postura fue confrontada por los campesinos. José Luis González, uno de los dirigentes del frente mazahua, explicó que no habían recibido ningún mensaje de la dependencia ni tenían conocimiento de las declaraciones del funcionario.

Los ejidatarios demandan que la Conagua les pague entre uno y 2 millones de pesos por la pérdida de la producción que provocó el derrame en la presa Villa Victoria, en septiembre de 2003, y la expropiación de 270 hectáreas de los ejidos San Martín, Dolores Vaquerías, San Pedro del Rincón, Jacal y Berros, así como la operación de un plan integral de desarrollo.

Cárdenas comentó, a pregunta expresa, que la guerra por el agua está ''desde hace rato'' y por eso la Semarnat solicitó más presupuesto, del orden de 5 mil millones de pesos adicionales.

En Toluca la Conagua reiteró el llamado a los labriegos para que retornen a la mesa de diálogo y les propuso la construcción de diversas obras de infraestructura en su municipio como compensación por los daños.

El director de construcción de la Conagua, Guillermo Villagómez, manifestó que desde febrero pasado han invertido unos 27 millones de pesos en la región para favorecer a miles de ciudadanos. Las obras que se han ejecutado, dijo, son para el abasto de agua potable y de rectificación de ríos.

Aclaró que las obras proyectadas se han retrasado por la oposición de los ejidatarios a que se realicen, ya que continuamente ''nos descomponen las máquinas o simplemente nos quitan con piedras''.

Aseveró que el abasto de agua a la Ciudad de México y su zona conurbada se encuentra garantizado y apuntó: ''no hace falta reforzar la seguridad ante las amenazas de los ejidatarios, ya que las instalaciones de la planta son de seguridad nacional y están resguardadas por el Ejército''.

La presidenta de Villa de Allende, Lilia Díaz, comentó que están efectuando un inventario de propiedades para determinar quiénes fueron afectados y cuántas parcelas fueron inundadas; sin embargo, aclaró que difícilmente se trata de las 300 hectáreas que reclaman los ejidatarios.