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México D.F. Sábado 25 de septiembre de 2004

Respaldan la decisión del jefe de Gobierno de romper el convenio fiscal si es aprobada

Convocarán diputados del PRD a parar la reforma educativa

Legisladores locales y federales prevén interponer recursos legales y quejas ante organismos de derechos humanos, así como impulsar una movilización ciudadana que incluya a los maestros

ROBERTO GARDUÑO, ANGEL BOLAÑOS Y JOSEFINA QUINTERO

Las fracciones del PRD en la Cámara de Diputados y en la Asamblea Legislativa respaldarán al mandatario capitalino, Andrés Manuel López Obrador, si decide desligarse del convenio fiscal con la Federación en caso de que PRI y PAN aprueben el dictamen de reforma al artículo 122 constitucional, por el cual se recortarían más de 9 mil millones de pesos al gobierno de la ciudad de México en el ramo educativo.

Los legisladores del PRD señalaron la posibilidad de presentar un amparo, una controversia constitucional y una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y en última instancia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para revertir el acuerdo entre priístas y panistas.

José Agustín Ortiz Pinchetti, Iván García Solís, Inti Muñoz y Dolores Padierna coincidieron en la idea de emprender una movilización ciudadana con el objetivo de revertir el dictamen, que será presentado ante el pleno camaral una vez que la Comisión del Distrito Federal en el recinto de San Lázaro la envíe a la mesa directiva. En tanto, los legisladores locales iniciarán una estrategia de defensa en la que buscarán involucrar a los trabajadores de la educación.

El diputado Ortiz Pinchetti adujo que esa modificación al artículo 122 significaría una merma de más de 15 por ciento al presupuesto total asignado a la capital del país, y por añadidura podría desencadenar "problemas sindicales gravísimos", al incluir una cláusula donde se establece "en forma inconstitucional la aberración de que un único sindicato encabece a los maestros en el Distrito Federal".

El también presidente de la Comisión del Distrito Federal señaló la ilegalidad del proceso de aprobación del dictamen para la reforma del artículo 122 constitucional, "porque se han violado todas las normas reglamentarias y los usos y costumbres de la Cámara de Diputados, al punto de que nos hemos visto obligados a presentar al titular de la mesa directiva de la Cámara, Manlio Fabio Beltrones, documentación donde se establecen todas las irregularidades cometidas, y le pedimos reponer el procedimiento".

Al referirse a las posibilidades legales de dar marcha atrás al dictamen, Ortiz Pinchetti informó que la controversia constitucional es uno de los elementos de los que se puede echar mano desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), instancia facultada para hacerlo.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Hacienda en la ALDF, Guadalupe Chavira, expuso que la reforma al artículo 122 es un doble golpe a la ciudad, porque afecta los programas sociales y a la educación, donde el gran ganador resultaría ser el estado de México, porque es al que beneficiaría el recorte al DF.

Señaló que la intención es descentralizar el sistema educativo, pero sin otorgar recursos extras. "Del presupuesto asignado a la ciudad tendría que salir el dinero para la educación, y uno de los gastos más grandes es la nómina de los trabajadores, principalmente de la Sección 9". Por ello, dijo que la estrategia que se propone en contra de la reforma es llamar a los maestros y a los habitantes de la ciudad a movilizarse, además de respaldar al jefe de Gobierno en caso de que decida romper el convenio de coordinación fiscal.

Dolores Padierna resaltó la necesidad de dar facultades al Gobierno del Distrito Federal en materia educativa, y que el ramo 25 del presupuesto federal, de donde provienen los recursos para la educación en la capital del país, se traslade a la administración local, "para que en 2005 esté presupuestado en 25 mil millones de pesos; entonces podremos hablar de equidad".

Por su parte, Iván García Solís advirtió que los perredistas no están dispuestos a tolerar esta "venganza contra el DF", e hizo un llamado a formar, escuela por escuela, comités de defensa de la educación pública, porque, dijo, va a ser unabatalla no sólo en el Congreso, sino también en las calles. El también presidente de la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias señaló los porqués "de las violaciones intrínsecas al artículo 122 constitucional". Explicó que dicha reforma "violenta la estructura legal vigente" en el artículo 44 constitucional, lo cual "es gravísimo".

En tanto, los diputados del Partido Verde Ecologista de México en la ALDF, luego de reunirse con López Obrador, anunciaron que formarán un frente con el gobierno capitalino en contra de la iniciativa de reformas al artículo 122 constitucional. Esto, a pesar de que los dos diputados federales de su partido, Jorge Legorreta y Fernando Espino, votaron en favor del dictamen.

Los asambleístas Bernardo de la Garza, Arturo Escobar y Antonio Arévalo ofrecieron una conferencia de prensa luego de la reunión con el jefe de Gobierno, donde señalaron que "vamos a hacer todo lo posible para que esta reforma no se dé", pues de quitarle a la ciudad alrededor de 9 mil millones de pesos afectaría seriamente la aplicación de la ley que su fracción promovió para otorgar becas a estudiantes de niveles medio superior y superior.

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