Los acusa de disponer ilegalmente de más de $34.5 millones del erario

PRD interpuso denuncia ante la PGR contra Serrano Limón y Gálvez Sánchez

En caso de que el líder de ultraderecha sea culpable no alcanzaría libertad bajo fianza

LAURA POY SOLANO

Diputados perredistas interpusieron ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de hechos por implicaciones con peculado contra el apoderado legal de Provida, Jorge Serrano Limón, y la vicepresidenta de esta organización, Rocío Gálvez Sánchez, a quienes responsabilizan del desvío de recursos públicos por más de 34.5 millones de pesos que presuntamente fueron empleados para la compra de artículos de lujo, tangas y pago de publicidad.

Martha Micher Camarena, integrante de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, informó que la próxima semana también interpondrá una denuncia contra Luis Pazos, actual director de Banobras y ex legislador panista, que en diciembre de 2002, cuando era presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, autorizó la entrega de 30 millones de pesos a Provida, disminuyendo los recursos públicos destinados a la lucha contra el VIH-sida.

La diputada perredista afirmó que los fideicomisos reciben más presupuesto social "que cualquier recurso aprobado por los legisladores, sin que nadie regule ni controle el destino del dinero que se entrega y si efectivamente se aplicó en el rubro aprobado", por lo que aseguró que iniciarán una revisión "a fondo" de todos los fideicomisos y sus reglas de operación.

Durante años, agregó, agrupaciones ultraconservadoras "se sirvieron con la cuchara grande, adjudicándose millones de pesos sin que nadie sepa qué hicieron con el dinero, pues los informes que están obligadas a presentar ante la Secretaría de Salud (Ssa) no cumplen con los requisitos mínimos y presentan varias irregularidades".

Acompañada de los legisladores perredistas Alfonso Ramírez Cuellar, Inti Muñoz, Francisco Saucedo y Omar Ortega, señaló que Provida deberá regresar los 34.5 millones de pesos que recibió en 2003, "en tanto se investiga el destino de los recursos que le fueron entregados desde 1999, por un monto superior a 60 millones de pesos, lo que significa que el desvío podría superar los 90 millones de pesos".

Francisco Saucedo agregó que la sanción por el delito de peculado es de 2 a 14 años de prisión y una multa superior a 500 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, "lo que significa que Serrano Limón no alcanzaría libertad bajo fianza". No obstante, los diputados perredistas reconocieron que luego de ratificar la denuncia el próximo 28 de septiembre, cuando presentarán todas las pruebas que sustentan su acusación, la PGR deberá iniciar las averiguaciones correspondientes, lo que podría significar una espera de más de tres meses para ver los primeros resultados.

Al respecto, Inti Muñoz, legislador perredista, exhortó al presidente Vicente Fox a que promulgue la Ley de Asistencia Social que fue aprobada por los legisladores, pues representa, aseguró, un primer paso para regular el destino de los donativos y recursos públicos que se entregan a diversas organizaciones civiles.