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México D.F. Jueves 23 de septiembre de 2004

En momentos en que el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, aseguraba ante senadores de la República que en lo que va de este año se ha producido en el país "el mayor aumento en número de trabajadores para un periodo similar en los pasados cuatro años", el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) informó que la tasa de desempleo abierto (TDA) pasó de 3.75 por ciento en julio a 4.35 por ciento en agosto, el nivel de desocupación más grave desde enero de 1997. Aunque uno y otro dato no son necesariamente contradictorios, el discurso oficial ha llegado a un grado extremo de disociación de la realidad. Cuando los propios indicadores económicos hablan de semejante retroceso, y cuando casi 2 millones de mexicanos carecen de trabajo en términos absolutos, y unos 8 millones se encuentran subempleados o en situación laboral crítica -trabajando, por ejemplo, más de 35 horas por semana y ganando menos del salario mínimo, o empleándose sin ninguna clase de prestación-, resulta poco pertinente, por decir lo menos, recurrir a los autoelogios por una presunta generación de plazas que no se ve en ninguna parte y que va a contrapelo de la percepción generalizada entre la población.

Se ha vuelto usual que el titular de Hacienda realice ejercicios de monólogo en sus comparecencias ante los integrantes del Congreso de la Unión. Ante los severos cuestionamientos de que suele ser objeto por parte de los legisladores, Gil Díaz opta por hacer como que no escucha a sus interlocutores y por no responderles. La falta de mecanismos institucionales de rendición de cuentas y de contrapeso a las acciones del Ejecutivo se hace más evidente que nunca cuando el secretario se limita a recitar, en sus reuniones con diputados y senadores, recuentos de logros económicos más bien imaginarios y cuando, ante críticas y demandas de precisiones, entra en una suerte de trance burocrático inexpugnable a los reclamos, a la sensibilidad política y al sentido común.

El blindaje sicológico y discursivo del funcionario federal a los señalamientos de fallas económicas precisas, evidentes e innegables puede resultar exasperante e irritante para sus interlocutores del momento, pero lo más grave es que refleja las posturas de un equipo gubernamental que parece haber tomado la decisión consciente de cerrar los ojos ante los problemas nacionales y de seguir congratulándose por el mérito de haber ganado, hace cuatro años, la Presidencia de la República. Por lo demás, el foxismo no parece estar interesado en gobernar sino, más bien, en conservar el gobierno. Con ello sólo se logra, paradójicamente, reducir las probabilidades de que la ciudadanía emita, en 2006, un mandato favorable a cualquier candidato surgido del entorno presidencial actual.

Más allá de la circunstancia presente, las actitudes de Gil Díaz deben arrojar luz sobre la actual inoperancia de los mecanismos de control del Legislativo sobre el Ejecutivo y sobre el riesgo de dejar los diseños y la aplicación de las políticas económicas exclusivamente en manos del segundo, con un margen de acción tan amplio y discrecional que resulta en una virtual impunidad. Debe pensarse en la creación de mecanismos que obliguen a los responsables del manejo de la economía asumir sus responsabilidades no sólo ante el Presidente de la República, sino también ante la ciudadanía y ante los millones de víctimas de sus determinaciones equivocadas. El Congreso debe tener, en materia económica, más atribuciones que las actuales, limitadas a descubrir irregularidades presupuestales en ejercicios anteriores y a escuchar monólogos fantasiosos y autocomplacientes, como el entonado ayer por el secretario de Hacienda.