También presentará controversia constitucional contra el convenio fiscal: López Obrador

Recurrirá el GDF al amparo, si se aprueba la reforma educativa

En tal caso el gobierno capitalino buscaría cobrar IVA e ISR La Federación nos quiere transferir la enseñanza, pero al mismo tiempo mocharnos los recursos correspondientes, asevera

ANGEL BOLAÑOS Y JOSEFINA QUINTERO

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en caso de que PRI y PAN en la Cámara de Diputados aprueben la reforma al artículo 122 de la Constitución, que reduce 9 mil millones de pesos de los recursos federales destinados a educación básica en la ciudad -monto que tendría que ser aportado por la administración local con finanzas propias-, interpondrá un amparo, y advirtió que está dispuesto a promover una controversia constitucional contra el convenio de coordinación fiscal, que permite al gobierno federal centralizar el cobro de impuestos, de llegar a concretarse dicha "injusticia".

Al advertir que utilizará todos los medios legales en contra de dicha reforma, el mandatario capitalino dejó en claro que con ese último recurso no se trata de crear nuevos impuestos, sino de que el gobierno de la ciudad sea el que cobre el IVA y el ISR.

Tampoco sería el propósito de la controversia quedarse con todos los recursos que se recauden por ambos gravámenes; "estamos de acuerdo en que las entidades que tienen una mejor participación en el producto interno bruto apoyen a las que tienen menos desarrollo -eso es un sistema de justicia, así tiene que ser el federalismo-, pero no se puede aceptar que quieran quitar al DF lo que por derecho le corresponde", sentenció.

Previno que el gobierno federal, de manera malintencionada, pretende hacer creer que los recursos que destina al DF para educación son un subsidio, lo cual es "completamente falso"; recordó que en el sexenio de Ernesto Zedillo las entidades firmaron un convenio al descentralizarse el sistema educativo, y los recursos que manejaba la Secretaría de Educación Pública (SEP) en cada estado les fueron transferidos, lo que no ocurrió con la ciudad; "subsidio sería que nos hubieran transferido los recursos y que la SEP siguiera dando el servicio educativo. A nosotros nos quieren transferir las funciones y nos quieren mochar los recursos, y que compensemos lo que nos van a quitar con presupuesto que se está utilizando ahora para el Metro, para las obras públicas, para los servicios de la ciudad, y eso es totalmente injusto", agregó.

En tanto, el secretario de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Francisco Chiguil, elaboró un documento donde señala que la reforma al artículo 122 constitucional significaría retirar 8 mil 453 millones de pesos de participaciones federales al DF. El monto equivale al presupuesto actual de 11 delegaciones y más del doble de los recursos que los órganos autónomos de la ciudad tienen para operar sus programas, que ascienden a 4 mil 774 millones de pesos.

El recorte, señala el documento, tendría graves consecuencias en programas importantes de la administración local, como son procuración de justicia; fomento y desarrollo de la educación y el deporte; infraestructura ecológica, de transporte y urbanización; drenaje y tratamiento de aguas negras; regulación y prevención de la contaminación, y preservación de los recursos naturales.

De concretarse la iniciativa, significaría vulnerar los derechos políticos de los capitalinos y se erosionarían las finanzas públicas, señaló el diputado perredista en la presentación del informe.

Aclara que, pese a que se plantea la necesidad de descentralizar los servicios educativos, esto no puede hacerse sin los recursos necesarios; la misma Subsecretaría de Servicios Educativos para el DF ha reconocido que se requiere invertir no menos de 3 mil millones de pesos para abatir el rezago en infraestructura y el deterioro en que se encuentran 70 por ciento de los planteles.