REPORTAJE /GUERRA SUCIA EN OAXACA

Loxichas: una sentencia puede revivir la esperanza de justicia

Las leyes sólo existen de palabra para nosotros, dice la viuda Estela Ramírez

Entra en la recta final el caso de Celerino Jiménez, asesinado por un policía en el contexto de la ofensiva contrainsurgente iniciada desde que Diódoro Carrasco gobernaba Oaxaca

BLANCHE PETRICH /I

Para los sobrevivientes de un crimen participar en una reconstrucción de hechos significa revivir una tragedia. Por eso, en la ranchería Los Limares, en la punta de una montaña de la Sierra Sur de Oaxaca, Severa García lloraba, se tapaba la cara con el rebozo, escondía lo poco de valor que posee, sus pedacitos de jabón, los cuadernos del nieto, los papeles de la familia. Prendía sus veladoras. Antes de la medianoche ya veía subir por la empinada vereda los primeros focos de la comitiva. Entre las sombras distinguió primero a los policías judiciales vestidos de negro, con las ametralladoras bien a la vista.

Severa es madre de Estela Ramírez García, quien quedó viuda a los 26 años. Su marido, Celerino Jiménez Almaraz, fue asesinado la noche del 24 de abril de 1997 por una partida de policías judiciales durante uno de los operativos policiaco-militares que dispuso el gobernador Diódoro Carrasco en el marco de lo que se reconoció como estrategia contrainsurgente contra presuntas células del Ejército Popular Revolucionario.

Esa etapa, desde 1996 hasta bien entrado el gobierno de José Murat, tuvo todos los rasgos de guerra sucia. En los Loxicha, donde se concentraron los golpes represivos, se establecieron Bases de Operación Mixta en varias comunidades; centenares de campesinos fueron apresados y torturados bajo la acusación de ser guerrilleros, miles fueron desplazados. Aun quedan 14 presos de aquellas batidas. Se reportan al menos 20 personas asesinadas. Seis casos fueron denunciados, pero solamente uno, el de Celerino, llegó a los tribunales, resistió presiones y amenazas, avanzó penosamente en el laberinto de un sistema penal corrupto y logró en octubre de 2001 el encarcelamiento del asesino, Lucio Esteban Vázquez, ex judicial y ex presidente municipal de San Agustín Loxicha, conocido pistolero y cacique local. Ahora el proceso llega a su recta final. Se espera que en un plazo no mayor de seis meses el juez segundo Jesús Hermes Maldonado dicte sentencia.

"Si lo sentencian -expresa Estela García- sería la primera vez que en Loxicha la palabra justicia tendrá algún sentido. Puede ser ejemplo de que vale la pena exigir, no sólo para Loxicha, sino para todo Oaxaca. Nunca vimos ninguna esperanza en los jueces, las leyes sólo existen de palabra para nosotros, no para aplicarlas. O más bien, sólo sirven para los que tienen dinero, no para los pobres."

Si, por el contrario, el juez no pronuncia la sentencia por homicidio, como esperan las organizaciones defensoras de derechos humanos, los pueblos loxichas no podrán cerrar el ciclo de duelo que se mantiene latente desde hace ocho años, explica la sicóloga Ita Vico Cruz, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, asignada para ofrecer apoyo profesional a la familia Ramírez. "Y tampoco podrán romper el silencio que aún los domina; no denuncian porque aun con el paso de los años los sobrevivientes siguen paralizados por el miedo. En casos así las víctimas pueden restaurar la pérdida mediante la justicia, de la reparación del daño, de que se reconozca el daño infligido. Por eso la aplicación de la ley en este caso es importante para toda una comunidad".

Bajo la lupa de la CIDH

Ante la presión de la mirada crítica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el año pasado aceptó adoptar la queja de Estela Ramírez contra el Estado mexicano por negar el ejercicio de la justicia a la víctima, la procuraduría de justicia estatal sostiene que Lucio Vázquez disparó en defensa propia contra Jiménez Almaraz durante un enfrentamiento con presuntos guerrilleros, que lo habían emboscado. Si este alegato es aceptado por el juez, Vázquez quedaría en libertad casi de inmediato.

Esta versión choca con la relación de hechos de Estela y su familia, que refieren que la noche del crimen el difunto y ella se encontraban visitando a sus padres en Los Limares y que fueron asaltados mientras dormían; que un grupo de uniformados armados entraron violentamente en la casa, rompiendo la puerta, levantaron del cabello a Celerino del petate y semidesnudo lo arrastraron al exterior. En el umbral de la casa se produjo el primer disparo y después muchos más. Al día siguiente el cadáver del campesino fue encontrado por Estela en la estación de policía de Pochutla con siete orificios de bala y huellas de brutales torturas en todo el cuerpo. La autopsia da fe de ello.

La reconstrucción de hechos del pasado 30 de agosto fue la última diligencia del proceso. Fue solicitada por la defensa de Estela -según explica su abogada, Adriana Carmona, de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos- para demostrar la falsedad de la versión que presentó la policía judicial estatal.

Hasta esa ranchería, en la punta de un cerro en plena cadena de la Sierra Madre, a dos kilómetros cuesta arriba de la carretera, acuden la juez de Miahuatlán María Eugenia López, una subprocudradora, el director de control de procesos, un fiscal especial, dos peritos de la procuraduría estatal, un comisionado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la jefa de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo y dos enviados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se desplazan en una oficina ambulante. Acuden también dos de los participantes en los hechos, el comandante de la Policía Ministerial Hugo Tomás Chávez y un agente, Pedro Vázquez, testigos de descargo del homicida, y el abogado de Lucio Vázquez, Miguel Angel Varela, con cuatro o cinco asistentes.

Este nutrido grupo se hace acompañar, "por protección", por cuatro caminonetas con ocho policías y algunos militares cada una. Cae la noche cuando la caravana de vehículos se estaciona en un claro e inicia el asenso a pie. También se transporta una máquina de escribir.

Ante ellos, Estela García deberá sostener su palabra para que su versión tenga valor probatorio ante los ojos del juez. No va sola. La acompañan solidariamente una docena de activistas de grupos de la sociedad civil, entre ellos Ofelia Medina, Begonia Lecumberri y Patricia Díaz Cañedo, de Loxicha SOS, enviados de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz y de Ojo de Agua Comunicaciones.