Horacio Labastida

López Obrador y su informe

El informe que el jefe de Gobierno rindió a la tercera Legislatura del Distrito Federal el pasado 17 de septiembre contiene líneas nodulares que le dan un perfil político muy señalado, en el grado en que tales lineamientos reflejan paradigmas de la república social que desde 1910, y señaladamente a partir de 1917, año en que fue sancionada nuestra Constitución, ha propiciado y exigido el pueblo.

El primero salta de inmediato por ser parte sustantiva de todo el cuarto Informe. Luego de la generalizada corrupción en que se vio envuelto el país durante el largo periodo (1834-55) en que Santa Anna ocupó la presidencia por elección, golpes de Estado y oscuras conveniencias durante más de ocho veces, corrupción reanudada en los 30 años porfiristas por la mayoría de los llamados científicos, hombres de enorme influencia relacionados con subsidiarias extranjeras, sin descontar buen número de altos funcionarios, la Revolución fue un radical movimiento a favor de la honestidad en el manejo de la cosa pública, y desde entonces esta categoría, tantas veces burlada, ocupa un primerísimo lugar en la conciencia moral de las generaciones libertarias. Y esta categoría es reflejada en el informe que comentamos, en las partes que dedica López Obrador a las cuentas de la administración y al manejo que se ha hecho de la deuda pública y de los ahorros destinados a los servicios sociales.

A pesar de los esfuerzos ideológicos de los intelectuales que acompañaron a Porfirio Díaz, orientados a presentarlo como un hombre seleccionado durante las luchas mexicanas para garantizar el cambio de la violencia militar a la sociedad civilizada e industrializada, de acuerdo con el organicismo social de Herber Spencer, los resultados fueron tan injustos para la población y el país que la revolución estalló conforme al llamado que hizo Francisco I. Madero en el Plan de San Luis Potosí (20 de noviembre de 1910), acontecimiento definitorio de las categorías del actual Estado. No se desconoció, pero se limitó la propiedad privada al otorgar a la nación la facultad de imponer las modalidades que requiriese el interés de todos y distribuirla en tres formas: la nacional, administrada por el Estado y promotora de crecimiento y desarrollo; la social, a favor de campesinos, obreros y clases medias, como medida reivindicativa de los despojos sufridos y garantizadora de un digno nivel de vida en las masas; y la privada, para la explotación empresarial hasta donde no afectara el interés general. Estas categorías son sustento material de la irrenunciable prosperidad nacional, barrenada por los porfiristas al entregar los recursos vitales a la inversión extranjera y transformar al aparato gubernamental en instrumento de esas trasnacionales. La respuesta revolucionaria fue rotunda. El país necesita impulsar el capitalismo nacional y garantizar que este capitalismo apuntale el desenvolvimiento económico y cultural del pueblo. República sí, dijeron los constituyentes de Querétaro, pero con contenido de bien social, que el Estado garantizaría fomentando por igual, con sus recursos y medidas, las utilidades empresariales y los salarios de los trabajadores. Entre 1910 y 1917, México decidió no dejar la suerte de las familias al engañoso juego de los mercados libres y para esto facultó la intervención del Estado en todas las áreas que requiriesen apoyo político de las autoridades. Aunque Zapata luchó por la entrega de la riqueza a los trabajadores -esto es lo que significa Tierra y Libertad-, los carrancistas detuvieron la marcha al socialismo y fomentaron así la visión de la república enmarcada en los artículos 3Ɔ, 27 y 123 de la Constitución.

El establecimiento de una república social justa y liberadora fue y es la idea central del pueblo mexicano, y esta idea central es la que confirma el informe de López Obrador. Además de la honestidad pública se refleja un gobierno respetuoso de la propiedad industrial, entregado a planes que en lo posible redistribuyen los ingresos por medio de programas de auxilio a sectores pobres y necesitados: viejos, mujeres abandonadas, niños de la calle, discapacitados, sin perjuicio del fuerte aliento que las medidas administrativas significan para el desarrollo de la ciudad, el crecimiento del empleo y el abatimiento de causas de delincuencia atribuibles al empobrecimiento y la miseria de amplios estratos sociales. Hay en el informe un vigoroso e innovador acento nacionalista no opuesto al aprovechamiento externo de la cultura y a la riqueza honesta de quienes han decidido contribuir al desenvolvimiento del Distrito Federal. Punto destacado es la Universidad de la Ciudad de México, sus facultades y escuelas preparatorias, junto con el personal administrativo que la guía en provecho del perfeccionamiento espiritual de la juventud. En breve tiempo se ha ganado un lugar selecto al lado de la UNAM, el IPN, la UAM y la Universidad Pedagógica. Nacionalismo económico y cultural, mejoramiento de las clases trabajadoras, atención a los necesitados y educación media y superior son aspectos del informe que identifican al gobierno de la ciudad con los más altos ideales del movimiento revolucionario de 1910 y de los luchadores que desde entonces tratan de realizar y no sólo soñar para México el arquetipo revolucionario del bien común. Desde que López Obrador dijo šno! al neoliberalismo que trata de arrastrarnos a una anodadante subordinación a extraños barones del dinero, logró identificar su administración con el ser del mexicano. Esto explica que al lado del no al neoliberalismo se escuche hoy por todos lados un enérgico šno al desafuero!