.. |
México D.F. Domingo 26 de septiembre de 2004
Ocultó datos sobre adecuaciones portuarias: ROGAZ
Enriquecen a particulares obras de SCT en Zihuatanejo
Afectados preparan protestas al paso de cruceristas
ROSA ROJAS
Como maniobra para favorecer a los empresarios del muelle privado Puerto Mío, denunció la Red de Organizaciones no Gubernamentales Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ) el hecho de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) haya "ocultado información" sobre las adecuaciones de seguridad que requiere el puerto guerrerense de Zihuatanejo, según establece el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (CIPBIP), a fin de que pueda seguir recibiendo cruceros internacionales como desde hace 35 años.
La ROGAZ advirtió que el inconcluso muelle de Puerto Mío tampoco cubre dichos requisitos, sin embargo la SCT y el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena), le otorgaron la certificación respectiva, por lo que al propiciar que los pasajeros de cruceros internacionales lleguen a ese puerto y no al muelle público, con lo que la población que depende de los turistas dejará de percibir los pocos ingresos que les llegaban, han generado un conflicto social. Así, pescadores, lancheros, comerciantes, taxistas, prestadores de servicios turísticos y ambientalistas de Zihuatanejo advirtieron que protestarán a la salida de los cruceristas que lleguen a Puerto Mío. El primer crucero de la temporada llegará el próximo el 30 de septiembre.
Erica Serrano, de ROGAZ, manifestó el temor de que personeros de los empresarios pudieran tratar de ocasionar problemas infiltrándose entre los manifestantes "para fabricarnos delitos y desarticular el movimiento. Nosotros somos gente pacífica", subrayó.
La crítica a la actuación de las citadas dependencias federales no es sólo de las organizaciones ambientalistas, de comerciantes, taxistas, pescadores y prestadores de servicios turísticos. De acuerdo con la prensa local, el cabildo del municipio de José Azueta (Zihuatanejo) acordó el pasado día 22, denunciar ante la Secretaría de la Función Pública a funcionarios de la SCT y Fidena "por omitir información" al gobierno municipal sobre las medidas de seguridad requeridas, lo que, dijeron, ha provocado un "conflicto social" por el cambio de terminal marítima.
El regidor de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Mauricio Cancino González, declaró a un diario local que el director general de Fidena, Gil Ubaldo Ramírez Martínez y el director general adjunto de Marina Mercante de la SCT, Raymundo Mata Contreras, admitieron que desde 2002 sabían que entraría en vigor el CIPBIP a partir de julio de este año y no se lo informaron a Zihuatanejo, ni le indicaron de las medidas que debían cumplir para lograr la certificación, y con dicho ocultamiento "favorecieron a Puerto Mío". El regidor perredista aseveró también que Puerto Mío "no reúne las condiciones de seguridad" necesarias.
Serrano Farías señaló que el día 21, en reunión con los funcionarios de Fidena y Marina Mercante de la SCT, los ambientalistas, prestadores de servicios y pescadores les hicieron notar que Puerto Mío no cumple con las normas del CIPBIP ya que en la zona del muelle inconcluso hay dos gasolineras, una en plena bahía -en terrenos que le ganaron al mar-, además de que los caminos de acceso son muy estrechos y con muchas pendientes, lo cual pone en riesgo la vida de los cruceristas.
Mencionó que en la reunión -en la que estuvo presente el presidente municipal de Azueta, quien dijo, favorece a Puerto Mío pese a que en su campaña ofreció derribar el espigón de dicha empresa- se le pidió a los funcionarios federales que explicaran por qué el muelle público no pasaba las especificaciones y en cambio habían certificado el muelle privado inconcluso con todo y las gasolineras y los problemas del camino. "Con la mano en la cintura nos contestaron que los expertos decían que no hay ningún problema y que además el gobierno mexicano ya tiene compromisos con las navieras para que sigan llegando".
Sobre las medidas para la certificación del muelle público, Serrano comentó que los funcionarios de la SCT "nos quieren presionar diciendo que si llegan los cruceros no van a poder trabajar los lancheros que hacen pesca deportiva, o los que transportan a la gente a la playa Las Gatas, los prestadores de servicios turísticos. Pero el CIPBIP no establece eso, la propuesta de la gente es que existiera un vallado para que por un lado entren los turistas de los cruceros y por otro esté trabajando la gente. El anexo 1, artículo 10 (del código) señala que nada de lo que dice el código se interpretara de manera contraria al debido respeto de los derechos, particularmente de los trabajadores del sector marítimo portuario", explicó.
Recordó la ambientalista que ROGAZ y otras organizaciones interpusieron desde diciembre de 2003, ante la PGR, una denuncia penal por delitos ambientales contra representantes de Puerto Mío, que se encuentra con el número de Averiguación Previa AP 107/UEIDAPLE/DA B2/2003, por las "conductas ilícitas que realizan en detrimento de los recursos naturales de la bahía de Zihuatanejo". Informó que hace unos días le enviaron una carta al titular de la PGR, Macedo de la Concha, solicitándole "que se realicen las diligencias tendientes a la acreditación del cuerpo del delito, que se deslinden responsabilidades derivadas de la denuncia y que se ordenen las medidas cautelares pertinentes como la suspensión de las obras del muelle de cruceros" que está construyendo Puerto Mío.
Denunció que hay una campaña de intimidación y difamación de funcionarios de Puerto Mío contra los opositores al muelle privado. "A mí me publicaron que me van a demandar por difamación... Tenemos miedo, porque como ya nos amenazaron (los de Puerto Mío) con la denuncia de que el día que llegue el crucero vamos a cometer delitos, eso nos está sonando a la intención de fabricarnos 'un cuatro' ese día. A Obdulia Balderas, maestra jubilada y comerciante, y Eligio Peñaloza, quien fue director de Desarrollo Urbano en el municipio y lo despidieron porque se opuso a darle autorizaciones ilegales a Puerto Mío, los han estado vigilando, gente vestida de civil: a uno en coche a la otra una persona fuera de su casa", indicó Serrano.
|