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México D.F. Viernes 1 de octubre de 2004 |
Teotihuacán: ejemplo de insensibilidad
 La
construcción de un supermercado de la cadena trasnacional Wal-Mart
en un predio de dos hectáreas y media adyacente a la zona arqueológica
de Teotihuacán ha generado un malestar creciente entre habitantes
de San Juan Teotihuacán y activistas de otros movimientos de preservación
del patrimonio cultural, como el que trató inútilmente de
salvar de la destrucción el edificio del Casino de la Selva, en
Cuernavaca, demolido por la también trasnacional Costco para edificar
una tienda.
Las autoridades estatales y municipales, así como
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que opera
en el ámbito federal, afirman que no pueden impedir la construcción
del supermercado porque la corporación ha cumplido, para tal efecto,
con todos los requisitos que establecen las leyes y cuenta con los permisos
correspondientes. Más aún, el INAH sostiene que es sumamente
improbable la existencia de vestigios arqueológicos significativos
en el subsuelo del terreno sobre el cual se levanta ya la obra negra del
centro comercial.
Resulta dudoso que la edificación de un supermercado
a 3 mil metros del corazón de la antigua ciudad prehispánica
sea compatible con el espíritu de las disposiciones legales vigentes
en materia de preservación del patrimonio arqueológico e
histórico del país, por más que la construcción
referida respete en sentido estricto la letra de esas leyes. Y si así
fuera, el caso debiera ameritar una modificación de las normas para
evitar que vuelvan a perpetrarse atrocidades semejantes.
Pero incluso si la edificación del supermercado
fuera legal, tendría que admitirse que los tres niveles de gobierno
han actuado, en este caso, con una benevolencia y una amplitud de criterio
a todas luces inusuales, como podría atestiguarlo, por ejemplo,
cualquier propietario que intente realizar modificaciones en la fachada
de una casa de principios del siglo pasado ubicada en barrios cercanos
al Centro Histórico de la ciudad de México. Así pues,
el episodio comentado confirma esa tendencia en boga entre las autoridades
nacionales de justificarse en la "vigencia del estado de derecho" para
aplicar la ley con dobles raseros y criterios discrecionales.
Igualmente preocupante es la patente falta de voluntad
política para preservar los bienes culturales de la nación
-y de la humanidad, en este caso- o, peor aún, la persistente obsesión
por reducir al mínimo el patrimonio de México -el histórico,
el artístico, el energético- para dar gusto a los dogmas
del Consenso de Washington y a los intereses comerciales y financieros
trasnacionales.
Por último, la permisividad gubernamental disfrazada
de respeto a las leyes pone de manifiesto en este caso la creciente insensibilidad
de los altos funcionarios de los tres niveles de gobierno para con la integridad
y la dignidad de las comunidades que constituyen buena parte del tejido
social del país. Esa insensibilidad ha desembocado en conflictos
sociales como los de Tepoztlán y San Salvador Atenco, por mencionar
sólo dos de los más conocidos, y ha sido determinante en
la incapacidad para superar a plenitud la fractura evidenciada por la rebelión
de los pueblos indígenas de Chiapas hace 10 años.
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