El arreglo fue con gente de Gobernación: Roberto Aníbal, hermano del empresario

La devolución de bienes a Carlos Ahumada, pactada con el gobierno

JESUS ARANDA Y ALONSO URRUTIA

Las decisiones de la Procuraduría General de la República (PGR) de descongelar bienes de Carlos Ahumada Kurtz y el no ejercer acción penal en su contra, son parte de un convenio entre el gobierno federal y el empresario argentino para que éste "salga en diciembre a la calle".

Afirmó lo anterior Roberto Aníbal Ahumada Kurtz, hermano del empresario argentino, quien aseguró que "un alto funcionario de Bucareli" fue quien negoció con Carlos Ahumada para que éste lograra su libertad a cambio de "videos -incluso pornográficos-, grabaciones e información".

En entrevista desde Buenos Aires para el noticiario radiofónico que conduce Carmen Aristegui, Roberto Ahumada añadió que con las decisiones recientes de la PGR "se están dando exactamente los pasos" convenidos, y que precisamente su expulsión del país, ocurrida el pasado 18 de agosto -por no acreditar su estancia legal en México-, se llevó a cabo después de que su hermano así lo exigiera, aseguró.

Durante la extensa conversación, el hermano del propietario del Grupo Quart detalló la historia de las relaciones personales que le permitieron a Carlos -quien está en prisión acusado de defraudar más de 31 millones de pesos a la delegación Gustavo A. Madero- amasar su fortuna.

Detalló que un punto toral fue cuando conoció al entonces procurador del Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga, a quien su hermano le entregó un portafolio repleto de dinero cuando había sido detenido por funcionarios de migración por encontrarse ilegalmente en el país. De ahí, se convirtió prácticamente en el "hijo" del ex funcionario, lo que le abrió el camino para establecer una serie de relaciones que incluyeron al actual secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y al extinto gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu.

Para Roberto Ahumada, la red de complicidades que tejió su hermano a partir de su encuentro con Morales Lechuga le ha permitido actuar con total impunidad, evitar ser expulsado por el Instituto Nacional de Migración, regularizar su situación migratoria y finalmente, conseguir la nacionalidad mexicana en menos de un año.

Tras cuestionar su expulsión de México, pese a que había llegado a un acuerdo con la PGR para convertirse en testigo protegido -a cambio de aportar pruebas que vincularan a Carlos con el delito de lavado de dinero-, Roberto Aníbal dijo que su decisión de hablar con un medio de comunicación se debe a que él y su familia han sido amenazados por funcionarios "gubernamentales" para que no continúe con las acciones legales que le permitieran regresar a México.

La PGR niega las acusaciones

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) rechazó tajante que Carlos Ahumada y su hermano Roberto hayan sido "testigos protegidos" de la dependencia; sin embargo, la procuraduría aceptó que el segundo acudió ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para ofrecer información que demostraría que el dueño del Grupo Quart incurrió en el delito de lavado de dinero, información con la que pretendía influir para que se regularizara su situación migratoria y para que le fueran pagadas, además, deudas por más de 260 mil pesos.

El titular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, fijó la postura oficial y rechazó las acusaciones de Roberto Ahumada en el sentido de que el gobierno federal tuvo tratos con su hermano Carlos para actuar en contra del PRD. Sobre este tema, el subsecretario de Gobernación, Armando Salinas Torre, añadió que resulta evidente que lo que sucede es que hay una situación específica y un problema entre hermanos.

No obstante, Santiago Vasconcelos aceptó en entrevista que la dependencia le pagó a Roberto Ahumada alrededor de 10 mil pesos y le brindó protección porque "temía por su vida", es decir, fue un "testigo con protección".

El subprocurador comentó en entrevista que el hermano del empresario argentino se presentó el 9 de marzo de 2004 a ofrecer su testimonio -días antes había explotado el caso de los videos en los que el presidente del Grupo Quart aparecía entregando dinero a René Bejarano y Carlos Imaz-, y aseguró que tenía información que involucraba a Carlos en el delito de lavado de dinero.

Solicitó también convertirse en "testigo protegido", pero como la legislación prevé esa posibilidad sólo cuando tiene que ver con delincuencia organizada -lo cual no era el caso-, la dependencia no aceptó este ofrecimiento.

También quería que las autoridades le pagaran deudas que tenía con particulares -por una suma superior a los 100 mil pesos-, y con American Express -cerca de 160 mil pesos-, lo cual tampoco prosperó, porque la legislación no permite ese tipo de arreglos.

En cambio, la SIEDO sí le otorgó protección y le facilitó 10 mil pesos para la renta del lugar en el que vivía.

En lo que respecta a la situación migratoria, se le dijo que eso tenía que resolverlo con el Instituto Nacional de Migración, porque Roberto Ahumada se encontraba ilegalmente en México, ya que fue expulsado en 2001 luego de haber cumplido una sentencia de 11 años de cárcel por fraude.

A su vez, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Armando Salinas Torre, confirmó ayer la expulsión de Roberto Aníbal Ahumada Kurtz y de su hijo por haber ingresado de manera ilegal al país, engañando a la autoridad migratoria.